Casas abandonadas en la Roma generan alerta por posibles despojos: vecinos ubican 120 inmuebles en riesgo

Propiedades abandonadas, intestadas o cuyos dueños viven fuera del país se habrían convertido en objetivos para el despojo de inmuebles en la colonia Roma, una de las zonas con mayor plusvalía de la Ciudad de México.

De acuerdo con Mario Rodríguez, presidente de la Fundación Roma, residentes identificaron alrededor de 120 inmuebles en esta situación dentro de la colonia y zonas cercanas. El listado ya habría sido entregado a las autoridades capitalinas para solicitar su intervención.

El activista advirtió que la ocupación irregular de las viviendas no sólo afecta a sus propietarios, sino que podría facilitar la formación de redes dedicadas a apropiarse de predios para venderlos posteriormente a empresas inmobiliarias.

Denuncian ocupación de casas abandonadas en la colonia Roma

Entre los casos señalados se encuentran los inmuebles marcados con los números 45 y 47 de la avenida Álvaro Obregón, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según la denuncia de Rodríguez, las propiedades pertenecen a dos hermanas francesas que regresaron a su país hace varios años.

Durante su ausencia, vendedores ambulantes presuntamente relacionados con la familia Sánchez Barrios habrían ocupado los edificios. Esta versión corresponde a lo declarado por el presidente de la Fundación Roma y, hasta ahora, no implica que exista una responsabilidad legal acreditada contra las personas mencionadas.

En las propiedades puede observarse un anuncio en el que se advierte que se encuentran en litigio y que no están a la venta. Sin embargo, durante un recorrido realizado por La Jornada, un hombre que vive en el lugar aseguró que sus habitantes son propietarios de los departamentos y que ninguno se encuentra disponible para renta.

Otro caso se ubica cerca del cruce de las avenidas Insurgentes y Álvaro Obregón. En este punto, comerciantes de puestos semifijos de comida utilizan una parte de una antigua casona para desarrollar sus actividades.

De acuerdo con el activista, en el inmueble existe una toma de agua potable y recientemente se habilitaron baños públicos en el primer piso. Para ingresar se colocó una escalera metálica en uno de los costados y se cobra una tarifa de 10 pesos por el servicio.

Rodríguez sostuvo que la falta de vigilancia sobre propiedades abandonadas puede propiciar su ocupación por terceros. Posteriormente, explicó, algunas personas promueven juicios de prescripción positiva con la finalidad de reclamar derechos sobre los inmuebles y, una vez obtenidos, venderlos a desarrolladores.

Vecinos señalan otros inmuebles ocupados o intestados

Los habitantes también han puesto atención en el predio ubicado en Mérida 130, donde hasta 2025 existió un edificio de tres niveles. La construcción fue demolida y ahora una lona anuncia el desarrollo de un nuevo edificio de cuatro pisos.

Según la versión vecinal, el inmueble estaba intestado y en 2017 fue ocupado por varias personas, quienes posteriormente fueron retiradas. Después de ese episodio, el sitio permaneció bajo vigilancia policiaca.

Otro de los casos mencionados se localiza en Chihuahua 128. En esa vivienda residía un hombre que fue encontrado muerto en 2024. Rodríguez afirmó que los vecinos escucharon previamente golpes y lamentos, aunque señaló que desconocen si se realizó una investigación relacionada con esos hechos.

Tiempo después, una mujer se presentó como propietaria del inmueble y acudió acompañada de un cerrajero y un policía para abrir la casa. El activista indicó que la mujer visita ocasionalmente la propiedad.

Los señalamientos sobre estos inmuebles fueron planteados por los residentes en una reunión con Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La Fundación Roma pidió al gobierno capitalino revisar la situación jurídica de las propiedades y actuar antes de que sean ocupadas o transferidas irregularmente.

¿Qué es el despojo y cómo ha afectado a la Ciudad de México?

El despojo es un delito contra el patrimonio que ocurre cuando una persona ocupa, utiliza o impide el disfrute de un inmueble ajeno sin tener derecho para hacerlo. Puede cometerse mediante violencia física o moral, engaño, documentos falsos, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad o de manera furtiva.

El Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la capital, contempla sanciones para quien ocupe un inmueble ajeno o haga uso de un derecho real que no le pertenece. Las penas pueden agravarse cuando participan varias personas, se emplea documentación falsa, se simulan actos de autoridad, interviene una persona servidora pública o la víctima es adulta mayor o tiene alguna discapacidad.

El delito ha mantenido una presencia constante en la capital durante los últimos años. Según datos presentados en agosto de 2026 por la fiscal general Bertha Alcalde Luján, en la ciudad se registraron mil 966 casos, equivalentes a una tasa de 21.4 despojos por cada 100 mil habitantes. La funcionaria afirmó que, al menos desde 2019, las cifras se han mantenido relativamente estables, con un promedio de entre nueve y 10 denuncias diarias.

La alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra la colonia Roma, encabezó la medición con 205 casos y una tasa de 37.6 por cada 100 mil habitantes. Le siguieron Benito Juárez, con 133 registros y una tasa de 30.6, y Venustiano Carranza, con 120 casos y una tasa de 27.

El Gabinete contra Despojos de la Ciudad de México atendió mil 32 expedientes entre junio de 2025 y julio de 2026. Tras revisar los casos, las autoridades determinaron que 644 correspondían a controversias civiles, principalmente disputas entre familiares o conocidos, mientras que 388 podían constituir posibles delitos de despojo.

Como resultado, se efectuaron 317 acciones, entre ellas 185 restituciones de inmuebles, 84 aseguramientos y 48 intervenciones adicionales. Los datos muestran que no todas las denuncias derivan de grupos organizados: una parte importante corresponde a problemas sucesorios, arrendamientos, compraventas o desacuerdos sobre la posesión.

No obstante, los inmuebles abandonados o intestados presentan condiciones que pueden facilitar ocupaciones irregulares. La ausencia de propietarios, los litigios prolongados y la falta de documentación actualizada complican la recuperación de las propiedades y generan afectaciones económicas, familiares y sociales que pueden extenderse durante años.