Abejas muertas y agua contaminada por plaguicidas: la lucha de 6 años de las comunidades mayas en Campeche que discutió la Corte

En el municipio de Hopelchén, en Campeche, la devastación de la selva maya y la contaminación del agua por plaguicidas culminaron en una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se les reconoció el derecho a un medio ambiente sano, a agua limpia y a priorizar la salud.

El pasado 26 de agosto, el máximo tribunal concedió un amparo a las 17 comunidades mayas que llevaban meses pidiendo protección frente a la grave contaminación del agua por pesticidas provenientes de la producción agroindustrial que abarca la Península de Yucatán.

El fallo de la Corte reconoce que el agua de Hopelchén contiene residuos de plaguicidas en niveles peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Las autoridades ambientales federales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), están ahora obligadas a implementar medidas como el monitoreo permanente del agua y la garantía de acceso a agua limpia para las comunidades.

La sentencia incluye el monitoreo de todos los plaguicidas detectados, no solo glifosato, y exige la creación de un sistema de información ambiental abierto a la población.

Las comunidades mayas: años de lucha y denuncia ante la contaminación

El municipio de Hopelchén, en Campeche, ha sido afectado por la producción agroindustrial desde hace varios años, la cual está destruyendo la selva maya y contaminando el gran acuífero que abarca toda la Península de Yucatán. Así lo han establecido las comunidades y organizaciones medioambientales como Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).

Desde hace varios años, las comunidades mayas de Hopelchén observaron la desaparición de abejas, el cambio en el sabor y color del agua, y alteraciones en la flora y fauna tradicionales. Las familias detectaron mortandad de insectos y enfermedades inusuales entre las personas. Ante la falta de respuesta oficial, encargaron análisis independientes que confirmaron la presencia de plaguicidas en pozos comunitarios, cenotes y en los organismos de los propios habitantes.

Las denuncias de los pobladores incluyeron la omisión de las autoridades para monitorear la calidad del agua y la ausencia de información pública sobre los riesgos ambientales. Las comunidades acusaron que las autoridades ignoraron su derecho constitucional al acceso a agua suficiente, salubre y asequible, así como a la información ambiental. Exigieron el cese de la contaminación y la reparación de los daños causados por el modelo agroindustrial.

Cronología: el largo camino legal de las comunidades de Hopelchén

La batalla de las comunidades mayas de Hopelchén contra la contaminación del agua por plaguicidas inició en diciembre de 2020. En ese mes, 17 comunidades presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Campeche, alegando la violación de sus derechos al agua, la salud y el medio ambiente sano. El proceso arrancó con la entrega de informes y peritajes que documentaban la presencia de sustancias tóxicas en pozos y cenotes utilizados para el consumo humano.

Durante 2021, los pobladores aportaron peritajes en materia de plaguicidas y calidad del agua, así como alegatos sobre la omisión de las autoridades para vigilar y regular el uso de agroquímicos. En marzo de 2023 se presentó un peritaje oficial sobre toxicología de plaguicidas, y en marzo de 2024 se entregó el peritaje oficial en materia de calidad del agua.

La audiencia constitucional ocurrió en abril de 2024. En junio de ese año, el juzgado local dictó sentencia en contra de los derechos de las comunidades, negando la protección federal y sin analizar a fondo los argumentos sobre daños ambientales y riesgos a la salud. Ante ese revés, las comunidades interpusieron un recurso de revisión en julio de 2024, buscando que el caso llegara a instancias superiores.

En enero de 2025, el recurso fue admitido y, en abril, la ministra María Estela Ríos González de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó la facultad de atracción. En mayo de 2025, la Corte determinó atraer el asunto y, en septiembre, el caso fue turnado de forma definitiva a la ministra Ríos González.

La resolución llegó tras años de litigio, análisis técnico y denuncias públicas. La sentencia de la Corte, emitida de manera unánime, obliga a las autoridades a implementar un monitoreo permanente de la calidad del agua, garantizar el acceso a agua limpia y diseñar políticas públicas para la protección de la salud y el medio ambiente en Hopelchén.

Las comunidades mayas han defendido su territorio y sus derechos ancestrales durante años. El fallo representa una victoria frente al modelo extractivista que ha dañado la selva, el agua y la salud de los habitantes. Más de 56,000 firmas respaldaron la demanda en plataformas ciudadanas.

La decisión obliga a las autoridades a actuar y a garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano y el acceso seguro al agua. La sentencia, sustentada en principios legales y científicos, constituye uno de los hitos recientes en la defensa ambiental y los derechos colectivos indígenas en México.