
El Pacto Nacional para la simplificación de trámites municipales marca un cambio sustancial para los habitantes de municipios del norte de México: desde ahora, la resolución de gestiones cotidianas contará con reglas homogéneas en todo el país.
Esta medida surge tras la firma del acuerdo entre autoridades locales y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el cual impulsa la adopción de un catálogo único con 100 trámites estandarizados y la aplicación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Por primera vez, los ciudadanos podrán acceder a los mismos trámites bajo idénticos requisitos y tiempos de respuesta, sin importar el municipio donde residan.

Qué significa para la población el homologar los trámites
El objetivo es reducir la disparidad administrativa y, al mismo tiempo, acelerar la digitalización de los servicios públicos.
Según datos oficiales, de los casi 6 mil trámites municipales detectados, aproximadamente mil 800 han sido ya eliminados en el proceso de simplificación, y el resto será sujeto a homologación conforme avance la implementación de la ley.
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“La simplificación no concluye con el diseño de las soluciones; la ejecución verdadera es una prioridad para el equipo”, afirmó José Peña Merino, titular de la ATDT, al destacar que la unificación de criterios permitirá que una misma solución tecnológica sea utilizada en múltiples municipios.

El funcionario también subrayó: “Cuando distintos municipios tienen los mismos requisitos para un mismo trámite, una misma solución tecnológica puede ponerse a disposición de todos, reduciendo costos y tiempos de implementación”.
Plataformas tecnológicas y recursos para los municipios
Para facilitar la transición, la ATDT pondrá a disposición de los gobiernos locales una serie de herramientas y servicios de apoyo.
Entre ellos, destaca la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, que permite a los municipios gestionar trámites empresariales desde un solo sitio, así como la Plataforma Nacional del Registro Civil para la renovación de trámites de identidad.
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Estas plataformas ya operan en varios municipios que han decidido incorporarse.

Los municipios tendrán acceso a la Escuela Pública de Código, que ofrece formación especializada en desarrollo y tecnología.
También podrán utilizar el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, que “permite reutilizar soluciones desarrolladas para atender necesidades comunes”, y la Fábrica de Software, donde se desarrollan herramientas digitales para los gobiernos locales.
Modelo de gobernanza y acompañamiento institucional
La gobernanza del nuevo esquema estará a cargo de la ATDT, junto con autoridades estatales y municipales.
Cada estado nombrará un coordinador por municipio para asegurar el seguimiento y la correcta implementación de la ley.
La coordinadora nacional de Transformación Digital, Crystel Arellano, explicó:
“El esquema contempla un modelo de gobernanza con participación de los tres niveles de gobierno: la ATDT como autoridad nacional, las autoridades estatales y los gobiernos municipales”.
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Cómo se realiza esta homologación

El proceso contempla la entrega de un catálogo con 100 trámites estandarizados y el instrumento jurídico correspondiente, así como el acompañamiento técnico para que cada municipio se adapte a la nueva normativa.
- Capacitación a personal municipal: Se impartirá formación especializada a través de la Escuela Pública de Código y se ofrecerá asistencia para el desarrollo de capacidades técnicas, normativas e infraestructura.
- Uso del Repositorio Nacional de Tecnología Pública: Los gobiernos locales tendrán la posibilidad de reutilizar soluciones tecnológicas ya desarrolladas, adaptándolas a sus necesidades específicas.
- Desarrollo de herramientas digitales en la Fábrica de Software: Se generarán nuevas herramientas tecnológicas para facilitar la digitalización y reducir los costos de implementación.
“La Coordinación Nacional de Transformación Digital brindará acompañamiento para que los gobiernos municipales desarrollen las capacidades técnicas, normativas y de infraestructura necesarias para implementar las disposiciones de la ley”, puntualizó Arellano.

El acuerdo firmado busca que la simplificación administrativa se traduzca en gestiones más sencillas, servicios digitales accesibles y una reducción de los costos para los gobiernos.
El resultado esperado es una experiencia más ágil para los ciudadanos que requieran realizar trámites ante las autoridades municipales, consolidando así un paso decisivo hacia la modernización de los servicios públicos en México.
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