
El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que asegura que la mandataria fue “mal informada” sobre el proceso penal que enfrenta y denuncia que existen funcionarios dentro del propio Gobierno federal que estarían obstaculizando el acceso a pruebas que, según sostiene, demostrarían su inocencia.
La carta, fechada el 4 de julio de 2026 en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue difundida junto con su versión manuscrita y una transcripción íntegra. En ella, el mando naval reitera que desde hace diez meses permanece privado de la libertad dentro de la causa penal 325/2025, en la que enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
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Farías Laguna insiste en que las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas y afirma que la imputación se basa principalmente en un video anónimo publicado en YouTube, así como en declaraciones de un testigo colaborador que, asegura, obtuvo beneficios procesales a cambio de incriminarlo.
Denuncia violaciones al debido proceso
En el documento, el Vicealmirante sostiene que desde noviembre de 2024 solicitó, por conducto de la Fiscalía General de la República, diversos actos de investigación dirigidos a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México con el propósito de acreditar que nunca ocupó cargos relacionados con la designación o validación de personal para aduanas marítimas.
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Según expone, dichos documentos demostrarían que nunca propuso ni autorizó nombramientos dentro de las aduanas, uno de los principales señalamientos que sustentan la acusación en su contra.

Asimismo, afirma haber solicitado entrevistas realizadas por la Unidad de Inteligencia Naval a diversos elementos de la Marina, las cuales —asegura— contendrían presuntas amenazas y presiones para obtener declaraciones inculpatorias contra él y otros imputados.
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De acuerdo con su versión, tanto esas entrevistas como otros documentos le han sido negados bajo el argumento de que constituyen información reservada por motivos de Seguridad Nacional.
Farías Laguna sostiene que esta negativa vulnera su derecho a una defensa adecuada y representa una obstrucción a la justicia, ya que, afirma, le impide acceder a elementos que podrían favorecer su situación jurídica.
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Afirma que fue exhibido como culpable
Uno de los puntos centrales de la nueva carta es el señalamiento directo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Vicealmirante afirma que la mandataria recibió información incorrecta sobre su caso y sostiene que las referencias realizadas durante la Conferencia del Pueblo lo presentan públicamente como responsable de integrar una organización dedicada al contrabando de combustible, pese a que su proceso judicial continúa abierto.
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A su juicio, esas declaraciones vulneran el principio de presunción de inocencia, afectan el debido proceso y generan un “efecto corruptor” sobre el procedimiento judicial al influir en la percepción pública respecto de su responsabilidad.
En el escrito también cuestiona que, mientras otros servidores públicos reciben —según afirma— garantías para preservar su presunción de inocencia, en su caso fue detenido, vinculado a proceso y exhibido públicamente sin haber sido llamado previamente a declarar.
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Incluso sostiene que ha sido utilizado como un “chivo expiatorio” para responsabilizarlo de hechos con los que asegura no tener relación.
Otro de los señalamientos contenidos en la carta apunta a la existencia de funcionarios dentro del propio Gobierno federal que, de acuerdo con su versión, conocen los hechos investigados, continúan desempeñando cargos públicos y estarían impidiendo deliberadamente que salgan a la luz pruebas favorables para su defensa.
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Aunque no identifica a esas personas, solicita a la presidenta intervenir para evitar que continúe esa presunta obstrucción.
Finalmente, Farías Laguna pide a Sheinbaum instruir a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas para que entreguen la información requerida por la Fiscalía General de la República y garanticen el acceso a las pruebas que considera indispensables para demostrar su inocencia.
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En la parte final de la misiva, el Vicealmirante solicita que se respete el Estado de derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que expresa su confianza en que la Presidenta reciba “la verdadera información del caso” y actúe para evitar nuevas violaciones a sus derechos durante el desarrollo del proceso penal.
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