El Gobierno de México homologa y simplifica sus trámites oficiales en los 32 estados

Realizar cualquier trámite ante el gobierno suele ser una experiencia larga y complicada para millones de personas en México, por lo que representantes de los 32 estados firmaron el Pacto Nacional para la Simplificación y Digitalización de Trámites.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) coordina la implementación de nuevas reglas que facilitarán la vida cotidiana de la ciudadanía.

Pensando en quienes necesitan acceder de forma más fácil a servicios como salud, educación, empleo o financiamiento, autoridades de todo el país han decidido unir esfuerzos para simplificar y digitalizar los trámites más comunes.

Este compromiso busca que cada paso ante oficinas públicas sea más rápido y sencillo, sin importar en qué estado o municipio se viva.

¿Cómo se logrará la simplificación y digitalización de los trámites?

El modelo nacional establece una estrategia en tres componentes principales:

• Homologación de trámites y servicios: Se busca que todos los procesos tengan estándares comunes en cuanto a requisitos, tiempos y procedimientos, haciendo que las gestiones sean similares aunque dependan de diferentes autoridades.
• Compartición de tecnología pública: Los gobiernos podrán utilizar soluciones tecnológicas desarrolladas por otras instituciones, evitando que cada uno tenga que resolver por separado los mismos problemas tecnológicos.
• Desarrollo de capacidades públicas: Se fortalecerán las habilidades y recursos de los servidores públicos para mantener y mejorar los nuevos sistemas, asegurando que la digitalización y simplificación sean sostenibles en el tiempo.
• Entre los instrumentos clave destacan el Portafolio Nacional de Soluciones Tecnológicas y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, donde se resguardará el código fuente de las herramientas digitales usadas por gobiernos.

La meta es que los trámites estatales y municipales estén organizados bajo un mismo catálogo y sigan procesos similares, eliminando obstáculos innecesarios y aprovechando la tecnología para que cualquier persona pueda acceder fácilmente a los servicios y derechos que le corresponden.

En qué estados aplicará esta homologación de trámites

Entre el 18 y el 21 de agosto, representantes de las 32 entidades del país y de cientos de municipios firmaron este pacto nacional.

Se comprometieron a trabajar juntos bajo un modelo que no quita autonomía a los gobiernos locales, pero sí exige que colaboren compartiendo herramientas tecnológicas y soluciones ya probadas en otros lugares.

El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que “detrás de cada trámite existe el ejercicio de un derecho”, y que reducir pasos o requisitos innecesarios ayuda a que más personas puedan acceder de forma más sencilla a la salud, la educación, el empleo y la certeza jurídica.

La estrategia se basa en homologar y digitalizar al menos 300 trámites estatales y 100 municipales.

Esto significa que, aunque las gestiones pertenezcan a diferentes autoridades, todas deberán seguir estándares similares para atender a quienes las solicitan.

El Catálogo Único de Trámites y el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios son los instrumentos principales para este cambio.

Qué beneficios obtiene la población con la homologación de trámites

La meta es que, sin importar el lugar donde viva una persona o la oficina ante la que acuda, el proceso para ejercer sus derechos y recibir servicios sea cada vez más sencillo y accesible.

• Un catálogo único de trámites
• Menos requisitos
• Menos tiempo de resolución
• Ahorros para las personas
• Cierra espacios de corrupción
• Incentiva la economía
• Pone al centro los derechos de las personas

Destacan el Portafolio Nacional de Soluciones Tecnológicas y el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, donde se resguardará el código fuente de las herramientas digitales creadas por el sector público.

Mientras la ATDT lidera, define y supervisa, las autoridades estatales y municipales serán responsables de aplicar y adaptar estos cambios en su día a día.

Con este acuerdo, el gobierno busca que la relación entre la ciudadanía y las instituciones deje de ser una carga y se transforme en una vía rápida para acceder a lo que por ley corresponde a cada persona.