La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno suma 226 sanciones a funcionarios federales de nivel mando, tras detectar faltas administrativas no graves entre enero y junio de 2026. Las medidas incluyen suspensiones, inhabilitaciones y destituciones por conductas como incumplimiento de funciones, abuso de cargo y hostigamiento. De acuerdo con información oficial, más de 400 expedientes fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para resolver posibles faltas graves, cifra que duplica el número de personas sancionadas.
Las acciones responden a la aplicación de criterios de proporcionalidad y gravedad, y permiten la impugnación de las resoluciones por parte de los funcionarios involucrados, según la Secretaría.
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Las sanciones aplicadas por la Secretaría incluyen 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 45 amonestaciones y 5 destituciones. Los cargos de las personas sancionadas corresponden a 10 titulares de unidad, 8 de dirección general, 45 de dirección de área, 33 de subdirección y 130 de jefatura de departamento. El motivo principal fue el incumplimiento de funciones, con 242 casos detectados en el periodo reportado.
Plataforma de transparencia suma controles tras desaparición del INAI
El 4 de agosto, la jefa de Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, firmó un decreto para fortalecer la plataforma digital de transparencia y acceso a la información, luego de la desaparición del INAI. La funcionaria anunció además que se prepara una iniciativa para reforzar el marco legal de la transparencia gubernamental, con el objetivo de mantener la rendición de cuentas en las dependencias federales.
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Cuatro áreas principales para su fortalecimiento
- Contrataciones públicas Contratos y convenios modificatorios del Ejecutivo Federal disponibles mensualmente.
- Filiales de Pemex y CFE Finanzas, gobierno corporativo, contratos, entre otros.
- Fiscalización y auditorías Programa anual, observaciones y despachos de auditores externos.
- Invitación a sumarse a estados, municipios y otros poderes.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostiene que las sanciones se aplicaron conforme a la ley y bajo criterios claros. Cualquier persona servidora pública tiene derecho a impugnar la resolución, y la dependencia defenderá la pena impuesta. El organismo reitera que trabaja por la integridad en el servicio público y el combate a la impunidad.
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