Gobierno federal multa e inhabilita por 2 años a mujer que dio información falsa de medicamentos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitó por 2 años a Eliana Díaz Magaña para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el comunicado compartido por la dependencia este 11 de agosto, la sanción se derivó de que, durante la vigencia de tres órdenes de compra firmadas en agosto de 2021, la persona sancionada proporcionó información falsa sobre 120 piezas del medicamento “Limustin Tacrolimus”, lote I20J0121, que fueron presentadas y etiquetadas como Tacrolimus de 1 mg pese a que el contenido no correspondía con lo indicado en sus envases.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que la sanción se realizó a través del Órgano Interno de Control del IMSS. Además, la notificación se realizó el 31 de julio de 2026 y que la publicación de la sanción aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación.

Añadió la secretaría que Díaz Magaña ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

La dependencia precisó que la persona física puede impugnar la resolución y sostuvo que defenderá la sanción “por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”.

Buen Gobierno impone 226 sanciones a mandos federales en el primer semestre de 2026

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acumula 226 sanciones contra funcionarios federales de nivel mando entre enero y junio de 2026, mientras más de 400 expedientes fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por posibles faltas graves, un volumen que muestra que la revisión interna alcanzó tanto conductas administrativas menores como casos que podrían derivar en castigos mayores.

Estas medidas impuestas por la dependencia incluyen 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 45 amonestaciones y cinco destituciones, de acuerdo con información oficial difundida el pasado 9 de agosto. El motivo más frecuente fue el incumplimiento de funciones, con 242 casos detectados en el periodo reportado.

La propia Secretaría sostuvo que las resoluciones se dictaron con criterios de proporcionalidad y gravedad. También precisó que las personas sancionadas pueden impugnar los castigos y que la dependencia defenderá las penas que ya fueron impuestas.

Sancionados se concentran en jefaturas y direcciones de área

La distribución por cargo demostró que 130 personas sancionadas ocupaban jefaturas de departamento. A ellas se suman 45 titulares de dirección de área, 33 de subdirección, ocho de dirección general y 10 titulares de unidad.

Ese desglose ubicó la mayor concentración de sanciones en mandos medios y operativos de la estructura federal. En paralelo, los más de 400 expedientes remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa corresponden a posibles faltas graves que todavía deben resolverse en esa instancia.

Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que entre las conductas detectadas están el abuso de cargo y el hostigamiento, además del incumplimiento de funciones. Las sanciones reportadas en el semestre corresponden solo a faltas administrativas no graves ya determinadas por la autoridad.

Este anuncio ocurre después del refuerzo a la plataforma federal de transparencia

El reporte se conoció días después de que, el 4 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la plataforma digital de transparencia y acceso a la información tras la desaparición del INAI. La mandataria también anunció una iniciativa para reforzar el marco legal de la transparencia gubernamental.

Dicho plan contempla cuatro áreas: contrataciones públicas con publicación mensual de contratos y convenios modificatorios del Ejecutivo Federal; filiales de Pemex y CFE, con datos sobre finanzas, gobierno corporativo y contratos; fiscalización y auditorías, con programa anual, observaciones y despachos de auditores externos; e invitación a que estados, municipios y otros poderes se sumen al esquema.