Colima es “punta de lanza” en seguridad alimentaria: nueva ley entró en vigor, garantizará una nutrición con menor impacto ambiental

Colima se convirtió oficialmente en el primer estado de México en contar con una Ley Estatal para la Alimentación Adecuada y Sostenible en vigor, una legislación que busca garantizar el derecho humano a una alimentación saludable al mismo tiempo que reduce el impacto ambiental de los sistemas alimentarios. La norma entró en vigor este 4 de agosto de 2026, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

La legislación fue impulsada por Alianza Alimentaria y Acción Climática, en colaboración con Igualdad Animal México, y presentada ante el Congreso local por el diputado Alfredo Álvarez Ramírez. Después de ser aprobada por unanimidad el pasado 15 de julio, su publicación representó el último paso para su entrada en vigor.

De acuerdo con la organización promotora, esta ley representa un precedente nacional porque integra en una misma política pública tres objetivos prioritarios: proteger la salud de la población, preservar el medio ambiente y garantizar el derecho a la alimentación adecuada, un enfoque que hasta ahora no existía en una legislación estatal mexicana.

¿Qué establece la nueva Ley para la Alimentación Adecuada y Sostenible?

La nueva legislación incorpora por primera vez el principio de Inclusión Dietaria, el cual reconoce la diversidad de necesidades, preferencias y formas de alimentación de la población. Además, convierte a la sostenibilidad en un eje rector de la política alimentaria del estado.

Según Sofía Ruiz Oldenbourg, gerente de Políticas Alimentarias de Alianza Alimentaria y Acción Climática, la entrada en vigor de esta legislación marca el inicio de una nueva etapa para el estado:

Entre las principales acciones contempladas destacan:

• Promover alimentos con menor impacto ambiental.
• Fortalecer la producción local para favorecer economías regionales.
• Dar prioridad a las legumbres como principal fuente de proteína en programas alimentarios públicos.
• Incorporar opciones de origen vegetal en espacios públicos, centros educativos y lugares de trabajo.

Buscan reducir enfermedades e impacto ambiental de la alimentación

Uno de los principales objetivos de la nueva legislación es contribuir a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con una mala alimentación, como la diabetes, la hipertensión y otros padecimientos asociados a dietas poco saludables.

Para ello, contempla el fortalecimiento de políticas públicas que favorezcan la creación de entornos alimentarios más saludables y accesibles, facilitando que la población tenga mejores opciones para alimentarse.

En paralelo, la norma incorpora un enfoque ambiental que promueve patrones de consumo con menor huella ecológica, buscando disminuir la presión sobre recursos naturales como el agua y el suelo, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el sistema alimentario.

La organización destacó que este modelo se encuentra alineado con las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles de la Secretaría de Salud, así como con el enfoque internacional de Una Salud impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual reconoce la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y la conservación del medio ambiente.

Colima, referente nacional en seguridad alimentaria

Con la publicación y entrada en vigor de esta legislación, Colima también se convirtió en la primera entidad federativa en cumplir con el Artículo 94 de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que exhorta a los estados a crear marcos normativos para garantizar este derecho en todas las etapas del sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo.

Para Alianza Alimentaria y Acción Climática, el caso de Colima demuestra que es posible impulsar políticas públicas que combinen el combate a las enfermedades relacionadas con la alimentación con acciones para enfrentar el cambio climático:

La organización hizo este llamado a los congresos locales y a la sociedad civil para que otras entidades adopten legislaciones similares y aceleren la construcción de sistemas alimentarios sostenibles en todo el país.