Durante el 2025, los índices de homicidios en México presentaron una reducción sin precedentes, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP). Después de casi diez años, las estadísticas oficiales reportan una baja sostenida en la violencia letal, lo que podría interpretarse como un avance relevante en materia de seguridad.
No obstante, especialistas advierten que detrás de este descenso existen anomalías y discrepancias que requieren una revisión minuciosa.
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El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO) destaca que la reducción acelerada en los registros administrativos debe ser considerada con cautela. Aunque al cierre preliminar de 2025 se contabilizan 27,989 homicidios (equivalente a una tasa de 21.4 por cada 100,000 habitantes, contra 25.8 en 2024), el análisis de la IBERO advierte que la tendencia a la baja no necesariamente refleja una disminución real de la violencia, sino posibles inconsistencias en la captación y registro de los casos.
Brechas y contradicciones en los datos de homicidio
El contraste entre los registros administrativos revela diferencias relevantes entre lo reportado por INEGI y lo contabilizado por las fiscalías estatales a través del SESNSP. En 2024, el INEGI documentó 8.5% más homicidios que las fiscalías, y para el 2025 la brecha se amplió al 15%, equivalente a aproximadamente 3 mil 600 defunciones no reflejadas en las carpetas de investigación.
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Estas discrepancias se concentran en estados con las reducciones más pronunciadas, como Quintana Roo y San Luis Potosí, donde por cada víctima registrada en carpetas de investigación, existen hasta siete defunciones por homicidio certificadas.
La diferencia entre fuentes podría indicar la existencia de homicidios que las fiscalías no están documentando, sobre todo en entidades con brechas amplias. Además, el periodismo local ha señalado omisiones y reclasificaciones en los registros de muertes violentas, especialmente en lugares como Sinaloa, donde la violencia ha aumentado. Los expertos señalan que el análisis riguroso de estas divergencias y la explicación pública de su origen son condiciones indispensables para fortalecer la confianza en los datos oficiales.
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El informe destaca que la reducción observada en los certificados de defunción es menor a la reportada en los registros ministeriales. Por ello, la IBERO urge a que las instituciones responsables de generar los registros ofrezcan explicaciones detalladas sobre los movimientos y cambios en las cifras, para evitar interpretaciones erróneas sobre la verdadera magnitud de la violencia letal.
Cambios en categorías y retos para la política pública
Mientras la tasa de homicidio doloso baja, otras categorías relacionadas, como el homicidio culposo con arma de fuego, arma blanca u otros elementos, registran un aumento significativo. Entre el primer semestre de 2024 y el de 2026, este delito creció 37%, pasando de 1,166 a 1,598 víctimas. El caso más notorio es el homicidio culposo con arma de fuego, que casi se quintuplicó en el periodo analizado, con focos en Guanajuato y Quintana Roo.
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El análisis revela que los cambios en los registros, como la separación de tentativas y la reclasificación de modalidades, afectan la comparabilidad de los datos año con año. Por ejemplo, el nuevo catálogo del RNID en 2026 rompe la continuidad estadística y excluye “otros delitos que atentan contra la vida”, lo que dificulta la interpretación de tendencias y el diseño de políticas públicas efectivas.
La IBERO recomienda una revisión integral de los registros, con estándares internacionales y criterios comunes para garantizar información confiable y transparente. Entre las medidas propuestas destacan:
- Estandarizar los registros
- Desagregar datos por tipo de violencia
- Fortalecer la rendición de cuentas
- Privilegiar la prevención basada en evidencia
Además, los expertos insisten en la necesidad de auditorías independientes, coordinación interinstitucional y articulación permanente entre academia, sociedad civil y autoridades para construir una política de seguridad fundada en derechos humanos e inclusión.
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