
En contextos de escasez, contaminación o privatización del agua, la distribución y administración diaria suele recaer en las mujeres, quienes soportan una carga adicional tanto en el hogar como en la sociedad. Esta doble labor implica impactos diferenciados y desafíos particulares que no siempre son reconocidos en los diagnósticos oficiales. Paulina Duarte Domínguez, estudiante de posgrado en la Universidad Iberoamericana, desarrolla una investigación que analiza estos fenómenos y sus efectos sobre la comunidad femenina en distintos territorios.
El estudio identifica una limitación fundamental en los informes acerca de este recurso: la mayoría ofrece proyecciones a largo plazo y estrategias generales, pero no presenta soluciones inmediatas ni atiende la realidad de las zonas rurales, indígenas u otras áreas donde la carencia y la toxicidad son problemas cotidianos. Estos planes suelen omitir las desigualdades estructurales y el papel histórico asignado a las ciudadanas, lo que perpetúa escenarios de vulnerabilidad.
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Para la investigadora, las políticas públicas sobre crisis ambientales suelen diseñarse desde perspectivas técnicas, sin contemplar cómo las condiciones sociales y de género transforman radicalmente la vivencia de quienes sufren la problemática en el día a día.
Crisis del agua y la vulnerabilidad de género
El análisis compara dos escenarios muy distintos para comprender cómo se experimenta el derecho al agua en México. Por un lado, las localidades del Río Sonora han vivido por más de diez años las consecuencias del derrame de lixiviados de la minería, lo que ha dañado la salud y la economía local. Por otro, en Puebla, la problemática está relacionada con la privatización y la gestión desigual, lo que encarece y deteriora el acceso al suministro.
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“No puedes aplicar las mismas políticas para la misma situación; hay diferentes condiciones: lo social, lo ambiental y lo cultural de cada estado”, señala la especialista. Así, las soluciones deben adaptarse a los contextos específicos y considerar tanto las particularidades territoriales como los factores sociales y de género.

En ambos entornos, uno de los hallazgos clave es la sobrecarga de responsabilidades que enfrentan las mujeres cuando el acceso al agua no está garantizado por el Estado. Ellas asumen la recolección, administración y protección del recurso, lo que implica un esfuerzo físico considerable y las expone a mayores riesgos, especialmente en regiones donde hay presencia del crimen organizado o inseguridad.
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Queda en evidencia que la falta de infraestructura hídrica no solo afecta la calidad de vida, sino que también puede poner en peligro la integridad de quienes deben recorrer largas distancias para abastecer a sus familias.
Participación de las mujeres en la defensa del agua
La investigación de Duarte utiliza una metodología participativa, dándole voz a la comunidad femenina para que expresen cómo perciben la desigualdad de género y cuáles son sus verdaderas necesidades frente a la crisis del agua. El propósito es incidir en distintos sectores: en lo jurídico, para que las leyes sean realmente protectoras, mientras que en lo social, para visibilizar las condiciones que atraviesan en diversos contextos.
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Este enfoque busca no solo documentar la problemática, sino también promover nuevas perspectivas que reconozcan el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la defensa a este suministro y en el manejo diario de un recurso indispensable para la vida.
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