
El gobierno de Claudia Sheinbaum declaró en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Día Nacional de la Reforestación y fijó su conmemoración el segundo domingo de agosto de cada año, una medida que entra en vigor este 10 de agosto y que obliga a las secretarías de Bienestar, Medio Ambiente y Agricultura a impulsar jornadas de reforestación sin recibir recursos adicionales.
La decisión se publicó este 9 de agosto y se sustentó en el deterioro de la cobertura forestal del país. Entre 2019 y 2023, México perdió 959 mil 030 hectáreas de bosques y selvas, un promedio anual de 191 mil 806 hectáreas.
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El documento firmado por la presidenta Sheinbaum en el estado de Puebla señaló que la fecha busca dar seguimiento prioritario a la reforestación de bosques, selvas, manglares, humedales y zonas áridas. También estableció que las actividades deberán realizarse dentro del presupuesto ya aprobado para las dependencias y entidades ejecutoras del gasto.
El decreto vincula la nueva fecha con metas forestales y climáticas
La proclamación invocó el artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano, y el artículo 27, que faculta al Estado para dictar medidas sobre tierras, aguas y bosques con el fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Sobre esa base, la Presidencia justificó la declaratoria como una acción de utilidad pública en materia de conservación, protección y restauración de ecosistemas forestales y cuencas hidrográficas.
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El decreto también retomó compromisos asumidos por México en el Acuerdo de París de 2015. Entre ellos mencionó detener la deforestación y la degradación forestal, alcanzar una tasa neta de cero deforestaciones y proteger los manglares.
La nueva efeméride nacional se articuló además con instrumentos de planeación del actual sexenio. El texto mencionó los Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, en particular el compromiso 96 sobre reforestación de bosques y selvas, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que en su eje 4 de Desarrollo Sustentable plantea equilibrar desarrollo económico, social y ambiental.
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Los bosques mexicanos capturan CO2 y sostienen acuíferos

Uno de los argumentos centrales del decreto es el peso ambiental de la superficie forestal del país. Según el Sistema Nacional de Información Forestal citado en el documento, México cuenta con 138.7 millones de hectáreas de riqueza forestal, equivalentes al 70.6% del territorio nacional.
El Programa Institucional de la Conafor 2025-2030, también referido en el texto, sostiene que los bosques, selvas y manglares capturan cada año 178.9 millones de toneladas de CO2. Esa cantidad equivale al 23.2 % de la emisión total de gases de efecto invernadero del país.
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El decreto añadió que muchas zonas forestales funcionan como áreas de recarga natural de acuíferos por las características del suelo, el relieve, la cobertura vegetal y la presencia de rocas permeables. Por eso, su preservación y manejo adecuado inciden en el equilibrio hidrológico del agua subterránea.
La dimensión agraria también apareció en la justificación oficial. El Programa Anual de Trabajo de la Conafor para 2025, citado en el documento, indica que 70.7 millones de hectáreas de superficie forestal son de propiedad social y están distribuidas en 16 mil 953 núcleos agrarios, lo que representa el 50.5% de la superficie forestal nacional.
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Bienestar, Semarnat y Agricultura deberán organizar actividades de reforestación

La respuesta directa del decreto queda en su artículo 2: en el marco del Día Nacional de la Reforestación, la Secretaría de Bienestar, la Semarnat y la de Agricultura y Desarrollo Rural deben impulsar y realizar actividades de reforestación nacional dentro de sus respectivas competencias.
El decreto asignó a Bienestar la función de coadyuvar en políticas públicas orientadas a la agroforestería, la productividad, la economía social y el empleo rural.
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A Semarnat le reconoció la atribución de formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable, mientras que a Agricultura le corresponde promover productividad, empleo, ingreso, sustentabilidad, resiliencia y mitigación climática en el medio rural, además de participar en la conservación de suelos agrícolas, pastizales y bosques.
La declaratoria también se enlazó con el programa Sembrando Vida, al que el decreto atribuyó una contribución en la reducción de la pobreza rural mediante el impulso a especies nativas y criollas, su cultivo, manejo sostenible y reproducción. El decreto sostuvo que esa estrategia fortalece sistemas productivos, revalora saberes tradicionales y apuntala la seguridad alimentaria.
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Como telón de fondo, el decreto recordó que, según la FAO, entre 2015 y 2020 se perdieron aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosque al año en el mundo. Identificó como causas principales el cambio de uso de suelo, además de amenazas como el cambio climático, los incendios forestales, la tala ilegal, el crecimiento urbano y la explotación no sustentable.
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