Suman tres mil elementos en Mazatlán en áreas urbanas y turísticas por guerra entre Los Mayos y Los Chapitos

Mil efectivos militares se sumaron este miércoles a los operativos de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, para reforzar la presencia del Estado en zonas urbanas, rurales y turísticas del puerto. La alcaldesa interina Minerva Osuna Zavala informó el despliegue durante la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz, en el marco de una crisis de violencia que lleva casi dos años sin resolverse en el estado.

La funcionaria detalló que estos nuevos elementos se integran al despliegue de más de 300 integrantes de la Guardia Nacional, quienes ya operan en puntos estratégicos, tanto en sectores urbanos como en las áreas de mayor afluencia turística. El enfoque, según Osuna Zavala, es reforzar la autoridad en la vía pública y disuadir delitos de alto impacto, de acuerdo con la Jornada.

La estrategia contempla aumentar la vigilancia y presencia en las calles, con la finalidad de mejorar la percepción de seguridad entre residentes y visitantes. Las autoridades apuestan a que el incremento de personal oficial derive en una reducción de hechos violentos y brinde mayor confianza a quienes llegan al destino turístico.

El arribo se produce sobre el trasfondo de una guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa que estalló el 9 de septiembre de 2024, cuando el traslado forzado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos desató un enfrentamiento abierto entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos.

La detención de Fausto Corrales y el caso que sacudió a Sinaloa

El primer avance procesal concreto en ese caso llegó este miércoles, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Fausto Corrales Rodríguez en la colonia Granada de la Ciudad de México. Los cargos son encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

Corrales Rodríguez es hijo del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Víctor Antonio Corrales Burgueño. El 25 de julio de 2024 acompañó a Cuén Ojeda al rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, donde la FGR sitúa tanto el asesinato del exrector como el secuestro de Zambada.

La primera versión del caso la proporcionó el propio Corrales: declaró ante la Fiscalía estatal que Cuén Ojeda fue atacado por dos hombres en motocicleta en una gasolinera de La Presita. Esa versión se derrumbó por múltiples inconsistencias: el video presentado como prueba carecía de sonido, los empleados del lugar no escucharon disparos y el cuerpo presentaba cuatro heridas de bala, mientras la grabación mostraba solo un disparo.

Los peritajes en la finca Huertos del Pedregal hallaron manchas de sangre de Cuén Ojeda en el inmueble. La FGR determinó que se trató de un montaje y descalificó las actuaciones de la entonces fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez, quien presentó su renuncia el 16 de agosto de 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó la detención de Corrales como relevante y confirmó que la investigación continúa. La FGR reservó el expediente hasta 2031 bajo el argumento de que su divulgación representa un “riesgo real” para la seguridad nacional.

El reclutamiento de colombianos en el sur de Sinaloa

Mientras la justicia avanza en Ciudad de México, los operativos en el sur de Sinaloa revelan otra dimensión de la crisis: el reclutamiento de ciudadanos colombianos con formación militar por parte de grupos del crimen organizado. El caso más reciente ocurrió el 11 de agosto en Concordia, donde las autoridades detuvieron a 10 personas, 7 de ellas colombianas, presuntamente integrantes del Cártel de Sinaloa.

En ese operativo se aseguró un inmueble, 10 armas largas, 60 cargadores, cartuchos de distintos calibres, equipo táctico y 420 dosis de metanfetamina. El patrón se repite desde meses atrás: en abril, un operativo en un hotel de El Rosario permitió detener a 12 hombres, 7 de ellos colombianos, junto a un arsenal que incluía una ametralladora, seis fusiles M4 calibre .223 y cinco fusiles AK-47.

El entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, alertó desde 2025 sobre este fenómeno tras la captura de 17 personas en Los Reyes, Michoacán, de las cuales 12 eran colombianas. Mediante intercambio de información con Colombia, se estableció que 9 de los detenidos eran exmilitares. Los gobiernos de México y Colombia activaron mecanismos conjuntos para frenar ese reclutamiento.

La violencia en Mazatlán y el caso de Carlos Emilio Galván

El 6 de julio, un enfrentamiento entre elementos de la Marina y presuntos integrantes de Los Chapitos en San Marcos, Mazatlán, dejó un militar muerto y 10 presuntos agresores abatidos. Entre los tres detenidos tras el choque había un ciudadano colombiano de 25 años, Stiven Alberto Camacho.

La violencia en esa zona ha provocado el desplazamiento de familias en comunidades cercanas a la presa Picachos. La franja turística del puerto, en tanto, carga con otra herida abierta: la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, ocurrida la madrugada del 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentino de la Zona Dorada.

Investigaciones del periodista Luis Chaparro, publicadas en Pie de Nota, señalan a Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán, como responsable de las desapariciones en esa zona. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra el 9 de junio de 2025 por encabezar una red de tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y secuestros.

La madre del joven, Brenda Valenzuela, lleva diez meses en esa búsqueda y enfrenta además una batalla legal contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que litiga en tribunales para no cubrir los gastos de transporte y hospedaje que la Ley General de Víctimas le obliga a garantizar. “Cada día que la CEAV pasa litigando contra mí es un tiempo valioso que me roban para lograr nuestro reencuentro”, escribió Valenzuela en sus redes sociales.