
Un mexicano que vivía en Minneapolis y trabajaba en una compañía remesadora del mismo estado fue detenido el pasado 24 de agosto por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) acusado de haber lavado al menos 750 mil dólares para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más peligrosas a nivel internacional, designada como terrorista por EEUU.
Se trata de Christopher Bravo Marín, de 46 años, quien presuntamente usó su puesto en la compañía de remesas para mover dinero del narcotráfico hacia líderes del cártel en México durante casi tres años. Enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, con una pena máxima de 20 años de prisión.
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Este 25 de agosto compareció ante un juez estadounidense, derivado de cargos presentados en su contra apenas el 20 de agosto. Cabe señalar que las autoridades estadounidenses no revelaron en qué entidad financiera trabajaba el ahora detenido.
Bravo habría usado su cargo en la remesadora para evitar los controles antilavado de EEUU
Según la acusación, desde febrero de 2023 hasta al menos febrero de 2026, Christopher Bravo habría operado como enlace financiero de una célula del CJNG en Minnesota. Las autoridades señalan que él conocía a fondo las políticas de cumplimiento de la empresa y las usó en su contra para ocultar el origen ilícito del dinero que movía.

Presuntamente fraccionó cada envío en transferencias de menos de mil dólares, el umbral a partir del cual la empresa estaba obligada a verificar la identidad del cliente. Además, habría registrado remitentes ficticios con nombres de origen hispano y canalizó los recursos hacia operadores criminales en México cuyos datos le entregaban los propios integrantes del CJNG.
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Las autoridades detallaron que Bravo habría falsificado la firma del supuesto remitente en el comprobante de pago y mandado capturas de pantalla por mensaje de texto a sus cómplices para que el dinero pudiera ser cobrado en México.
El CJNG le habría pagado entre 40 y 50 dólares por cada transferencia ilícita.
Tres funcionarios federales coincidieron en señalar el papel de los intermediarios financieros en las operaciones del CJNG
El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió este 25 de agosto las declaraciones de los funcionarios que llevaron el caso.
“Este acusado abusó de su cargo en una institución financiera para ayudar al cártel CJNG a lavar dinero proveniente de la venta de drogas y enviarlo de regreso a México”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal. Duva subrayó que los cárteles dependen de intermediarios financieros para garantizar que sus líderes reciban las ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos.
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El fiscal federal Daniel N. Rosen, del Distrito de Minnesota, señaló que Bravo fortaleció una infraestructura criminal al canalizar cientos de miles de dólares hacia la cúpula del cártel. El agente especial a cargo Travis Pickard, de HSI de St. Paul, destacó que la coordinación entre agencias permite desarticular redes que “ponen en riesgo a las personas de nuestras comunidades a diario”.
La investigación se enmarcó en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creada por la Orden Ejecutiva 14159 para combatir cárteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan en Estados Unidos.
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Las remesas, el canal que el CJNG habría usado para mover dinero del narcotráfico
Las remesas son transferencias de dinero que personas residentes en otro país envían a sus familias en su nación de origen, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En el caso de México, se trata principalmente de los envíos que hacen los mexicanos radicados en Estados Unidos y Canadá, un canal que la acusación contra Bravo describe como el vehículo mediante el cual el CJNG habría movido sus ganancias del narcotráfico.

Entre los factores que determinan cuánto recibirá el beneficiario están la comisión por envío, el tipo de cambio, el tiempo de entrega y los límites máximos por transferencia. Precisamente ese tope fue el que Bravo habría explotado al fraccionar los envíos en montos de menos de mil dólares para evitar que la empresa verificara la identidad de los remitentes, o sea, las personas que mandan el dinero a México.
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