El negocio del miedo: cómo la extorsión drena 900 mdd anuales de la economía mexicana

México enfrenta una de sus crisis de seguridad más invisibles: la extorsión. De acuerdo con un reportaje publicado por The Guardian, entre 2016 y 2025 los casos reportados de este delito prácticamente se duplicaron, y solo en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron cerca de 3 mil 600 denuncias oficiales a nivel nacional.

Sin embargo, esa cifra representa apenas una fracción del problema real. Según el medio británico, únicamente el 0.2% de los casos de extorsión se denuncia, lo que la convierte en el crimen más “silencioso” del país. Las víctimas callan, principalmente, por miedo a represalias.

Un delito que no distingue víctimas

El alcance de la extorsión en México va mucho más allá de los grandes empresarios. De acuerdo con The Guardian, vendedores de tamales, heladeros, agricultores y familias enteras en zonas rurales forman parte de las víctimas.

En el municipio de Huautla, Morelos, el obispo de Cuernavaca denunció públicamente que grupos delictivos exigían a los habitantes 10 dólares por cada miembro de la familia al mes solo por vivir en la localidad, una cantidad equivalente a dos tercios del salario mínimo diario.

En Cuautla —señalada por el mismo prelado como la “capital de la extorsión” en México— algunos comerciantes debían pagar simultáneamente a dos organizaciones criminales distintas.

El experto en anticorrupción Emmanuel Moya, citado por The Guardian, resume la lógica del fenómeno: “No discriminan a nadie. Por eso es tan rentable, tan fácil de cometer y tan difícil de combatir.”

Cuando denunciar puede costar la vida

El silencio de las víctimas tiene razones concretas. El reportaje narra el caso de Luis —nombre ficticio—, quien fue detenido por policías en una ciudad mexicana, trasladado durante horas en una patrulla, amenazado y víctima de abuso sexual, hasta que los oficiales vaciaron sus cuentas bancarias. Al liberarlo, le advirtieron que cualquier denuncia tendría consecuencias fatales.

Casos así ilustran por qué hablar puede resultar letal. En octubre de 2025, el líder de una organización de productores de limón en Michoacán fue asesinado tras denunciar reiteradamente extorsiones. Semanas después, Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapán, fue baleado el Día de Muertos luego de señalar públicamente tanto a grupos criminales como a funcionarios locales involucrados en el delito.

El costo económico y la respuesta del gobierno

Según el Global Organized Crime Index, citado por The Guardian, México figura entre los cinco países con mayor extorsión y crimen organizado del mundo, junto a Libia, Colombia, Honduras y Somalia. El costo económico del delito equivale al 0.04% del PIB nacional, cerca de 900 millones de dólares anuales.

Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional para convertir la extorsión en delito federal, lo que permitiría investigar casos sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia formal. Desde julio de 2025, la denominada “estrategia nacional contra la extorsión” ha resultado en más de 1,300 detenidos.

Además, la Operación Enjambre —enfocada en combatir la corrupción de funcionarios locales— ha derivado en el arresto de más de 70 servidores públicos, al menos cinco de los cuales ya tienen condena por extorsión.