Congreso de Nuevo León pide a la SCJN revocar la suspensión del juicio político contra Samuel García

El Congreso de Nuevo León pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revertir la suspensión que mantiene sin concluir el juicio político contra Samuel García, una decisión que puede definir hasta dónde llegan las facultades del Legislativo local frente al Poder Ejecutivo estatal y que, por ahora, mantiene frenado el dictamen final mientras el sexenio del gobernador termina en octubre de 2027.

De acuerdo con el medio local Vocífera.mx, la impugnación alcanza dos frentes: la admisión de la controversia constitucional 386/2026 promovida por el mandatario estatal y la medida cautelar dictada el pasado 8 de julio por la ministra María Estela Ríos. La presidencia de la SCJN notificó la admisión de dos recursos de reclamación promovidos por el Congreso para combatir ambas decisiones.

El origen del caso está en el juicio político iniciado contra el gobernador de Nuevo León por una denuncia de Morena por supuestos actos de peculado y enriquecimiento ilícito. En paralelo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, la panista Itzel Castillo Almanza, solicitó desechar por improcedente la controversia constitucional presentada por el gobernador.

Corte revisará si mantiene o cambia la suspensión

Ambos expedientes fueron turnados a la ministra Sara Irene Herrerías, quien deberá elaborar los proyectos de resolución para presentarlos al Pleno. Sin embargo, no existe un plazo fijo para que esos asuntos sean discutidos.

Los ministros pueden confirmar, revocar o modificar la decisión inicial de Ríos. Según el medio, la ministra justificó la suspensión con el argumento de evitar daños irreparables en el ejercicio de las funciones del Ejecutivo estatal y de resguardar el funcionamiento de la administración pública durante el tiempo restante del sexenio.

Dicha resolución también pesa por los antecedentes que existen en el Máximo Tribunal sobre suspensiones vinculadas con intentos de destitución de gobernadores.

Ríos difundió el 14 de julio una aclaración pública sobre el alcance de la medida cautelar. En su mensaje en redes sociales sostuvo que la suspensión “no paraliza el procedimiento de juicio político correspondiente”.

La ministra añadió que las autoridades competentes pueden continuar con la sustanciación y el trámite del expediente. Precisó también que la medida “sólo tiene como finalidad preservar la materia del juicio constitucional, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el fondo de la controversia”.

Samuel García también tiene un amparo federal

El gobernador de Movimiento Ciudadano cuenta además con otra protección judicial distinta a la concedida en la controversia constitucional. El 15 de julio, una jueza federal de Monterrey le otorgó un amparo personal que prohíbe al Pleno del Congreso emitir un dictamen definitivo.

Esa cobertura legal complementaria sigue pendiente de revisión en un tribunal colegiado, según Vocífera.mx. Eso significa que, además de la decisión que tome la Suprema Corte sobre los recursos de reclamación, el proceso legislativo enfrenta otro freno judicial en la vía federal.

La disputa responde de forma directa a la pregunta central del caso: el juicio político contra Samuel García no está cerrado ni desechado, pero tampoco puede concluir en este momento. El Congreso busca que la SCJN retire la suspensión, mientras el gobernador mantiene una defensa paralela con una controversia constitucional y un amparo federal.

El gobernador Samuel García negó una presunta triangulación de recursos y sostuvo que las acusaciones reactivan señalamientos ya atendidos, mientras en el estado sigue abierto un juicio político y una denuncia ante la FGR por movimientos que involucrarían cerca de mil millones de pesos hacia despachos ligados a familiares del mandatario.

En un video difundido el pasado 6 de agosto, el emecista respondió a una nota de portada de El Norte titulada “Congreso avala revisar triangulaciones de Samuel”. Ahí se declaró “incorruptible” y aseguró que está dispuesto a someterse a las indagatorias de las autoridades competentes.

Dicho procedimiento legislativo que hoy corre por otra vía fue abierto en junio de 2026 por la Comisión Anticorrupción, a partir de una denuncia de Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena. Ese expediente avanza en paralelo a una querella ante la FGR y, hasta ahora, no tiene resolución definitiva.