Organizaciones exigen que asesinato de Roxana Berenice, periodista secuestrada en Veracruz, se investigue como feminicidio

Un mes después de su desaparición, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue secuestrada de su domicilio en Veracruz el pasado 2 de junio, fue localizada sin vida, según confirmó este 3 de julio la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

En su comunicado, la Fiscalía informó que el hecho es investigado como “delito de homicidio doloso calificado”. Ante ello, las organizaciones Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y Red Nacional de Periodistas exigieron a las autoridades investigar el asesinato de Roxana Berenice como un feminicidio y con perspectiva de género e interseccionalidad.

A través de un comunicado, los colectivos consideraron que la clasificación actual del caso como homicidio doloso calificado no contempla las condiciones de género ni el contexto de violencia que enfrentan las mujeres periodistas en la región.

Fiscalía de Veracruz confirma hallazgo del cuerpo tras un mes de búsqueda

El 2 de junio, un grupo armado ingresó al domicilio de Guzmán Ramírez en Nanchital y la secuestró frente a su familia, lo cual quedó grabado en video desde el celular de la comunicadora. Pasó un mes y un día antes de que las autoridades lograran localizar sus restos y detener a los presuntos responsables.

Durante ese periodo, la familia y organizaciones exigieron que la búsqueda se realizara con perspectiva de género, en un país donde existen más de 135 mil personas desaparecidas.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó el 3 de julio que, tras la detención de José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, se logró ubicar el rancho donde se hallaba el cuerpo de la periodista. Cadena Escayola, junto con otros tres presuntos responsables, habría participado directamente en la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de Guzmán Ramírez. Otros cuatro detenidos, identificados como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, presuntamente brindaron apoyo logístico al grupo delictivo.

En el operativo participaron la Marina, la FGE y la CONASE, logrando la detención del supuesto jefe operativo del grupo criminal conocido como “Delta 1”. Las autoridades aclararon que no hay relación entre este apodo y otros líderes criminales detenidos en el estado.

Organizaciones exigen reclasificación del caso a feminicidio

Las organizaciones CIMAC y la Red Nacional de Periodistas aseguraron en su posicionamiento, difundido en redes sociales, que es indispensable que se agoten todas las líneas de investigación y se sancione integralmente a quienes resulten responsables.

Lamentaron los hechos y que la Fiscalía haya optado por investigar el caso como homicidio doloso calificado y no como feminicidio. Enfatizaron que las desapariciones y asesinatos de mujeres periodistas presentan patrones de violencia de género que deben atenderse con protocolos especializados, respetando la dignidad de la víctima y su familia.

Las agrupaciones también rechazaron que autoridades estatales minimicen la violencia contra la prensa: “La gobernadora Rocío Nahle García ha sostenido que las agresiones registradas recientemente en la entidad ‘no son por su trabajo periodístico’ y ha rechazado la existencia de un patrón de violencia contra la prensa, afirmando que en su gobierno existe absoluta libertad de expresión”, citaron en su comunicado.

Violencia contra periodistas y antecedentes del caso

El asesinato de Roxana Berenice ocurre en un contexto nacional donde México se mantiene entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En 2025, nueve periodistas fueron asesinados, y Veracruz destaca por su historial de agresiones y desapariciones de comunicadores.

El caso de Guzmán Ramírez tiene antecedentes de violencia: en 2017 su esposo fue ejecutado, hecho que la obligó a salir temporalmente del estado. Retornó en enero de 2026 para fundar el medio digital Pulso Informativo del Sureste, cubriendo temas comunitarios, sociales y de seguridad.

Las organizaciones condenaron también la difusión de versiones que buscan responsabilizar a la víctima o estigmatizarla. Adviertieron que ninguna circunstancia personal puede utilizarse para justificar la violencia sufrida e insistieron en que la cobertura mediática y la actuación institucional deben evitar cualquier forma de revictimización y priorizar el respeto a la dignidad de la periodista y su familia.

“Ningún acto de violencia contra las mujeres, y menos aún contra quienes ejercen el periodismo, puede quedar impune. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para Roxana Berenice Guzmán Ramírez y su famila”, aseveraron los colectivos.