Nuevas obligaciones, mismos recursos: señalan riesgo de colapso para fiscalías ante iniciativa de Ley General de Feminicidio

La reciente iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se enfrenta a cuestionamientos sustanciales sobre su viabilidad operativa, de acuerdo con un informe publicado por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Según el documento, esto se deberá a la falta de recursos previstos para las fiscalías y servicios periciales encargados de implementar la nueva legislación, en caso de que sea aprobada.

La propuesta legislativa, que busca homologar el delito de feminicidio en todo el país, endurece sanciones y amplía agravantes, exigiendo a los Ministerios Públicos y servicios periciales una serie de actos de investigación pericial obligatorios.

Sin embargo, no contempla un incremento presupuestal para dotar de mayores capacidades a estas instituciones que ya presentan signos de saturación.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 citado en el informe, en el país existen 378 unidades y 937 laboratorios de servicios periciales y médicos forenses, con sólo 14 mil 466 personas peritas.

Este personal tuvo que atender en 2024 un total de 5 millones 069 mil 925 intervenciones periciales, de las cuales quedaron pendientes 557 mil 962.

Estos datos, señala el informe, muestran que el aparato de procuración de justicia opera con una sobrecarga estructural.

La exigencia de la ley de que los servicios periciales realicen identificación de víctimas mediante huellas dactilares, análisis genéticos, antropología forense y una variedad de dictámenes especializados, aunada a la creación de nuevas fiscalías especializadas en feminicidio, pone en jaque la sostenibilidad operativa del sistema, al no prever recursos adicionales para cumplir con estas tareas.

El riesgo, advierte el documento difundido por México Unido Contra la Delincuencia, es que la creación de nuevas obligaciones sin un refuerzo presupuestal tenga el efecto contrario al buscado: debilitar tanto a las nuevas instituciones como a las ya existentes, fragmentando recursos humanos y financieros y comprometiendo la calidad y oportunidad en la atención a las víctimas.

Por su parte, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres 2026-2030, presentado en mayo de este año, sí reconoce explícitamente la necesidad de ampliar cobertura y fortalecer capacidades, pero pospone el compromiso presupuestal hasta las etapas finales del plan, proyectándolo incluso hacia 2030 y 2045.

“El establecimiento de actos de investigación obligatorios no está acompañado de un aumento presupuestal real de los servicios periciales ni de la infraestructura forense”, señala el informe difundido por México Unido Contra la Delincuencia.

El documento subraya también que no considerar estos retos operativos pone en riesgo toda la política pública de combate al feminicidio, pues las nuevas leyes pueden quedarse en el papel si carecen del soporte institucional y financiero para ser ejecutadas.

Además, el informe documenta que la sobrecarga actual de trabajo en ministerios públicos, peritos y médicos forenses no sólo implica retrasos, sino que puede propiciar simulaciones o incumplimientos en la aplicación de protocolos, sin que existan sanciones o consecuencias jurídicas claras en caso de omisión.

Finalmente, se recalca que para que la política pública sea efectiva, es indispensable que el fortalecimiento institucional vaya acompañado de presupuesto, reglas claras de asignación de recursos y mecanismos efectivos de seguimiento y rendición de cuentas.

Sheinbaum envía al Congreso de la Unión iniciativa para Ley General de Feminicidio

En julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Esta propuesta busca homologar la investigación y sanción del feminicidio en todo el país, ya que hasta ese momento cada estado tenía su propia normativa y sanciones, lo que generaba irregularidades y deficiencias en la investigación de estos delitos.

Entre los problemas señalados estaban la incorrecta clasificación de feminicidios, la falta de protocolos homologados, carencia de registros públicos y ausencia de perspectiva de género.

La iniciativa establece una pena de 50 a 70 años de prisión para el feminicidio y contempla 19 agravantes, así como sanciones adicionales como pérdida de derechos sucesorios y de patria potestad.

Prohíbe beneficios como la amnistía o la conmutación de pena y estipula que toda muerte violenta de mujer debe investigarse como feminicidio desde el inicio, bajo protocolos nacionales obligatorios.

Se plantea también la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para armonizar la legislación y dar seguimiento a la aplicación de la ley, así como la implementación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y medidas de protección integral para mujeres sobrevivientes, priorizando el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.