
Los anfitriones de Airbnb, Booking.com y Vrbo en la Ciudad de México tienen hasta diciembre de 2026 para registrar sus inmuebles en el padrón oficial de estancias turísticas eventuales, o no podrán seguir operando en las plataformas.
El Gobierno capitalino amplió el plazo original, que había vencido el 20 de junio, ante el volumen de solicitudes y una oleada de amparos legales. La prórroga fue anunciada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), que justificó la extensión de cuatro meses por “el volumen de peticiones y la multiplicidad de situaciones particulares vinculadas a las propiedades”.
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El trámite se realiza en el portal estanciaeventual.cdmx.gob.mx, disponible las 24 horas, y requiere identificación oficial, RFC y documentos que acrediten la propiedad o posesión legal del inmueble.
Video Informativo PUEC/UNAM Redes sociales
Qué implica el registro y qué restricciones siguen vigentes

El Registro de Plataformas y Anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales fue lanzado el 21 de mayo con un plazo inicial de 30 días. La ampliación modifica la fecha límite, pero no elimina ninguna de las obligaciones establecidas en la Ley de Turismo local, reformada en octubre de 2024.
Esa normativa fija un tope de 183 noches al año para el arrendamiento turístico eventual. Quienes destinen más de tres inmuebles a esta modalidad deben constituirse como establecimientos mercantiles. Las plataformas, por su parte, están obligadas a reportar los inmuebles que ofrecen y el número de noches ocupadas, y modifican actualmente sus sistemas para incorporar los folios de registro.
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Pese a que la ley lleva casi dos años vigente, el tope de noches no se ha podido aplicar en la práctica por la ausencia de un padrón y mecanismos de control efectivos.
El origen de la regulación: dos años de reformas
La regulación que hoy obliga a los anfitriones a registrarse es el resultado de un proceso legislativo que arrancó en 2024. En abril de ese año, el entonces jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama impulsó una primera reforma a la Ley de Turismo local que introdujo por primera vez los conceptos de “estancia turística eventual” y “anfitrión”, y creó el Padrón de Anfitriones con un límite inicial de 255 noches anuales —cerca del 70% del año.
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El 2 de octubre de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un segundo paquete de reformas con 49 votos a favor, seis en contra y nueve abstenciones. Ese dictamen redujo el tope a 183 noches y modificó simultáneamente la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral de la capital. La normativa entró en vigor el 15 de octubre de 2024.
Qué prohíbe la ley y por qué se aprobó

Además del tope de noches, la reforma prohíbe registrar en plataformas de alojamiento temporal los inmuebles construidos como vivienda social y aquellos reconstruidos con recursos públicos tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Los propietarios que superen el límite no podrán renovar su registro y deberán esperar un año para volver a ofrecerlo.
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El argumento central del legislador César Emilio Guijosa Hernández, de Morena, fue que la medida “propone una solución integral para mitigar la gentrificación, principalmente a través de la regulación del turismo digital”. La diputada Olivia Garza de los Santos, del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó que la iniciativa no busca favorecer la vivienda ni combatir la gentrificación, sino poner un tope a los alojamientos de Airbnb para beneficiar al sector hotelero.
El trasfondo: desplazamiento y presión sobre la vivienda
La regulación responde a años de presión sobre el mercado habitacional de la capital. Según datos de Inside Airbnb, en nueve meses se perdieron 336 viviendas de renta tradicional solo en la alcaldía Cuauhtémoc, destinadas al alojamiento de corta estancia. El precio promedio de una renta breve casi triplica el de una convencional: la relación entre ambas modalidades es de 280%, según datos cruzados de Inmuebles24 e Inside Airbnb.
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La CDMX concentra más de 31,000 estancias en Airbnb, de las cuales 20,719 son departamentos o casas completas y 9,951 son habitaciones privadas. El 26.44% de esa oferta se agrupa en solo siete colonias —Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte, Condesa e Hipódromo, entre otras—, todas cercanas al Centro Histórico. El precio promedio de un departamento de dos recámaras y 65 metros cuadrados ronda los 3.6 millones de pesos en venta y 21,921 pesos al mes en renta, de acuerdo con el Index de Inmuebles24 actualizado a junio de 2026.
Cientos de amparos cuestionan la regulación
La prórroga se produce en medio de una resistencia legal organizada. El colectivo Todos Somos Anfitriones promovió, a través de diversos despachos, cientos de recursos contra el registro, el tope de 183 noches y la obligación de constituirse como establecimiento mercantil.
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Según declaró la organización al medio La Silla Rota, los amparos interpuestos contra las normativas ascienden a varios cientos. Un anfitrión que gestiona 11 inmuebles en la capital explicó que recurrió a esa vía “para poder seguir trabajando todo el año”.
La organización Pequeños Anfitriones de la Ciudad de México exigió a las autoridades reevaluar el límite de noches, y afirmó en un comunicado que muchos de sus integrantes dependen de la actividad para cubrir gastos básicos como hipotecas y colegiaturas. La propia plataforma Airbnb presentó un amparo contra la reforma, al considerar que el límite del 50% de noches “es una medida injustificada con efectos anticompetitivos”.
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La empresa argumentó que alrededor del 80% de sus anfitriones en la ciudad comparten un solo espacio y que el 53% indicó que los ingresos obtenidos les han permitido mantenerse en sus hogares.
La postura de Brugada ante el conflicto

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, abrió la puerta al diálogo con los anfitriones, aunque con reservas. “Nunca nos cerramos a platicar, estaremos platicando con ellos. Hay también otros vecinos que se oponen a esto. Tenemos ahí sectores que opinan de manera distinta, hay que estar valorando antes de tomar cualquier decisión”, declaró.
La Comunidad de Pequeños Anfitriones había rechazado en conferencia de prensa el límite de noches y exhortado al gobierno capitalino a establecer mesas de trabajo para eliminarlo, sin haber recibido respuesta hasta ese momento. Brugada reconoció que la ley vigente establece el tope, pero dejó abierta la posibilidad de revisarlo mediante el diálogo con todos los sectores involucrados.
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