CEDH abre investigación por atropellamiento masivo en Los Cabos: analiza posible omisión de autoridades

La actuación de las autoridades municipales durante el atropellamiento masivo registrado el pasado miércoles 24 de junio en Cabo San Lucas será revisada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS), organismo que abrió una queja de oficio para determinar si las corporaciones encargadas de la seguridad pública y la protección civil cumplieron con sus obligaciones durante los festejos posteriores a un partido de fútbol.

La investigación se centra en establecer si existieron deficiencias en la planeación, coordinación o ejecución de los operativos implementados para un evento que reunió a cientos de personas en el centro de ese destino turístico. El incidente dejó 17 personas lesionadas y, días después, una de ellas murió a causa de las heridas que sufrió.

La presidenta de la CEDHBCS, Charlene Ramos Hernández, informó que el expediente fue iniciado de manera oficiosa con el objetivo de realizar una revisión independiente sobre la respuesta institucional desplegada antes, durante y después de los hechos.

La ombudsperson explicó que la Comisión analizará si las dependencias responsables adoptaron las medidas necesarias para proteger a la población y verificar si hubo acciones u omisiones que pudieran traducirse en una vulneración de derechos humanos.

Además de recabar información de las autoridades involucradas, el organismo solicitará documentación relacionada con los operativos implementados ese día para evaluar si estos fueron acordes con el nivel de concentración de personas registrado tras el encuentro entre las selecciones de México y República Checa.

Del festejo al caos

El atropellamiento ocurrió mientras decenas de aficionados celebraban el resultado del partido en calles del centro de Cabo San Lucas. Después de que un vehículo embistió a varias personas, un grupo de asistentes golpeó al conductor, quien permaneció hospitalizado y posteriormente falleció debido a las lesiones provocadas durante la agresión.

La muerte del automovilista abrió una segunda línea de investigación penal, mientras las autoridades continúan integrando las carpetas correspondientes para determinar la responsabilidad de quienes participaron en ambos hechos.

Especialista plantea las posibles consecuencias legales

Más allá de las investigaciones penales, el caso también podría tener implicaciones en el ámbito administrativo y patrimonial.

Óscar Jesús Manríquez Palacios, integrante de la Academia Mexicana de Abogacía y Ciencias Jurídicas (ACAMEX), consideró que la actuación del Ayuntamiento de Los Cabos puede ser objeto de revisión si se demuestra que los operativos de vigilancia resultaron insuficientes para un evento de esas características.

El abogado sostuvo que diversos videos y testimonios difundidos tras el incidente muestran una aparente ausencia de elementos policiacos en una de las zonas con mayor afluencia de visitantes del municipio, situación que, a su juicio, justificaría analizar si existió un funcionamiento irregular del servicio público.

De acreditarse esa circunstancia, explicó, las personas afectadas tendrían la posibilidad de promover una reclamación con base en la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California Sur.

¿Qué podría reclamar una víctima?

La legislación estatal establece que las autoridades deben responder por los daños ocasionados cuando un servicio público funciona de manera irregular. En esos casos, las víctimas pueden solicitar una reparación integral que incluya, según corresponda, gastos médicos, daño moral, lucro cesante y otras afectaciones derivadas de las lesiones sufridas.

La norma también dispone que corresponde a la autoridad demostrar que actuó conforme a los protocolos aplicables cuando una reclamación esté relacionada con una presunta omisión administrativa.

Por ahora, la apertura de la investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos no implica que exista responsabilidad de alguna autoridad. El procedimiento tiene como finalidad determinar si hubo fallas en la actuación institucional y, con base en los resultados, emitir las recomendaciones que estime pertinentes.