Rector de la UNAM advierte: democracia sin base científica abre paso al autoritarismo

Durante un conversatorio organizado en torno al libro La brecha entre saber y hacer: democracias más fuertes con políticas más efectivas, del escritor Joan Subirats, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomeí, consideró que la democracia enfrenta riesgos cuando se debilita la influencia de la ciencia en las decisiones públicas.

El rector cuestionó el rumbo de sistemas democráticos que, en lugar de apoyarse en conocimiento validado, permiten que la desinformación y los intereses ajenos a la evidencia determinen el curso de la política. En este escenario, alertó, se abre la puerta a formas de autoritarismo que se presentan como respuestas simples a problemas complejos. Una democracia que promete y no cumple pierde legitimidad, consideró durante su intervención vía remota.

Estas declaraciones surgen en torno a la publicación del libro que aborda la relación entre la política y la ciencia, pero también en medio de luchas ambientales que actualmente se están realizando para frenar proyectos, como la planta de amoniaco en Topolobampo, así como la intención del gobierno federal de realizar fracking en el país y la oposición de diversas comunidades en México.

Ciencia, democracia y políticas públicas: un reto de articulación

El rector de la máxima casa de estudios destacó que el reto no es solo producir más ciencia, sino crear condiciones institucionales y culturales para que el conocimiento científico circule como insumo relevante en el espacio público. Enfatizó que, frente a alternativas autoritarias, la democracia debe demostrar que puede tomar decisiones fundadas y resultado de procesos deliberativos e inclusivos.

Subrayó que nunca se había producido tanta ciencia ni se habían publicado tantos datos y modelos predictivos. Sin embargo, la desinformación y la manipulación de datos selectivos alcanzan niveles inéditos, fenómeno que calificó de inquietante. La autoridad epistémica de la ciencia, remarcó, es cuestionada precisamente cuando más necesaria resulta su guía.

Durante el conversatorio, Joan Subirats y Julia Carabias, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM e integrante de El Colegio Nacional, argumentaron que la producción científica no se traduce automáticamente en mejores decisiones públicas. El crecimiento de la ciencia no ha resuelto problemas estructurales y la distancia entre conocimiento y acción política refuerza la percepción de crisis democrática.

Joan Subirats, autor del libro, advirtió que la incapacidad para articular ciencia y política incrementa la preocupación sobre el futuro de la democracia al considerar que “está en juego”. Por su parte, Carabias consideró que la ciencia es indispensable para el bien común y que, en tiempos de desinformación y falta de ética, se requiere de políticas públicas que enfrenten la policrisis económica, social y ambiental.

Más de 200 luchas ambientales activas en la última década y el debate por el fracking

De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, en México se registraron 227 luchas ambientales en los últimos diez años. Estas movilizaciones surgen ante la expansión de megaproyectos, actividades extractivas y el avance inmobiliario que transforman territorios y ecosistemas. Las protestas han logrado frenar proyectos turísticos en zonas como Mahahual, Quintana Roo, y han enfrentado la construcción de plantas industriales en Sinaloa y Sonora.

A este panorama se suma la controversia por la decisión del gobierno federal de abrir la puerta al fracking. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México implementaría esta técnica bajo el argumento de que una nueva tecnología la haría “sustentable”. Más de 80 organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace México y la Alianza Mexicana contra el Fracking, rechazaron la existencia de fracking sustentable y acusaron al gobierno de traicionar compromisos de campaña y a las comunidades afectadas.

Las ONG advirtieron sobre el alto impacto ambiental, los riesgos para la salud pública y la dependencia de combustibles fósiles que perpetúa el modelo extractivo y profundiza desigualdades territoriales.

El primer informe oficial sobre la viabilidad del fracking en México, presentado en este agosto, concluyó que el 75% del gas natural consumido es importado, principalmente de yacimientos no convencionales en Estados Unidos. El comité científico —conformado por especialistas de distintas instituciones, entre las que se encuentran la UNAM, el IPN y la UAM— recomendó limitar el fracking a las cuencas de Burgos (Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León) y Sabinas-Burro Picachos (Coahuila, Nuevo León), descartando Tampico-Misantla por alta densidad poblacional y presencia indígena.

El documento estableció condiciones estrictas: solo agua salada para fracturamiento, consulta previa a comunidades, monitoreo ambiental independiente y transparencia en todos los procesos.

El potencial prospectivo de gas no convencional en México es de 141.5 millones de millones de pies cúbicos, concentrado en las regiones señaladas. El informe subrayó la obligación de realizar pruebas piloto y estudios adicionales antes de cualquier explotación a escala, además de prohibir el uso de agua dulce y exigir reciclaje del 75% del agua utilizada. Las ONG enfatizaron que ningún mecanismo permite evitar el daño ambiental y que el reciente accidente en Las Choapas, Veracruz, y los derrames petroleros en el Golfo de México ejemplifican los riesgos actuales.

En ese sentido, los especialistas consideraron que las universidades deben asumir su responsabilidad y prepararse para contribuir en la construcción de un modelo de desarrollo distinto. La capacidad de cohesionar pensamiento crítico y evidencia científica sólida debe ser un objetivo central en los debates públicos y la definición de políticas.