
Las autoridades del Estado de México desmantelaron este sábado 1 de agosto un aserradero clandestino en la comunidad de San Lorenzo Malacota, municipio de Morelos, tras un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. El inmueble, que carecía de documentación legal para operar, fue clausurado de forma temporal por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) luego de que inspectores confirmaron irregularidades ambientales graves en su funcionamiento.
El operativo fue posible gracias a labores de inteligencia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), que desplegó drones tácticos para trazar rutas de revisión y ubicar los puntos críticos de inspección antes de que las células policiales y militares ingresaran al predio.
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El C5, los drones y las cinco células tácticas
Los monitoreos aéreos del C5 permitieron establecer un cerco perimetral en la zona boscosa y coordinar de forma simultánea a los distintos agrupamientos participantes. Esa cobertura aérea impidió la posible huida de implicados y garantizó la seguridad del personal durante toda la diligencia.
En el operativo participaron cinco células tácticas integradas por policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. También intervinieron la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para respaldar las acciones legales en el sitio.
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Una vez que las fuerzas de seguridad tomaron control del inmueble, inspectores de la Profepa ingresaron al predio para realizar la revisión documental y técnica. La falta total de permisos para el almacenamiento y la transformación de materias primas forestales determinó la clausura total temporal del lugar.

El municipio de Morelos se ubica en el noroeste del Estado de México y colinda con los municipios de Chapa de Mota, Villa del Carbón y Atlacomulco. Su posición en la sierra mexiquense lo convierte en una zona de presión constante para las redes de extracción forestal ilegal.
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Maquinaria, vehículos y herramientas decomisados en San Lorenzo Malacota
Las autoridades aseguraron tres camionetas que fueron empleadas presuntamente para el traslado de recursos maderables hacia y desde el aserradero. Junto a los vehículos, quedaron bajo custodia oficial un motor de gasolina, dos torres de aserrío —una de ellas de manufactura artesanal— y dos carros portatrozas.
El inventario incluyó además un carro de empujón para trozas, un banco para sierra disco cabeceador y un banco metálico para sierra disco de 26 centímetros. Esos equipos conforman el núcleo del proceso industrial para convertir troncos en madera aserrada de manera clandestina.
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Entre las herramientas menores, el personal interinstitucional decomisó un cepillo eléctrico y un canteador con cuchillas de 20 centímetros. La variedad del equipo hallado indica que el sitio procesaba madera en distintas etapas de transformación.
Ni la SSEM ni la FGJEM informaron sobre la detención de personas durante el operativo. El inmueble fue encontrado en operación, pero sin responsables identificados en el lugar al momento de la intervención.
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Madera de oyamel y pino asegurada para integrar carpeta de investigación
El producto forestal decomisado sumó 181 piezas en total: 161 tablas de oyamel, 14 rollos de pino y seis rollos de oyamel. A ese conteo se añadió madera aserrada de pino y madera en rollo sin especificación de cantidad exacta en el comunicado oficial.
Todo el material maderable, la maquinaria y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades. Los inspectores de la Profepa colocaron sellos de clausura y aseguramiento en el inmueble antes de retirarse del sitio.
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La Profepa ejecutó la clausura dentro del marco de las estrategias de la Mesa de Paz del Estado de México, que coordina acciones interinstitucionales contra delitos ambientales en municipios con alta presión sobre sus zonas boscosas. El Estado de México figura entre las entidades con mayor número de aseguramientos de madera y maquinaria en los últimos años, según datos de dependencias federales.
Las sanciones por operar centros de almacenamiento forestal sin autorización o por tala ilegal en suelo mexiquense contemplan penas de hasta 12 años de prisión y multas millonarias, de acuerdo con el Código Penal estatal.
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La SSEM recordó a la población que puede denunciar este tipo de actividades de forma anónima a través del número 089 o llamar al 911 en caso de emergencia. Los reportes también pueden enviarse por las redes sociales oficiales de la secretaría: @SS.Edomex en Facebook y @SS_Edomex en X.
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