El Senado de la República inició este 18 de agosto las mesas de diálogo para analizar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que plantea crear una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
El objetivo central es establecer reglas comunes en todo México para prevenir, investigar y sancionar este delito, además de garantizar atención y reparación para las víctimas y sus familias.
Las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera convocaron a legisladores, especialistas, académicos, autoridades, organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas.
En total, las comisiones recibieron 796 propuestas relacionadas con los 62 artículos y 12 transitorios de la iniciativa.
Feminicidio: la propuesta busca terminar con diferencias entre estados
Uno de los principales puntos de la iniciativa es homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas.
Actualmente existen diferencias en la manera en que los estados definen y sancionan este delito, situación que, de acuerdo con participantes del foro, puede generar obstáculos durante las investigaciones y favorecer la impunidad.
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La propuesta también contempla penas de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes.
Entre ellas se consideran circunstancias como que la víctima estuviera embarazada, tuviera alguna discapacidad o fuera defensora de derechos humanos.
Además, plantea que la investigación de una muerte violenta de una mujer se realice inicialmente bajo perspectiva de género y con criterios relacionados con el feminicidio, con el propósito de evitar que posibles casos sean descartados desde el comienzo.
¿Qué plantea la iniciativa de ley?
- Homologar el delito de feminicidio y sus agravantes en todo el país.
- Establecer penas de 50 a 70 años de prisión.
- Reforzar la prevención y la identificación temprana de riesgos.
- Mejorar las órdenes de protección y la respuesta ante desapariciones.
- Crear un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
- Establecer responsabilidades para autoridades que incurran en omisiones o negligencias.
Prevención e investigación, el otro reto frente al feminicidio
Durante las mesas, legisladores y especialistas coincidieron en que aumentar las penas no será suficiente para combatir la violencia feminicida.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que la actuación del Estado debe comenzar antes de que ocurra el asesinato, mediante mecanismos de prevención, detección de riesgos y atención inmediata de denuncias.
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En ese sentido, representantes de la Fiscalía General de la República y ONU Mujeres señalaron la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres.
También plantearon mejorar la coordinación, capacitar al personal y garantizar recursos para que las nuevas obligaciones puedan cumplirse.
Orfandad por feminicidio entra en el proyecto nacional
Otro de los componentes destacados es la creación de un registro nacional para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa de un feminicidio. La propuesta contempla medidas integrales para su protección, atención y acceso a derechos.
El planteamiento busca atender a las víctimas indirectas, un sector que, de acuerdo con participantes del diálogo, ha enfrentado durante años vacíos institucionales y dificultades para recibir acompañamiento.
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Homologar la ley también implica desafíos para los estados
La iniciativa enfrenta, sin embargo, retos importantes. Uno de ellos será armonizar las disposiciones nacionales sin invadir las competencias de las entidades federativas.
La vicepresidenta del Senado, Verónica Noemí Camino Farjat, señaló que la coordinación entre autoridades será fundamental para evitar que las diferencias legales permitan evadir responsabilidades.
También existen áreas de oportunidad dentro del propio proyecto. Javier Corral reconoció que, aunque la propuesta representa avances, algunos aspectos requieren revisión para evitar incertidumbres jurídicas y garantizar que la legislación sea aplicable en la realidad.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que desde enero de 2015 hasta julio de 2026 se han registrado más de 37,000 mujeres víctimas de muertes violentas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Las mesas de diálogo servirán para incorporar propuestas al dictamen. La iniciativa será discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones y, en caso de avanzar en el Senado, continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
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