
La disputa judicial por la fortuna de Ismael “El Mayo” Zambada abrió un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de violencia del crimen organizado en México: la masacre de la familia LeBarón ocurrida en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019.
Las familias de las víctimas solicitaron a una corte federal de Nueva York que les permita reclamar parte de los recursos que el fundador del Cártel de Sinaloa podría entregar como parte de la multa multimillonaria derivada del proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.
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Los demandantes sostienen que “El Mayo” brindó apoyo material al Cártel de Juárez, proporcionando hombres y armamento utilizados en el ataque donde fueron asesinados nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, todos ciudadanos con nacionalidad estadounidense y mexicana.
La petición volvió a colocar bajo los reflectores a La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez que ha sido señalado como el grupo responsable de ejecutar aquella emboscada y que durante más de dos décadas se ha caracterizado por su extrema violencia.
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La Línea: de policías corruptos a brazo armado del Cártel de Juárez
La Línea surgió a principios de la década de los 2000 en Ciudad Juárez, Chihuahua, integrada originalmente por policías municipales y estatales, tanto activos como retirados, que comenzaron ofreciendo protección a organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Con el paso del tiempo, el grupo dejó de fungir únicamente como una red de protección y se convirtió en el principal brazo de sicarios del Cártel de Juárez, organización criminal que durante décadas disputó con el Cártel de Sinaloa el control de una de las rutas de tráfico de drogas más importantes hacia Estados Unidos.
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Durante la guerra entre ambos cárteles, especialmente entre 2008 y 2011, La Línea adquirió notoriedad por la brutalidad de sus ataques.
A este grupo se le atribuyen algunas de las masacres más sangrientas registradas en Ciudad Juárez, como el asesinato de 16 adolescentes durante una fiesta, la ejecución de 19 personas en un centro de rehabilitación y el primer atentado con coche bomba dirigido contra policías federales en la llamada guerra contra el narcotráfico.
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Aunque los constantes operativos provocaron la captura de varios de sus líderes, La Línea logró mantenerse como una de las estructuras criminales más relevantes del norte del país.
Además del tráfico de drogas, el grupo diversificó sus actividades hacia el tráfico de migrantes, robo de vehículos, tala ilegal y narcomenudeo, conservando el control de importantes corredores fronterizos entre Chihuahua y Texas.
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La masacre de Bavispe que conmocionó a México y Estados Unidos
El nombre de La Línea alcanzó repercusión internacional el 4 de noviembre de 2019, cuando un convoy de familias de la comunidad mormona asentada entre Sonora y Chihuahua fue emboscado en una zona serrana del municipio de Bavispe.
El ataque dejó nueve personas asesinadas, entre ellas mujeres y niños pertenecientes a las familias LeBarón, Langford y Miller, además de varios menores lesionados.
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Las investigaciones apuntaron a que integrantes de La Línea habrían confundido el convoy con miembros de un grupo criminal rival durante una disputa territorial.
La masacre provocó una fuerte reacción de los gobiernos de México y Estados Unidos, además de incrementar la presión internacional para combatir a los grupos criminales que operan en la frontera norte.
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En 2022, las familias obtuvieron una sentencia civil favorable contra el Cártel de Juárez en una corte federal estadounidense, resolución que quedó registrada formalmente un año después.
¿Por qué la familia LeBarón quiere parte del dinero de “El Mayo”?
Ahora, los familiares buscan que parte de los 15 mil millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos pretende reclamar como decomiso contra Ismael “El Mayo” Zambada sirvan para cumplir esa sentencia civil.
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Los abogados de las víctimas argumentan que el capo sinaloense proporcionó apoyo material al Cártel de Juárez mediante el suministro de hombres y armamento utilizados en la emboscada de 2019.
Con base en la Ley de Seguro contra Riesgos Terroristas (TRIA), sostienen que los bienes congelados o recursos derivados de organizaciones catalogadas por Estados Unidos como terroristas o vinculadas con actividades terroristas pueden utilizarse para indemnizar a las víctimas.
Además, recuerdan que Zambada fue designado por autoridades estadounidenses bajo la Ley Kingpin, lo que, a su juicio, fortalece el derecho de las familias para reclamar parte de los recursos derivados del proceso penal.
Sin embargo, el Gobierno estadounidense sostiene que esos fondos corresponden exclusivamente al Estado, al tratarse de una sentencia económica dictada directamente contra el acusado y no sobre bienes específicos.

La decisión final quedará en manos del juez Brian M. Cogan, quien deberá resolver si las familias de las víctimas pueden acceder a parte de los recursos que eventualmente entregue “El Mayo” Zambada.
Un grupo criminal que sigue bajo presión
Aunque La Línea ha perdido parte de la fuerza que tuvo durante la guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa, las autoridades consideran que continúa siendo un actor relevante en Chihuahua.
En los últimos años se han detectado posibles divisiones internas y el surgimiento de facciones como La Empresa y el llamado Nuevo Cártel de Juárez, cuya relación con La Línea aún no está completamente definida.
A finales de 2024, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a cuatro de sus principales líderes al acusarlos de traficar fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de mantener presuntos vínculos operativos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mientras continúa esa presión contra la organización, la resolución del litigio sobre la fortuna de “El Mayo” podría convertirse en un precedente para otras víctimas que buscan obtener reparaciones económicas por ataques atribuidos al crimen organizado.
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