Con 18 periodistas asesinados: gobierno de Javier Duarte fue el más violento e impune en crímenes contra comunicadores en Veracruz

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa estuvo marcado por crímenes y violencia en contra de periodistas. En promedio, un comunicador fue asesinado en promedio cada tres meses entre 2010 y 2016, años en los que estuvo al frente de la entidad.

“No fue casualidad ni negligencia: fue un patrón”: Esa es la conclusión central del informe Prohibido Investigar: La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz, presentado este martes por Propuesta Cívica en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en Ciudad de México.

El documento fue elaborado en colaboración con Omar Gómez Trejo, exfiscal del caso Ayotzinapa, quien analizó los expedientes de tres periodistas asesinados desde tres ángulos: penal-criminal, social y estructural. Su diagnóstico fue contundente: “La violencia contra la prensa es reflejo del deterioro democrático”.

La impunidad como política de Estado, no como descuido

La tesis que sostiene el informe refiere que la impunidad en los crímenes contra periodistas en Veracruz no fue una omisión del aparato estatal, sino una forma deliberada de administración institucional, la cual se llevó a cabo con el objetivo de desmantelar una agencia de noticias y silenciar a los comunicadores.

“No es que el Estado deja de hacer, sino que es un producto más dentro de esa cadena de responsabilidades que el Estado va haciendo, va eslabonando, va fabricando de manera regular”, afirmó Gómez Trejo respecto a la complicidad que el gobierno trazó desde la administración anterior en el estado, con Fidel Herrera.

Desde la investigación y análisis realizado en los casos de estudio, el equipo determinó que un punto clave en los tres asesinatos es que las autoridades señalaron que se trató de grupos del crimen organizado, se enfocaron en querer demostrar su hipótesis y, plagados de omisiones, no brindaron justicia a las familias porque no realizaron de manera correcta las diligencias.

Esa maquinaria se sostiene y se reproduce, según el Gómez Trejo, por cinco mecanismos:

• La impunidad es una decisión político-criminal, no una carencia de capacidades. Hay acuerdos, hay coordinación entre actores, hay techos de cristal que nadie rompe de forma deliberada.
• La fragmentación del método investigativo. Las fiscalías tratan los homicidios, las desapariciones, las extorsiones, el narcotráfico y el lavado de dinero como delitos separados, sin conectarlos en lo que en conjunto configura una red de macrocriminalidad, en la que participan tanto funcionarios públicos, gobierno y grupos delictivos.
• La hipótesis del ajuste de cuentas, que Gómez Trejo describió como una “investigación a bajo costo” y que se trata de señalar a las víctimas como vinculadas al crimen organizado para desplazar la responsabilidad fuera del Estado y desactivarla.

• La apariencia de investigación. Los expedientes son voluminosos, hay peritajes, comparecencias y acumulaciones. Pero, en palabras que quedaron plasmadas en el propio informe, se trata de “un volumen de datos sin análisis y diligencias efectivas”.
• El quinto es que no investigar produce cuatro efectos en cadena: los perpetradores quedan libres y disponibles para seguir operando; las víctimas y sus familias quedan desprotegidas bajo un clima de terror; los pactos de silencio se refuerzan porque nunca se usan los criterios de oportunidad ni las herramientas legales para quebrarlos; y el mensaje de impunidad a toda la prensa se confirma con cada caso no resuelto.

14 fallas idénticas en tres expedientes distintos

El informe analizó en detalle tres crímenes que dejaron ocho personas asesinadas vinculadas al periodismo y la comunicación. Lo que encontró Gómez Trejo al cruzar los expedientes resultó revelador: las tres investigaciones comparten 14 fallas idénticas.

“Es la repetición exacta del mismo conjunto de omisiones en tres expedientes que se van construyendo en distintos momentos por distintas autoridades, con o sin presiones, con partidos distintos, con plataformas políticas distintas”, explicó el exfiscal.

Esa repetición sistemática es la que descartó cualquier lectura de negligencia individual, ya que no se trató de una falla, sino de un patrón institucional para no investigar los asesinatos de periodistas en Veracruz.

En los tres casos, la investigación se detuvo deliberadamente en el autor material y nunca avanzó hacia los autores intelectuales ni hacia los vínculos con el aparato político. La hipótesis que las autoridades de Veracruz instalaron desde el principio fue siempre la misma: un ajuste de cuentas entre cárteles. Y desde ahí, no se movieron.

“Como si estuviéramos dentro de una caja de cristal y dentro de esa caja de cristal no se van a romper esos cristales”, describió Gómez Trejo.

Para medir el impulso real de cada investigación, el exfiscal construyó un catálogo de herramientas procesales a partir de la legislación federal, la legislación estatal, protocolos internacionales y jurisprudencia sobre asesinatos de periodistas en otras latitudes. El resultado: las herramientas existían, pero no se usaron como debían.

El caso Milo Vela: la escena contaminada desde el minuto cero

Uno de los casos analizados fue el del periodista Milton “Milo” Neri, quien coordinaba la sala de redacción del periódico Notiver. El informe establece que el móvil de su asesinato fue desmantelar ese medio de comunicación debido a que otros reporteros que también formaban parte de él fueron agredidos.

“Por el trabajo y por lo que documentaba en ese momento se asesinó a Milton Neri. Así de simple”, señaló Gómez Trejo.

En su columna y en sus publicaciones en redes sociales, Milo Vela documentaba entramados políticos, policiales y delictivos. Por eso, según el análisis, su asesinato no fue un crimen contra el poder: fue una función del poder.

La contaminación de la investigación comenzó en el primer minuto. El exfiscal detalló que la entonces Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río —la misma corporación señalada como parte del conflicto que derivó en el homicidio— fue la que llegó primero a la escena. No llegó una parte independiente.

A partir de ahí, el entramado documental del caso reveló una manipulación sostenida. Hubo discrepancias en los reportes policiales, variaciones en los horarios registrados y declaraciones incoherentes de los primeros respondientes.

No hubo una correcta cadena de custodia de los objetos asegurados y que eran clave para las investigaciones; las cámaras de vigilancia aparecieron deshabilitadas; las sábanas telefónicas se perdieron y nunca se cruzaron y había videos obtenidos que jamás fueron peritados.

El reporte de desaparición ante la Secretaría de Seguridad Pública fue negado. Y conforme avanzaba el tiempo, las propias autoridades investigadoras fueron cerrando el caso.

Gobernanza criminal: matar periodistas como control del territorio

El informe define la gobernanza criminal como el esquema donde se relacionan el dinero, el Estado y el crimen organizado bajo una lógica de negocios ilícitos. Su objetivo central es controlar el territorio. Y controlar el territorio, explicó Gómez Trejo, no es solo una cuestión física.

“Controlar el territorio significa todo aquello que pase dentro de ese lugar”, afirmó.

Bajo esa lógica, los periodistas que documentaban y denunciaban esas redes se convirtieron en una amenaza directa al control territorial.

La impunidad dentro de este esquema, de acuerdo con el informe, se lleva a cabo por dos vías complementarias: la inclusión de altos mandos —gobernadores, fiscales, jefes de policía— y el sometimiento de mandos medios y bajos. La mayoría de los integrantes son lo que el informe llama “agentes grises”: personas que se mueven simultáneamente dentro y fuera de las instituciones, entre lo legal y lo ilegal.

La consecuencia: investigar la red significaría que la red se investigara a sí misma.

Narcotraficantes corregían titulares en Xalapa

La gobernanza criminal en Veracruz no se limitó a los homicidios. También cooptó el mercado de la información. El informe documenta que primeras planas de medios veracruzanos eran revisadas y corregidas por el propio gobierno, por narcotraficantes y por policías. Ocurría, por ejemplo, en la ciudad de Xalapa.

Había espías dentro de las redacciones. La publicidad oficial se incrementó de forma desproporcionada como mecanismo de presión y control sobre los medios. El informe incluye una tabla comparativa que refleja ese aumento.

El resultado fue la conversión de Veracruz en lo que se conoce como “zonas de silencio”: territorios donde la corrupción y la criminalidad operan para callar a los comunicadores.

“El mensaje a toda la prensa es que informar puede costar la vida. El resultado es la autocensura, el repliegue, y se ve finalmente lesionada la sociedad porque pierde su derecho a ser informada”, advirtió Gómez Trejo.

Por eso, el informe sostiene que la violencia contra la prensa no es un daño colateral. Es un indicador del deterioro democrático.

Duarte en prisión por dinero, libre de cargos por los periodistas: informe exige justicia

Durante el periodo analizado, Veracruz concentró el 64.6% de los asesinatos de periodistas registrados a nivel nacional durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. El 58.1% de esos homicidios ocurrieron en ese mismo lapso.

En total, durante la administración del entonces gobernador Javier Duarte, fueron asesinados 18 periodistas y desaparecidas tres personas más vinculadas a la prensa.

Duarte permanece en prisión desde 2017, condenado por asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, no ha sido investigado por su posible omisión o colusión en los ataques contra la prensa.

El informe señala que hay datos dentro de los propios expedientes que apuntan a participación y decisiones tomadas desde el gobierno del estado en las desapariciones y asesinatos de periodistas. Varias personas lo mencionaron en el marco de las investigaciones, pero se no se le investiga por los casos.

Gómez Trejo llamó a que ese vínculo —entre crimen organizado, Estado y lavado de dinero— sea el motor del relanzamiento de las investigaciones. Y advirtió que mientras los actores políticos no sean tocados, los casos seguirán produciéndose.

“Mientras las redes políticas no se toquen en estos macrocasos, vamos a seguir viendo una serie de simulaciones por parte de las autoridades investigadoras”, afirmó.

El informe concluye con tres exigencias: verdad y justicia para las víctimas y sus familias; garantías de no repetición mediante investigaciones que reconozcan la dimensión de las redes de complicidad institucional; y que los casos sean llevados ante instancias internacionales, dado que en el 31.8% de ellos no se ha identificado a ninguna persona responsable.