
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó ser víctima de una campaña de desacreditación tras la publicación de su Recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa y respondió a las críticas emitidas.
El pronunciamiento de DGDDH/011/2026, refuta punto por punto trece argumentos que organizaciones, analistas y exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE) han lanzado contra el documento desde su publicación.
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El Ejército y la Recomendación 208VG/2026
Uno de los temas centrales del documento es el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La CNDH concluyó que no hubo participación institucional de elementos de la SEDENA en los eventos violentos contra los estudiantes, descartando la existencia de un plan de “contrainsurgencia” o de exterminio hacia los normalistas. No obstante, la Comisión aclaró que no exonera a nadie, pues las responsabilidades penales corresponden a los tribunales.
En ese sentido, la recomendación aborda a detalle el caso de 20 militares que actualmente se encuentran bajo proceso judicial, incluidos los comandantes del 27/o y 41/o Batallón de Infantería.
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Ante las acusaciones de ocultar información sobre un presunto soldado infiltrado, el organismo señaló que el 27 Batallón es mencionado 76 veces en la recomendación y el estudiante que causó alta en el Ejército aparece en 69 ocasiones. Para zanjar el tema, la CNDH sentenció categóricamente en su comunicado: “MIENTE QUIEN DICE QUE ES EL EJÉRCITO EL BENEFICIARIO DE ESTA RECOMENDACIÓN, SON LAS VÍCTIMAS”.

El pronunciamiento también dedica un espacio importante a responder a las críticas del GIEI, acusando a algunos de sus exintegrantes de intentar mantener con vida una narrativa que, a consideración de la CNDH, ha retardado la justicia.
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En un ejercicio que la Comisión califica como de transparencia y no de criminalización, el documento revela que el GIEI recibió 1.75 millones de dólares en su primera fase entre 2015 y 2016. Posteriormente, en una segunda etapa que abarcó de 2020 a 2023, el grupo obtuvo otros 36 millones 418 mil 944 pesos. Con la exposición de estas cifras, la CNDH cuestionó severamente la falta de resultados sustanciales a casi 12 años de las investigaciones.
“De acuerdo con la información obtenida por la CNDH, solo el GIEI recibió en total, entre 2015 y 2016, 1.75 millones de dólares, equivalente a 30 millones 679 mil 670 pesos. Y en su segunda fase, entre 2020 y 2023, recibieron otros 36 millones 418 944 pesos. Esa información, documentada, consta en el texto de la Recomendación. ¿Decirlo es estigmatizar y criminalizar?"
Frente a los señalamientos de que se reabrió de manera inconstitucional un expediente que ya había sido concluido con la Recomendación 15VG/2018, la institución explicó que la nueva investigación no es una reapertura arbitraria, sino que se originó por una queja interpuesta directamente por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el 24 de junio de 2021.
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La CNDH recordó que la recomendación de 2018 incluía propuestas contrarias a los derechos humanos, como la de investigar a la Normal y a los estudiantes por tráfico de drogas.
La CNDH no puede “cerrar” el caso
Lejos de intentar dar un “carpetazo” o cerrar el caso con una “antiverdad”, el organismo subrayó que su nueva resolución exige a la Fiscalía General de la República (FGR) agotar y concluir todas las líneas de investigación pendientes, incluidas las que involucran la actuación del personal militar. Finalmente, la CNDH reiteró que todo el proceso de esta nueva recomendación se realizó con estricto apego a su Reglamento Interno, priorizando siempre el principio pro persona y los más altos estándares internacionales.
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