La Fiscalía General de la República acusa a Alejandro Mario Álvarez Puga de haber sido uno de los arquitectos financieros de un desvío de casi 3 mil millones de pesos del erario federal. El caso, que involucra a una de las familias más conocidas de México, ha captado la atención pública durante cinco años y representa una de las investigaciones financieras más complejas en la historia reciente del país.
La detención de Álvarez Puga tuvo lugar la noche del 9 de julio de 2026, en plena zona hotelera de Cancún. Elementos de la Policía Federal Ministerial lo interceptaron sobre el Bulevar Kukulcán, donde fue arrestado conforme a una orden judicial derivada de las pesquisas federales.
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Tras su captura, el empresario y abogado fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. Allí quedó a disposición de un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde enfrentará los cargos que la autoridad ministerial sostiene en su contra.
Los cargos que enfrenta ante la justicia federal
La FGR le imputa tres delitos. El primero es delincuencia organizada, por ser señalado como parte de una estructura permanente y coordinada para cometer ilícitos de forma reiterada. El segundo es operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero por la triangulación y dispersión de fondos públicos. El tercero es desvío de recursos públicos y fraude, por su vinculación directa con los contratos gubernamentales asignados a las empresas de la red.
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Alejandro Álvarez Puga, junto con su hermano Víctor Manuel, está acusado de operar una red de compañías fantasma para desviar 2 mil 950 millones de pesos provenientes de dos contratos con el Gobierno Federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ese dinero estaba destinado al equipamiento y la mejora tecnológica de centros penitenciarios federales bajo la entonces Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
Cómo funcionaba el esquema de triangulación
El mecanismo operaba en cuatro etapas. La primera consistía en la emisión del contrato: el Gobierno Federal transfería recursos públicos por supuestos servicios tecnológicos a empresas de la red. La segunda era la dispersión en cascada: ese dinero pasaba a una serie de compañías fachada sin actividad real. La tercera era el lavado: se ejecutaron 1 mil 446 operaciones bancarias simuladas para borrar el rastro del dinero. La cuarta era la distribución final: los recursos llegaban a cuentas personales de miembros de la familia y de la conductora Inés Gómez Mont, quien recibió cerca de 14.8 millones de pesos de procedencia presuntamente ilícita.
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La defensa de Gómez Mont siempre rechazó esas acusaciones y calificó el proceso como una persecución sin fundamento. La FGR, no obstante, acreditó los depósitos de forma directa en el expediente.
El origen del negocio y la mirada del SAT
Los hermanos Álvarez Puga, nacidos en Chiapas en 1975 y 1976 respectivamente, construyeron su carrera como abogados especializados en planeación fiscal y subcontratación de personal. Su firma, Álvarez Puga & Asociados, prometía a grandes corporativos optimizar sus cargas tributarias dentro del marco legal.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) auditó el despacho en 2010 ante indicios de facturación simulada y evasión fiscal a gran escala. Esa investigación no prosperó en ese momento, pero abrió el expediente que años después derivó en las órdenes de aprehensión.
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La conexión con Inés Gómez Mont y la fuga de 2021
Víctor Manuel Álvarez Puga contrajo matrimonio con la conductora en 2015. El perfil público de ella, que exhibía jets privados, bolsos Hermès y mansiones en Miami, puso bajo los reflectores los ingresos de toda la familia.
En septiembre de 2021, un juez federal giró órdenes de aprehensión contra la pareja por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Ambos desaparecieron del ojo público de un día para otro. La Interpol emitió una Ficha Roja para su búsqueda en más de 190 países.
El rastro inmobiliario en Florida
Las actividades del clan no se detuvieron tras la fuga. En 2022, Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont enfrentaron en Florida una demanda civil por la hipoteca de una mansión en el exclusivo vecindario Town & Ranch Estates, en el condado de Miami. La conductora había adquirido ese inmueble en 2021 a través de una firma fachada.
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En 2023, la propiedad fue transferida a la compañía JBL Global Properties Corp., presidida por Andrea Morán, esposa de Alejandro Álvarez Puga. El movimiento vinculó de forma directa al ahora detenido con la estrategia patrimonial de la familia en Estados Unidos.
El proceso de extradición de Víctor Manuel y la audiencia pendiente
Tras cuatro años como prófugo, Víctor Manuel Álvarez Puga fue retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida por irregularidades migratorias. El Gobierno mexicano tardó cuatro años en formalizar la solicitud de extradición, pese a que existían indicios sólidos de que la pareja residía en ese estado.
El empresario solicitó asilo político ante los tribunales estadounidenses, con el argumento de ser víctima de persecución en México. La audiencia que definirá si es deportado, extraditado o permanece en Estados Unidos está programada para noviembre de 2026.
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