Extorsión en BCS creció 95% en los primeros meses de 2026: de 24 víctimas a 92 en solo dos años

La extorsión en Baja California Sur creció 95.7% en los primeros cinco meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública analizados por la revista ZETA. El delito afectó a 75 víctimas directas entre enero y mayo de este año, más otras 17 registradas como tentativa, para un total de 92 personas vinculadas al fenómeno extorsivo, mientras que en el mismo lapso de 2024 solo se contabilizaron 24 afectados.

El estado ocupa el sexto lugar nacional con más casos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 7.70, por debajo de Morelos (14.85), Zacatecas (9.44), Colima (8.55), Guanajuato (8.53) y la Ciudad de México (7.94). La cifra contrasta con la reducción mínima del 2% que reporta la Estrategia Nacional contra la Extorsión desde su arranque el 6 de julio de 2025.

BCS: de 24 a 92 víctimas en dos años

Al comparar los primeros cinco meses de 2024 con los de 2026, el incremento acumulado llega a 283%. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa en la entidad ha sido el catalizador que los delincuentes aprovecharon para intensificar sus amenazas y obtener ganancias de personas sin vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con la investigación de ZETA.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que, de las 92 víctimas del periodo, 7 recibieron la visita física de delincuentes, 67 fueron contactadas por otros medios y, de las 17 tentativas, una fue presencial y el resto ocurrió por vías distintas al contacto directo.

Las modalidades del delito en La Paz y Los Cabos

La modalidad más extendida consiste en llamadas telefónicas en las que el presunto delincuente se identifica como integrante de un grupo criminal y dirige amenazas personalizadas a sus víctimas. Uno de los números denunciados, el 9981158030, utiliza esa técnica, según reveló la División Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La grabación de una de esas llamadas, documentada por ZETA, ilustra el nivel de violencia verbal: “Yo no quisiera tener que entenderme con usted a la mala”, advierte el presunto extorsionador a quien identifica como Romina, y añade que, si ella cuelga, “cuando te tenga aquí amarradita a la pinche silla, no me vaya a decir que no es usted”.

La División Cibernética de la PGJE describió el patrón operativo: “Los delincuentes contactan telefónicamente a las víctimas haciéndose pasar por integrantes de un grupo delictivo. Aprovechan información relacionada con actividades laborales o servicios solicitados previamente para dar credibilidad a la amenaza”.

Los comerciantes con presencia en internet son el blanco preferente, pues los extorsionadores localizan sus datos de contacto en línea y los llaman con el pretexto de ofrecerles “protección”. El objetivo es mantener a la víctima ocupada en la línea el mayor tiempo posible.

Una segunda modalidad, en ascenso por su efectividad según ZETA, opera mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp. Una vez tomado el control de la cuenta, el delincuente escribe a los contactos del afectado con mensajes como: “Buen día como estas? Una disculpa ocupo un favor, Es que necesito hacer un pago pero tengo problemas con mi banco, te quería pedir el favor si tienes 8,900 para transferir te los devuelvo mañana sin falta”.

Cuando la potencial víctima acepta, el criminal envía los datos de una cuenta bancaria —en el caso documentado, una tarjeta de Banregio— y retira el dinero de inmediato. Tras completar la transferencia, abandona la cuenta hackeada y continúa con otros objetivos.

La Policía Estatal Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en lo que va de 2026 logró evitar depósitos por un monto conjunto de 2.4 millones de pesos. Haydee Amador, titular de la Unidad de Análisis e Investigación de la Policía Estatal Preventiva, precisó: “En lo que va del año, se han prevenido 15 casos de secuestro virtual, además de 876 asesorías brindadas a la ciudadanía para prevenir afectaciones económicas y emocionales”.

La denuncia de 290 tiendas y la respuesta de la PGJE

En mayo de 2023, la empresa Controladora de Negocios Comerciales S.A. de C.V. presentó una denuncia ante la PGJE en la que reportó que cerca de 290 tiendas habían compartido información sobre “visitas” de integrantes de la delincuencia organizada. El documento interno señaló que el 23% de esos negocios vendía, de manera forzada, cigarros de la marca “Marble”, un producto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera ilegal por no pagar impuestos.

El entonces titular de la Procuraduría, Daniel de la Rosa Anaya, confirmó en 2024 la recepción de esa denuncia: “Hay una denuncia que se presenta de alrededor de 16 tiendas, negocios de autoservicio, entonces, es lo que se ha venido investigando”. A la fecha, la investigación no ha registrado avances públicos.

El actual Procurador General, Antonio López Rodríguez, reconoció en una reunión con empresarios de Los Cabos que las extorsiones también ocurren de forma presencial, y aclaró la distinción legal respecto al cobro de piso aplicado a pescadores: “El cobro de piso es cuando un grupo de personas o una persona llega a un negocio o con alguna persona que violentamente le exige que entregue de manera periódica un pago”. Según López, lo que ocurre con los pescadores —a quienes obligan a vender su producto a una empresa determinada— no encuadra técnicamente en ese tipo penal.

El procurador advirtió que la extorsión ya afectó de forma severa a destinos como Cancún, Quintana Roo, y Acapulco, Guerrero, y que su llegada a Los Cabos era previsible. “Afortunadamente aquí ese tipo de actividades que puede llegar a ocurrir se ha logrado controlar”, sostuvo, aunque reconoció la necesidad de mecanismos de denuncia anónima más eficaces y con mayor protección para los denunciantes.

El Operativo Bitácora y el llamado empresarial en La Paz

El 15 de agosto de 2022, la Policía Estatal Preventiva puso en marcha el Operativo Bitácora en el municipio de La Paz, tras las denuncias de la CANACO local sobre presuntos cobros de piso en negocios de la ciudad. Luis Alfredo Cancino Vicente, secretario de Seguridad Pública Estatal, explicó que el operativo consiste en visitas de fuerzas municipales, estatales y federales a distintos comercios para medir la percepción de seguridad entre los empresarios.

Cancino Vicente reconoció que varias detenciones por extorsión física correspondieron a personas que se hicieron pasar por integrantes de grupos criminales: “Han resultado personas que se suplantan como integrantes de algún cártel, cárteles que ni siquiera están delinquiendo en el estado”. El secretario reiteró el llamado a la ciudadanía a presentar denuncias anónimas.

Ante el alza sostenida del delito, el sector empresarial de La Paz suscribió el “Pacto Contra la Extorsión por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad”. Héctor Jesús Castro Salazar, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la capital, exigió que el sistema de denuncia anónima —vinculado al C5 y el número 89— sea genuinamente confidencial: “Lograr que haya una confianza en la denuncia anónima, que realmente sea una denuncia anónima en la cual se haga un efecto multiplicador y cree una confianza en la ciudad de La Paz”.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío confirmó públicamente las afectaciones al sector pesquero. El caso de los pescadores fue atraído directamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en el operativo denominado internamente “Los Harfuch”.

El secretario de Seguridad estatal subrayó que la extorsión en BCS responde principalmente a fraudes digitales y páginas web falsas, no al cobro de piso tradicional: “Las estadísticas dicen que continúa la extorsión, pero la extorsión en Baja California Sur afortunadamente no es un tema de cobro de piso, sino es un tema de fraudes, temas de páginas web que hacen que el consumidor caiga depositando en páginas falsas”. Las campañas de prevención en escuelas y la coordinación con unidades de proximidad empresarial forman parte de la respuesta institucional, aunque los números del Secretariado Nacional indican que el delito no cede.