
El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó a Luisa María Alcalde por usar un programa “pagado con recursos públicos” para exhibir “listas” con usuarios y comunicadores críticos del gobierno.
En un tuit fechado este 13 de agosto, el priista criticó que este después de exhibir a los comunicadores, Alcalde “sale a negar” que las haya presentado y aseguró: “Ahí están las imágenes y ahí están los nombres”.
Moreno afirmó que se “usaron los impuestos de los mexicanos para señalar a los propios ciudadanos por atreverse a cuestionarlos” y acusó que desde el poder “utilizan al Estado” para “perseguir a quienes les incomodamos”.
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En el mismo mensaje, Moreno calificó de “cinismo” que, según su dicho, primero se exhiba a ciudadanos “desde una transmisión oficial” y después se niegue “lo que hicieron frente a las cámaras”.
El priista también mencionó a Claudia Sheinbaum y aseguró que ella “ya había dicho que hacer listas de críticos es propio de gobiernos fascistas”. En su publicación, Moreno contrasta esa presunta práctica con la persecución del crimen: “Si esa misma capacidad para identificar, clasificar y enlistar a sus críticos la utilizaran para perseguir a los criminales que tienen sometidas regiones enteras del país, México estaría mucho más cerca de recuperar la paz”.
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La consejera Alcalde niega que el gobierno difunda listas negras de periodistas
La Consejera Jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, negó que exista una "lista negra" de periodistas en el programa “Derecho de Réplica”. (Crédito: Luisa Alcalde)
Luisa María Alcalde rechazó este 13 de agosto haber difundido “listas negras” de periodistas y medios durante su programa “Derecho de Réplica”, y sostuvo que lo presentado el pasado 12 de agosto fue un análisis sobre una presunta red de amplificación digital que, según ella, replica críticas contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la exposición señalada, la consejera Jurídica de la Presidencia explicó un esquema de cuatro capas. La primera, dijo, identifica 54 cuentas con 281 mil 866 publicaciones que “originan el mensaje”.
Esa primera capa incluyó a medios, analistas políticos y figuras públicas. Entre los nombres que mostró aparecen Atypical, Bibiana Belsasso, Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, Dolia Estévez, Javier Negre, ADN 40, Azteca Noticias, El Universal, Joaquín López Dóriga y Reforma.
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Alcalde sostiene que su exposición apuntó a trolls y bots
La funcionaria compartió en redes sociales un video de aclaración después de la polémica que provocó la emisión desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Ahí negó que hubiera presentado una relación de “periodistas enemigas del gobierno” y afirmó que su propósito fue describir cómo opera, a su juicio, un sistema de amplificación artificial de tendencias.
Ese mensaje respondió a las críticas que recibió tras la edición del 12 de agosto de “Derecho de Réplica”. La controversia surgió porque la exhibición pública de cuentas y nombres fue interpretada como una “lista negra” de periodistas y medios críticos del gobierno.
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La respuesta directa de la consejera fue que no atribuyó a periodistas o medios una operación coordinada. Su argumento fue que una noticia, opinión o publicación puede ser retomada después por cuentas anónimas que, desde su punto de vista, alteran el contenido y lo insertan en campañas digitales.
La consejera afirma que el fenómeno ocurre después de la publicación original

En su explicación, Alcalde diferenció entre quienes emiten una nota o comentario y las cuentas que, según dijo, los reutilizan. “Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político. Eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación. Lo que ocurre después es lo relevante. Otras cuentas anónimas, que hemos denominado trolls, retoman el contenido de estos medios o políticos, lo replican, lo conectan con una narrativa coordinada para posicionar tendencias”, afirmó.
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La consejera Jurídica insistió en que su reporte no sostuvo que medios de comunicación financien bots o trolls. Lo que sí planteó, de acuerdo con su propia versión, es que existen recursos detrás de esas cuentas digitales y que la población tiene derecho a conocer ese fenómeno.
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