Farías Laguna y la cúpula del huachicol: la red de contrabando que terminó en el Altiplano

Detrás de los muros del Altiplano conviven hoy criminales de perfiles tan distintos como peligrosos. La prisión más vigilada de México no solo retiene a jefes de cárteles y sicarios, sino también a un vicealmirante, un capitán de navío y un exgobernador panista, todos procesados por su presunta participación en la mayor red de huachicol fiscal jamás desmantelada en el país.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de haber introducido combustible desde Texas mediante documentación falsa, maniobrado cuentas bancarias por miles de millones de pesos y colocado personal afín en aduanas marítimas estratégicas entre 2023 y 2025 para facilitar el pase.

La transformación es innegable: el penal de Almoloya de Juárez ya no solo es símbolo de la lucha contra el narco, sino el reflejo de un país donde el crimen evoluciona, se infiltra en las instituciones y desafía la seguridad nacional desde dentro del propio sistema.

Lo que fue un bastión para encerrar a capos legendarios, hoy revela una nueva batalla estatal: la del fraude de cuello blanco que se esconde tras cargos públicos y expedientes bancarios.

En los siguientes bloques se presentan los perfiles de quienes, acusados de huachicol fiscal, protagonizan esta nueva etapa de la criminalidad en México. Sus historias marcan el pulso de un fenómeno que redefine la seguridad nacional.

Ernesto Ruffo Appel: el primer gobernador de oposición acusado de contrabando de combustible

Ernesto Guillermo Ruffo Appel, nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, fue el primer gobernador de oposición reconocido oficialmente en México al asumir la gubernatura de Baja California el 1 de noviembre de 1989 bajo las siglas del PAN, tras más de 60 años de administraciones priistas en los estados. La FGR lo detuvo el 16 de julio de 2026 en Ensenada y lo trasladó al Altiplano.

La fiscal general Ernestina Godoy describió el caso como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”. La organización presuntamente liderada por Ruffo Appel introdujo gasolina y diésel desde Texas con declaraciones aduanales que reportaban apenas el 10% del volumen real transportado, con un daño al fisco estimado en más de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.

La red operó a través de Ingemar, empresa de la que Ruffo Appel es accionista mayoritario, mediante 162 carros tanque de ferrocarril y 4 mil 238 operaciones de importación irregular. La FGR detectó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas bancarias y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de USD con un esquema de cuentas puente hacia empresas extranjeras.

Una jueza lo vinculó a proceso el 23 de julio de 2026 por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, tras una audiencia de más de 30 horas. Antes de la gubernatura, Ruffo Appel fue presidente municipal de Ensenada de 1986 a 1989; después ejerció como senador de la República de 2012 a 2018 y como diputado federal de 2018 a 2021.

Los hermanos Farías Laguna y la red “Los Primos”

El funcionario de mayor rango detenido por huachicol fiscal en el sexenio actual es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, segundo en la escala jerárquica de la Secretaría de Marina (Semar). La FGR lo detuvo el 2 de septiembre de 2025 en Salina Cruz, Oaxaca, y lo trasladó al Altiplano, donde permanece en prisión preventiva por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Las indagatorias de la FGR señalan que Farías Laguna encabezó el grupo denominado “Los Primos”, una red que permitió el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustible de contrabando a las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2023 y 2025, mediante documentación falsa para evadir impuestos. El esquema incluyó la colocación de personal afín en aduanas marítimas y la falsificación de documentos para declarar hidrocarburos como otros productos.

Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Desde el Altiplano envió cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las que rechazó ser “chivo expiatorio” del caso y señaló que los verdaderos responsables se encuentran entre integrantes de Morena; Sheinbaum respondió públicamente el 12 de junio de 2026 que el vicealmirante “tiene responsabilidad” en la trama.

El quebranto al fisco federal derivado del esquema fue estimado en 600 mil millones de pesos por Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en octubre de 2025. Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, donde ingresó con un pasaporte guatemalteco falso. Ahora se encuentra en el Altiplano, luego de una audiencia en su contra que lo vinculó a proceso.

Humberto Enrique López Arellano y Clímaco Aldape Utrera: los capitanes de las aduanas

El capitán de navío Humberto Enrique López Arellano, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas de la Semar, permanece en el Altiplano acusado de simular revisiones a buques cargados con combustible y de obtener ingresos por más de 13 millones de pesos entre 2020 y 2024. La FGR lo vinculó a proceso en septiembre de 2025 dentro de la causa penal 325/2025, la misma que involucra a los hermanos Farías Laguna.

En junio de 2026, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México le negó un amparo contra la prisión preventiva. Su defensa presentó un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aún no se resuelve.

El capitán de la Marina Clímaco Aldape Utrera enfrenta proceso en la misma causa de huachicol fiscal. El mismo juzgado que negó el amparo a López Arellano rechazó también el recurso de Aldape Utrera, por lo que ambos permanecen en prisión preventiva mientras avanzan los procedimientos judiciales.

El Altiplano como espejo del crimen de cuello blanco

La composición actual del Altiplano ilustra un cambio en las prioridades de investigación federal. El penal que durante los años noventa y dos mil concentró a narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, Joaquín “El Chapo” Guzmán y los hermanos Treviño Morales, alberga hoy a empresarios, exfuncionarios, militares y presuntos operadores de redes financieras vinculadas al contrabando de hidrocarburos.

El huachicol fiscal se distingue del huachicol tradicional —el robo físico de combustible de ductos— porque opera mediante esquemas documentales: importaciones subdeclaradas, empresas fachada, cuentas puente y personal colocado en aduanas para validar operaciones irregulares. El daño al erario no proviene del robo directo, sino de la evasión sistemática de impuestos sobre volúmenes masivos de combustible.

La transformación de la población del Altiplano no implica que el penal haya dejado de recibir mandos del crimen organizado violento. La coexistencia entre un vicealmirante procesado por fraude aduanero y un líder regional del CJNG acusado de homicidio refleja, en cambio, que las investigaciones federales abarcan simultáneamente dos expresiones distintas del poder criminal en México.