Clausuran verificentro en Xochimilco por “irregularidades” en las pruebas a automovilistas

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX clausuró de forma temporal y total el Centro de Verificación con clave XO-78 en Xochimilco tras detectar irregularidades en pruebas del Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB), de acuerdo con la dependencia. La medida se mantiene mientras se sustancia el procedimiento administrativo ambiental correspondiente, según la Secretaría.

Según la Sedema, la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) identificó por videograbación, a través del CIVAR, una “conducta atípica” durante las pruebas SDB: la utilización de un dispositivo externo no autorizado por la autoridad ambiental. El comunicado no especificó qué tipo de artefacto encontró.

De acuerdo con las autoridades, la conducta apareció en dos procesos de verificación de vehículos distintos. Tras un análisis técnico coordinado con la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), la Sedema encontró “irregularidades” determinó que los registros de ambas pruebas no corresponden a la información generada por los vehículos y son consistentes con un dispositivo capaz de simular datos del sistema electrónico.

Con esos elementos, personal de la DGIVA realizó una visita domiciliaria ordinaria al verificentro el pasado 19 de agosto de 2026, según la dependencia.

Sedema sostuvo que lo constatado compromete la certeza e integridad de los resultados de verificación vehicular y contraviene el artículo 255 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México y el 25 del Reglamento en materia de verificación vehicular.

Fiscalía estatal destapa una red de extorsión contra verificentros del Edomex

La FGJEM destapó una red de extorsión contra verificentros del Edomex que, según la investigación, operó desde octubre de 2023 con cobros ilegales, bloqueos remotos a la plataforma de hologramas y amenazas para forzar pagos; el esquema ya habría obtenido dinero de concesionarios y buscaba recaudar más de 430 millones de pesos adicionales antes de noviembre de 2026.

Informaron las autoridades mexiquenses que Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto de 2026 y vinculados a proceso el 16 de agosto. Al primero se le procesa por extorsión agravada y al segundo por abuso de autoridad; ambos permanecen en prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

El objetivo económico que describió la indagatoria parte de una exigencia de 500 mil pesos por cada línea de verificación. En el Estado de México hay 878 líneas activas distribuidas en 163 verificentros, de acuerdo con el directorio de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, por lo que el monto reclamado rebasaría 430 millones de pesos sin contar las cuotas mensuales previas.

La red habría impuesto cuotas mensuales y un cobro “retroactivo”

Según la investigación ministerial, el 23 de diciembre de 2023, Raúl “N”, entonces director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, reunió en un restaurante de la CDMX a dueños, encargados y administradores de verificentros.

En entrevistas recabadas por la Fiscalía, el funcionario habría planteado a los asistentes: “A partir de hoy hay una nueva forma de trabajar y cada verificentro tiene que pagar 200 mil pesos mensuales para seguir operando, aun y cuando cuenten con sus documentos en regla”.

Bajo esa presión, algunos concesionarios aceptaron cuotas de entre 30 y 100 mil pesos mensuales, calculadas según el volumen de verificaciones de cada centro. En febrero de 2024, Raúl “N” y otros sujetos habrían vuelto a contactar a las víctimas para exigir un pago extra al que llamaron “retroactivo”: 162 mil 500 pesos por verificentro.

Ese cobro, según el expediente, se justificaba con el argumento de que los habían dejado operar sin contratiempos de octubre a diciembre de 2023. La investigación sostuvo que el temor a perder concesiones o enfrentar bloqueos operativos fue el mecanismo para imponer los pagos.

La Fiscalía reprodujo además una amenaza enviada a una de las víctimas: “A ver hijo de tu p… madre esto lo vas a entender muy bien, si es que aprecias tu vida y la de tu familia”. El mensaje condicionaba el pago a la seguridad de la persona amenazada y de sus familiares.

Entre el 10 y el 14 de agosto de 2026, la FGJEM aseguró cinco verificentros: dos en Nezahualcóyotl y los otros en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla. También realizó cateos en oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente en Tlalnepantla y Metepec, donde aseguró diversos indicios.

La detención de los dos imputados fue realizada por elementos de la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. El Código Penal del Estado de México prevé hasta 70 años de prisión por extorsión y hasta nueve por abuso de autoridad.