
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respaldó la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que quienes tengan vínculos con actividades delictivas deben asumir las consecuencias de sus actos.
Maru Campos habla sobre la visa de Andy López Beltrán
Durante un encuentro con medios de comunicación, la mandataria estatal fue cuestionada sobre la cancelación del documento migratorio y sobre si existe alguna investigación contra López Beltrán.
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Campos respondió que la situación no representa, desde su perspectiva, un hecho aislado y afirmó que las personas que se relacionan con el crimen organizado “juegan con fuego”. Además, señaló que una visa estadounidense debe entenderse como un privilegio y no como un derecho.
“Ellos jugaron con fuego y se quemaron, entonces creo que tienen que asumir las responsabilidades”, declaró la gobernadora.
La panista agregó que su administración continuará promoviendo gobiernos alejados de cualquier relación con organizaciones criminales y que mantendrá como prioridad la protección de las familias.
Gobernadora de Chihuahua cuestiona vínculos con crimen organizado
Campos aprovechó el tema para recordar una propuesta impulsada recientemente por legisladores del PAN, con la que buscaban establecer restricciones para evitar que candidatos a cargos de elección popular en 2027 tuvieran vínculos o injerencia del crimen organizado.
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De acuerdo con la gobernadora, esa iniciativa fue rechazada por Morena.
A partir de ello, insistió en la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan garantizar que quienes ocupen responsabilidades públicas permanezcan alejados de actividades ilícitas.

Sus declaraciones se suman al debate político generado después de que se conociera la revocación de la visa de López Beltrán, cuya explicación oficial no ha sido difundida públicamente.
PAN exige revelar por qué Estados Unidos retiró la visa
Mientras Campos respaldó la medida, el PAN exigió que se esclarezcan las causas que llevaron al gobierno estadounidense a cancelar la visa del hijo del expresidente.
El dirigente nacional del partido, Jorge Romero, pidió que se haga pública la información relacionada con la decisión y rechazó que se trate de un asunto menor.
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Entre los principales planteamientos del PAN se encuentran:
- Conocer las razones específicas de la revocación de la visa.
- Que López Beltrán haga público el documento mediante el cual fue notificado.
- Solicitar una revisión del caso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Pedir a la Fiscalía General de la República que analice posibles elementos para una investigación.
- Aclarar los señalamientos que han relacionado al político con presuntas redes vinculadas al llamado huachicol fiscal.
Romero también acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de proteger a López Beltrán al señalar que no existe una investigación en su contra.
El dirigente panista sostuvo que Acción Nacional presentó denuncias desde años anteriores y afirmó que el nombre del hijo del expresidente habría aparecido en documentos relacionados con investigaciones sobre tráfico ilegal de combustible.
Andy López Beltrán califica la medida como política
La controversia aumentó después de que López Beltrán confirmara la revocación de su visa y difundiera una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el documento, calificó la decisión como una acción de carácter político y propagandístico.
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El caso también provocó una reacción de Claudia Sheinbaum, quien sostuvo que una visa no determina el valor de una persona y advirtió que determinadas decisiones del gobierno estadounidense podrían interpretarse como actos de injerencia.
Hasta ahora, no se ha difundido públicamente una explicación oficial de Estados Unidos sobre las causas concretas de la cancelación del documento migratorio.
Visa de Andy abre nuevo frente entre Morena y oposición
La revocación se convirtió así en un nuevo punto de confrontación entre Morena y el PAN.
Mientras la oposición demanda conocer las razones de la decisión y plantea revisar posibles vínculos financieros o delictivos, el gobierno federal ha evitado asumir que la medida implique por sí misma la existencia de una investigación penal.
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En este contexto, Maru Campos defendió la actuación de Estados Unidos y reiteró que quienes estén relacionados con actividades criminales deben responder por sus decisiones.
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