Más de 70 años después del sufragio femenino, la igualdad política sigue siendo una deuda en México

La conmemoración de la primera vez que las mujeres votaron en México en unas elecciones federales (1955), se celebra cada 3 de julio, fecha que recuerda su reconocimiento legal el 17 de octubre de 1953.

Este hito no solo permitió que pudieran participar en las urnas, sino que también abrió la puerta para que fueran candidatas a cargos de elección popular. Sin embargo, el camino hacia la igualdad política fue largo y estuvo marcado por resistencias ideológicas y culturales.

El sufragio femenino no surgió de la noche a la mañana. A lo largo del siglo XIX y XX, la lucha de las mujeres por su derecho a la ciudadanía fue parte de una ola internacional que se consolidó cuando más de 80 países aprobaron este derecho durante el siglo pasado. En México, la demanda se fortaleció especialmente en el periodo posrevolucionario, cuando la comunidad femenina empezó a cuestionar la falta de equidad política.

La conquista formal del voto femenino tuvo antecedentes en los años treinta, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando tanto la Cámara de Diputados como el Senado comenzaron a reconocer la importancia de su participación política. Sin embargo, la reforma constitucional quedó pendiente hasta 1953, ya en el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, tras décadas de movilización y presión social.

Obstáculos históricos desde el primer voto femenino en México

A pesar del avance legal, el ejercicio del voto por parte de las mujeres no estuvo exento de obstáculos. Durante varias décadas, predominó la idea de que la participación femenina no era necesaria, bajo el argumento de que la participación del esposo o del padre representaba el sentir familiar. Según la investigadora María Marván Laborde de la UNAM hubo partidos que consideraban innecesario reconocer este derecho, pues asumían que las familias votarían en bloque.

En 1947 se permitió la participación de las mujeres exclusivamente en elecciones municipales, motivados por el temor de que su voto favoreciera posturas conservadoras e influenciado por su supuesta cercanía con la Iglesia. No fue sino hasta 1953 cuando se estableció el sufragio universal, resultado de la presión de activistas y colectivos femeninos que desde el sexenio cardenista exigían cambios legales.

El acceso formal a este derecho no garantizó la igualdad real. Tras la reforma, persistió una cultura política patriarcal y una marcada resistencia a la inclusión femenina en puestos de decisión. El poder masculino y la falta de políticas públicas para incentivar la participación de las mujeres mantuvo su presencia en la política en niveles mínimos durante décadas.

Avances legislativos y desafíos actuales

Para reducir la brecha de género en la representación política, se implementaron acciones afirmativas y cuotas de género que, a partir del año 2000, se volvieron obligatorias.

Desde 2014, la paridad en las candidaturas es una realidad: los partidos están obligados a postular el 50 % de mujeres y el 50 % de hombres para cargos de elección popular. Este ajuste legal ha permitido que el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales sean hoy espacios paritarios.

El avance es notable si se compara con el pasado, en 2014, solo el 26 % de las diputaciones locales y el 7 % de las presidencias municipales estaban ocupadas por mujeres. Actualmente, esas cifras han aumentado a 54 % y 29 %, respectivamente, y el Congreso federal ha alcanzado la paridad total.

No obstante, la práctica de la “paridad simulada” (designar a mujeres como titulares y a hombres como suplentes para que estos últimos asuman el cargo tras la renuncia de las primeras) muestra que los desafíos persisten.

Las resistencias estructurales, el sexismo y la misoginia continúan limitando el acceso de las mujeres a los espacios de poder, lo que obliga a adaptar la legislación y a fortalecer las políticas públicas para consolidar la participación femenina en la vida política de México.