Condenan a 25 años de prisión a dos mujeres que se hicieron pasar por inspectoras de COFEPRIS para extorsionar a comerciante en CDMX

Un juez de la Ciudad de México sentenció a Brenda “N” y María “N” a 25 años de prisión por extorsión agravada en pandilla, luego de que ambas usaron chalecos e identificaciones falsas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFERIS) para amenazar con clausurar un negocio de alimentos en la alcaldía Iztacalco y exigirle dinero a su dueño.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la condena este 10 de julio. Según los datos revelados, junto a la pena de cárcel, la autoridad judicial impuso a cada sentenciada el pago de una multa de 565 mil 700 pesos.

La FGJCDMX acreditó la responsabilidad de ambas con testimonios, dictámenes periciales y otros medios de prueba presentados a lo largo del juicio.

María “N” amenazó con multa de hasta 120 mil pesos por supuesta insalubridad

Según las indagatorias acreditadas, el pasado 22 de abril de 2025, las dos mujeres llegaron al establecimiento portando chalecos e identificaciones apócrifas de la COFEPRIS. Se dirigieron a un empleado del negocio -del cual no se revelaron detalles- y le notificaron que el local sería clausurado por condiciones de insalubridad.

Para presionar, María “N” detalló a los afectados que la multa por las supuestas irregularidades ascendería a entre 90 mil y 120 mil pesos. La cifra buscaba generar urgencia antes de que el propietario llegara al lugar.

Cuando el dueño se presentó, las sentenciadas cambiaron el planteamiento: dejaron de hablar de la multa oficial y le ofrecieron una salida. Le dijeron que, si entregaba 25 mil pesos, intercederían ante un supuesto coordinador para frenar el procedimiento de clausura.

El propietario salió del negocio, contactó a la SSC y regresó con policías

Luego de la extorsión, el comerciante afectado no entregó el dinero de inmediato. Salió del establecimiento con el pretexto de reunir la cantidad exigida y, en el trayecto, pidió apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los policías lo acompañaron de regreso al negocio.

Al llegar, los agentes revisaron las credenciales que portaban Brenda “N” y María “N”, confirmaron que eran falsas y procedieron a detenerlas en el lugar.

Quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, lo que dio inicio al procedimiento que derivó en la condena de 25 años de prisión y la multa de más de medio millón de pesos para cada una.

La COFEPRIS tiene 54 verificadores activos en CDMX y publica su listado oficial

La COFEPRIS es el organismo federal encargado de vigilar que los productos y servicios que consumen los mexicanos no representen un riesgo para la salud. Revisa desde restaurantes y supermercados hasta farmacias y laboratorios, y tiene facultades para multar o clausurar establecimientos que incumplan la normativa sanitaria.

Para que los comerciantes puedan distinguir a un inspector legítimo de uno falso en la capital, la COFEPRIS publica en su sitio oficial el listado de los 54 verificadores sanitarios en función en la Ciudad de México, todos con vigencia al 31 de diciembre de 2026 y folio de credencial registrado.

También existen registros para las otras 31 entidades de la república.

Un verificador autorizado de la COFEPRIS debe presentar, desde el inicio de la visita, dos documentos: credencial vigente con fotografía, folio, fecha de vigencia y la leyenda “Válida solo cuando exhibe orden de visita”, y el original de la orden de verificación con firma autógrafa de la autoridad competente.

La fotografía impresa en la orden debe coincidir con la persona que se presenta.

La vestimenta institucional —chaleco y camisa con logotipos oficiales— es un elemento adicional, no suficiente por sí solo. Ningún verificador autorizado puede recibir dinero en efectivo durante la visita ni ofrecer acuerdos para evitar una clausura. Cualquier multa o trámite se paga a través de plataformas oficiales, no en el establecimiento.

Si un supuesto verificador exige dinero en efectivo o propone un arreglo para no clausurar, la dependencia exhorta a no pagar y a denunciar de inmediato.