Doctora rompe el silencio tras el desalojo de su abuelo por una casa en Puerto Vallarta, Jalisco: fue amenazada de muerte

La controversia por el desalojo de Juan Ramírez López, ocurrido en Puerto Vallarta, Jalisco, continúa generando reacciones en redes sociales. Luego de varios días de críticas y señalamientos públicos, la Dra. Ihara Rodríguez decidió compartir su versión de los hechos a través de un video difundido en sus plataformas digitales, donde aseguró que el conflicto ha sido presentado de manera incompleta y que actualmente teme por su integridad.

La médica explicó que la disputa no surgió a raíz de la diligencia realizada el 15 de julio de 2026, sino que forma parte de un litigio familiar que, según su relato, comenzó hace casi nueve años debido a la complicada situación financiera que atravesaba su abuelo.

Durante su mensaje sostuvo que la decisión tomada por su familia buscó evitar que el adulto mayor perdiera su patrimonio debido a las deudas que enfrentaba.

La profesionista afirmó que, tras cubrir esos compromisos económicos, el inmueble quedó registrado legalmente a su nombre mediante un proceso de dación en pago. Añadió que, al mismo tiempo, existía un acuerdo de préstamo de uso o comodato para que sus abuelos continuaran viviendo en la vivienda durante el resto de sus vidas.

No obstante, explicó que la situación cambió después del fallecimiento de su abuela, ocurrido el 7 de agosto de 2020 a consecuencia del COVID-19. Según indicó, las diferencias familiares fueron escalando hasta que, en 2022, su abuelo presentó una demanda en su contra y también contra sus padres, dando inicio a un proceso judicial que continúa vigente.

Niega que haya existido un despojo

Uno de los principales objetivos de su mensaje fue responder a las versiones que circularon en internet tras el operativo realizado este mes.

La doctora rechazó que se tratara de un desalojo ejecutado de manera arbitraria y sostuvo que la actuación fue consecuencia de una orden emitida por las autoridades dentro del juicio que mantienen ambas partes.

Asimismo, aseguró que nunca estuvo presente durante la diligencia, ya que en esas fechas se encontraba en Cancún participando en un congreso médico. También aclaró que las grabaciones donde aparece usando una camisa azul no corresponden al operativo reciente, sino a imágenes captadas en enero de 2023, las cuales, afirmó, fueron utilizadas fuera de contexto.

Denuncia amenazas y filtración de información

Además de explicar el origen del conflicto legal, la especialista aseguró que la exposición pública del caso ha provocado una ola de ataques en su contra.

Indicó que sus datos personales fueron difundidos en redes sociales y denunció haber recibido cientos de mensajes con amenazas de muerte. Incluso reveló que personas desconocidas dejaron una corona fúnebre con su nombre frente a su domicilio, situación que incrementó su preocupación por la seguridad de ella y de su familia.

La médica aseguró que fue juzgada públicamente antes de que se conociera su versión de los hechos y lamentó que gran parte de las opiniones se construyeran únicamente con la información que circuló inicialmente en redes sociales.

Pide frenar el acoso

Al concluir su mensaje, la doctora hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para evitar la difusión de información sin contexto y permitir que sean las autoridades judiciales quienes determinen el desenlace del litigio.

También solicitó detener cualquier manifestación de violencia, hostigamiento o acoso en su contra, al considerar que la discusión pública ha rebasado el ámbito legal y ha puesto en riesgo su integridad personal.

Mientras el proceso continúa en los tribunales, el caso sigue generando un intenso debate en redes sociales, donde ambas posturas han encontrado respaldo. Por ahora, será la autoridad competente la encargada de resolver la disputa sobre la propiedad y definir el desenlace de un conflicto familiar que ha trascendido al ámbito público.