CNDH desacredita informes del GIEI y la Comisión de la Verdad: asegura que no hay pruebas para culpar al Ejército

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una extensa recomendación de 867 páginas en la que desacredita los informes publicados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al sostener que no existen pruebas para culpar al Ejército, como se ha informado reiteradamente por grupos de expertos, comisiones de derechos humanos, la familia de los normalistas y sociedad civil.

La CNDH estableció en la Recomendación 208VG/2026, publicada el 9 de julio, que la creación de la llamada “Anti-Verdad Histórica”, una narrativa que, afirmó, responsabiliza infundadamente a las Fuerzas Armadas de México al acusarlas de estar implicadas en la Noche de Iguala de 2014, genera estigmatización y desvía el eje de la investigación iniciada desde hace más de 10 años.

Ello marca una nueva postura en la historia de desaparición forzada más trágica en los tiempos recientes, en donde 43 jóvenes normalistas fueron desaparecidos cuando se trasladaban a la Ciudad de México para participar en las manifestaciones del 2 de octubre del 68.

Desde entonces, las autoridades locales y federales se empeñaron en contar historias diferentes de lo que pudo haber pasado en aquella noche, como la llamada “Verdad Histórica”, encabezada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, demostrándose con el tiempo que muchas fueron versiones falsas.

Mientras eso sucedía, las madres y padres de los 43 normalistas se han dedicado a exigir justicia y verdad para sus hijos, manifestándose constantemente y convirtiéndose en un símbolo de resistencia.

La búsqueda de la verdad por los 43 ha estado marcada por injusticias, irregularidades, torturas y violaciones a derechos humanos. El caso ha tenido foco internacional por organizaciones como Amnistía Internacional, sin embargo, a punto de cumplirse 13 años, sigue sin haber certeza de lo que ocurrió.

La narrativa sobre el Ejército y su implicación en la Noche de Iguala

A lo largo del extenso informe, la CNDH reiteró que la versión sobre la supuesta responsabilidad militar fue alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, sin que hasta ahora exista evidencia objetiva que acredite la participación del Ejército en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 que los señale culpables.

El organismo reconoce antecedentes históricos de represión por parte de las Fuerzas Armadas, “en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, como lo hizo en las recomendaciones general 46/2022 y la 98VG/2023 en las que no se titubeó en señalar nombres y grados de los perpetradores, que hoy son públicos”, sin embargo, sostiene que en el caso Ayotzinapa no hay elementos para sostener la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

El organismo redacta un informe detallado de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y contrasta la información disponible sobre el caso que contempla más de 10 años de investigación, injusticias y violación a los derechos humanos.

Los folios ocultos y la postura de la Defensa Nacional

Uno de los puntos más señalados por la “Anti-Verdad Histórica”, de acuerdo a lo puntualizado por la CNDH, es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI). De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de los 875 folios enlistados por los familiares de los estudiantes, solo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya se entregaron a las autoridades.

La CNDH resalta la explicación de la Defensa donde señala que la numeración no es progresiva, pues el CRFI, inaugurado en diciembre de 2015, quince meses después de la desaparición, usaba números proporcionados por el Batallón de Infantería de Chilpancingo. Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la CoVAJ, la FGR y el GIEI, incluyendo documentos del CRFI, y asegura que nunca ha negado la existencia de información.

El organismo nacional dedica más de 800 páginas para concluir que no hay evidencia de documentos ocultos y que la controversia ha sido utilizada para sostener especulaciones no comprobadas que acusan la Ejército.

CNDH desacredita informes pero asegura defender a víctimas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la defensa a los derechos de las víctimas y acreditó “violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en 2014″.

Emitió recomendaciones para garantizar la inscripción de víctimas en el RENAVI y el acceso inmediato a atención médica, psicológica y tanatológica gratuita, supervisar las medidas de reparación integral, así como fortalecer las escuelas normales rurales mediante autonomía, presupuesto e infraestructura adecuada.

La recomendación está dirigida a las ciudadanas y ciudadanos que integran la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno Constitucional del Estado de Guerrero, las presidencias municipales de los ayuntamientos de Iguala de la Independencia, Cocula, Huitzuco de los Figueroa, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Tepecoacuilco, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como a las secretarías y direcciones de seguridad pública de los municipios mencionados en el Estado de Guerrero.

Además, solicitó informar sobre los avances en la atención a víctimas y en las búsquedas de los normalistas desaparecidos, asegurando la participación de familiares y el cumplimiento de estándares en derechos humanos. También pide retirar imágenes y narrativas que revictimicen o criminalicen a los normalistas y exige capacitación continua en derechos humanos para los cuerpos policiales de Guerrero.

Subrayó la obligación de mantener abiertas las investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos, reconociendo 79 víctimas y dejando el proceso abierto para nuevas incorporaciones, con el compromiso de sancionar a los responsables conforme a la ley.