
La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, acusó a la empresa española Acciona y a su filial Grupo MAS de intentar trasladar al Ayuntamiento la responsabilidad de cobrar una presunta cartera vencida superior a los 2,660 millones de pesos atribuida a usuarios del servicio de agua potable.
La presidenta municipal aseguró que su administración no realizará cobros a la población sin que existan expedientes debidamente integrados y anunció que continuará impulsando acciones legales e institucionales para poner fin a la concesión del servicio, al considerar que ha sido perjudicial para el municipio.
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Ayuntamiento cuestiona la documentación entregada por Grupo MAS
De acuerdo con la alcaldesa, el pasado 13 de mayo el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) recibió un oficio de Grupo MAS acompañado únicamente por una memoria USB con un archivo de Excel que contenía una relación de presuntos usuarios morosos.
Explicó que la información carecía de expedientes individuales, documentos de respaldo y evidencia de que se hubieran seguido los procedimientos legales correspondientes para acreditar cada uno de los adeudos.
Ante ello, el Ayuntamiento respondió el 15 de junio solicitando que la empresa entregara la documentación completa para analizar cada caso, petición que, afirmó, no fue atendida.
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Grupo MAS plantea descuentos a la contraprestación que paga al IMA
Según Hernández Espejo, el 23 de junio la concesionaria envió un nuevo oficio en el que insistió en que el Ayuntamiento debía realizar el cobro de la cartera vencida.
Además, señaló que la empresa advirtió que, si el municipio no emprendía dichas acciones, descontaría mensualmente esos recursos de la contraprestación que entrega al Instituto Metropolitano del Agua.

La alcaldesa rechazó esa postura y sostuvo que el gobierno municipal no aceptará asumir una responsabilidad que, dijo, no cuenta con el sustento jurídico suficiente.
Cronología del conflicto
- 13 de mayo: Grupo MAS entrega al IMA una memoria USB con un listado de presuntos usuarios morosos.
- 15 de junio: El Ayuntamiento responde que la información es insuficiente y solicita expedientes completos.
- 23 de junio: La empresa insiste en el cobro de la cartera y plantea descontar recursos de la contraprestación al IMA.
- Finales de junio e inicios de julio: El gobierno municipal reitera que no cobrará adeudos sin sustento legal y mantendrá su estrategia para terminar la concesión.
Alcaldesa asegura que existen adeudos con más de una década de antigüedad
La presidenta municipal afirmó que dentro del listado existen casos con más de diez años de antigüedad e incluso correspondientes a periodos anteriores a que Grupo MAS obtuviera la concesión.
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En ese sentido, sostuvo que la legislación establece límites para este tipo de cobros, por lo que su administración no trasladará esa carga a la ciudadanía mientras no exista documentación que respalde cada expediente.
“No vamos a cobrarle al pueblo adeudos que no están debidamente sustentados ni integrados conforme a derecho”, sostuvo la alcaldesa durante su posicionamiento.
Rosa María Hernández mantiene su intención de terminar la concesión
Hernández Espejo reiteró que su gobierno agotará todas las vías legales e institucionales para buscar la conclusión de la concesión otorgada a Grupo MAS.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para respaldar al Ayuntamiento en este proceso, al considerar que el contrato ha resultado perjudicial para los habitantes del puerto.
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La alcaldesa insistió en que su administración continuará defendiendo el acceso de la población a un servicio de agua potable de calidad y reiteró su postura frente a la empresa.
“No les tenemos miedo. Vamos a seguir luchando para que Grupo MAS se vaya”, expresó, al señalar que el Ayuntamiento no asumirá el cobro de una cartera de adeudos que considera insuficientemente acreditada y que continuará informando sobre las acciones legales que emprenda en este conflicto.
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