PAN denuncia a Marina del Pilar ante FGR tras sanciones de EEUU a su exesposo

Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron este lunes 5 de octubre una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presuntos delitos que, aseguran, se habrían cometido durante su administración.

El diputado César Damián Retes presentó el documento acompañado por los diputados federales Eva María Vázquez, Federico Döring y Jorge Triana, y exigió que la mandataria se separe del cargo para enfrentar las investigaciones.

¿Qué delitos se mencionan?

Los reportes difieren en el listado. Brújula News consigna asociación delictuosa, colusión de servidores públicos y lavado de dinero. El Norte refiere delincuencia organizada, traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Se trata de señalamientos de los denunciantes. Hasta la publicación de esta nota no se localizó un pronunciamiento de la FGR sobre el trámite de la denuncia.

Vida Orgánica, el punto central

Retes indicó que una de las principales evidencias involucra a la empresa Vida Orgánica, de la cual la gobernadora donó sus acciones hace unos días y en la que presuntamente habría recibido sumas importantes mientras era accionista. Según el legislador, el caso apunta a una red de empresas por la que funcionarios estatales habrían desviado recursos públicos.

Días antes, la presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, dijo que la gobernadora formó parte de esa sociedad hasta septiembre y que la empresa fue incluida entre las sancionadas. Retes afirmó que acudían a ayudar a la fiscalía, “haciéndole el trabajo”.

El antecedente: sanciones del Tesoro de EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas que vincula con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados está Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora.

• La OFAC lo ubica como presunto operador político relacionado con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, a quien señala como líder de “Los Rusos” en Mexicali.
• También fue sancionado su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Torres y de otros señalados, entre ellos Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
• El Tesoro precisó que las sanciones buscan un cambio de conducta y que los sancionados pueden solicitar su retiro de la lista.
• El Norte publicó que el exesposo de la gobernadora niega nexos criminales.

Lo que ha dicho Marina del Pilar

La gobernadora aclaró que no figura entre las personas sancionadas por la OFAC y que su relación con Torres se limita a temas relacionados con el bienestar de su hijo. También ha negado que existan investigaciones en su contra en Estados Unidos.

El 2 de octubre informó que ordenó revisar a las empresas de la lista de la OFAC: si se confirma algún contrato, se cancelará y serán vetadas. Dijo además que los señalamientos no afectan el funcionamiento de su gobierno. No se localizó una postura suya sobre esta denuncia en específico.

La ruta del PAN: denuncia y juicio político

El 30 de septiembre, los diputados locales Diego Echeverría, Alejandrina Corral y Mayola Gaona anunciaron una denuncia de hechos ante la FGR contra Carlos Torres, Luis Alfonso Torres y Pedro Ariel Mendívil, además de quien resulte responsable. Corral la fundamentó en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que obliga a denunciar la probable comisión de un delito.

Echeverría explicó que el PAN también impulsará un juicio político a través de sus diputados federales, porque reformas locales retiraron al Congreso de Baja California la facultad de procesar al titular del Ejecutivo estatal.

El antecedente no es nuevo. En mayo de 2025, tras reportes sobre la revocación de su visa, la diputada Eva María Vásquez exigió que solicitara licencia para una investigación imparcial.

¿Qué sigue?

Una denuncia no implica culpabilidad ni acredita responsabilidad penal. Corresponde a la FGR determinar si abre una indagatoria. La información sobre sanciones y contratos sigue en desarrollo.