Morena se queja de que el Grupo IDEA busca exponer el caso de Ernesto Ruffo a nivel internacional

Morena respondió este 27 de julio al pronunciamiento del Grupo IDEA sobre Ernesto Ruffo Appel y sostuvo que el caso debe resolverse en tribunales mexicanos, no en la presión mediática o internacional, en una disputa pública que contrapone dos versiones: para el partido gobernante hay una investigación judicial con debido proceso; para los exmandatarios firmantes se trata de criminalización política y deterioro del Estado de derecho.

En su posicionamiento, Morena afirmó que la indagatoria contra Ruffo Appel se desarrolló durante alrededor de un año y estuvo relacionada con operaciones aduanales, financieras y empresariales, así como con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques. El partido agregó que, tras una audiencia de más de 24 horas, una jueza federal consideró que existían datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso.

La respuesta fue firmada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien aseguró que la postura del grupo de exjefes de Estado y de gobierno “no es una defensa desinteresada del Estado de derecho”, sino un intento de trasladar a medios y a presión internacional un asunto que, dijo, corresponde a autoridades y tribunales de México.

Morena sostiene que el caso Ruffo Appel se procesa con defensa e impugnaciones

Ariadna Montiel señaló que Ruffo Appel contó con defensa, compareció ante una autoridad judicial, participó en una audiencia prolongada y pudo promover medios de impugnación. Con esos elementos, sostuvo que no puede afirmarse responsablemente que haya una detención arbitraria, sin investigación o fabricada solo por razones políticas.

La dirigente también afirmó que la Fiscalía está obligada a probar sus acusaciones, que la defensa tiene derecho a controvertirlas y que los tribunales deben resolver con independencia, con base en la Constitución, las pruebas y la ley. En esa línea, rechazó que actores extranjeros pretendan sustituir a las autoridades mexicanas o condicionar el desarrollo de una investigación.

Montiel Reyes sostuvo que una trayectoria política, un apellido, una fortuna o una red de relaciones de poder “ya no constituyen un salvoconducto frente a la ley”. Añadió que haber sido el primer gobernador de oposición derivado de una concertación política que, según su dicho, avaló el fraude electoral de 1988, no concede inmunidad permanente ni convierte automáticamente una investigación en persecución.

La presidenta del partido también dirigió sus críticas a los firmantes del pronunciamiento internacional. Dijo que quienes hoy se presentan como guardianes de la democracia carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México, y sostuvo que entre ellos hay antiguos gobernantes cuyas administraciones estuvieron marcadas, según Morena, por represión social, intervención electoral, espionaje contra opositores, militarización y violaciones graves a derechos humanos.

Morena cerró su respuesta afirmando que “la autodeterminación no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero”, afirmó Montiel Reyes, quien también sostuvo que en México no deben admitirse condenas anticipadas desde el poder, pero tampoco absoluciones anticipadas “expedidas entre amigos, correligionarios”.

El Grupo IDEA denuncia persecución política y habla de un preso político

En su propia declaración, también de este 27 de julio, el Grupo IDEA afirmó que Ruffo Appel fue privado de la libertad y es perseguido sin respeto al debido proceso ni a la presunción de inocencia. El bloque de exmandatarios vinculó ese caso con lo que describió como el desmantelamiento del sistema judicial mexicano y con la designación masiva de jueces mediante elecciones populares en las que, según su texto, predominó la consideración partidaria e ideológica.

Sostuvo el grupo que la situación del exgobernador reúne “características inequívocas” de una persecución política instrumentada desde el poder. También aseguró que, cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar a un adversario y convertir al aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser consigna y se convierte en una denuncia sobre el deterioro del Estado de derecho.

La declaración agregó que mantener privado de la libertad al primer gobernador democráticamente electo de la oposición en la historia de México envía a la sociedad el mensaje de que disentir del poder puede derivar en persecución desde el Estado.

Entre los firmantes del pronunciamiento aparecen Felipe Calderón., Vicente Fox Quesada, José María Aznar, Mauricio Macri, Iván Duque, Álvaro Uribe, Mariano Rajoy, Andrés Pastrana y Mario Abdo, entre otros exjefes de Estado de América Latina y España.