Caso Arantepacua suma ocho detenidos, pero Silvano Aureoles sigue prófugo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó en conferencia de prensa la detención un octavo implicado en la masacre de Arantepacua, ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha del municipio de Nahuatzen, que dejó cuatro civiles y un policía estatal muertos, decenas de detenciones arbitrarias y actos de tortura documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, la captura cumplimentada el pasado 27 de junio de 2026 no incluyó al principal señalado: el exgobernador Silvano Aureoles, quien permanece prófugo desde hace aproximadamente un año.

El detenido más reciente está identificado como Franco “N”, quien ya fue vinculado a proceso por la autoridad jurisdiccional. Con él, las personas detenidas entre el 21 de abril y el 27 de junio de 2026 son:

• Ricardo “N”
• Mauricio “N”
• Juan Carlos “N”
• Jorge “N”
• Bulmaro “N”
• Marco Antonio “N”
• Azahel “N”
• Franco “N”

Todos son investigados por su probable participación en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, fabricación de datos de prueba para incriminar a una persona y tortura.

El 27 de marzo de 2026, un juez de Control emitió en total 16 órdenes de aprehensión: una contra Aureoles, otra contra Juan Bernardo Corona—quien fue secretario de Seguridad Pública de Michoacán durante el gobierno de Aureoles— y 14 contra policías estatales. Con los ocho detenidos hasta el 27 de junio de 2026, quedan pendientes de cumplimentar ocho órdenes más.

Todas las personas presas hasta el momento son señaladas como Policías Estatales.

FGE reportó la captura en rueda de prensa con el gobernador

La captura de Franco “N” fue presentada por el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, en una rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con la participación del secretario de Gobierno Raúl Zepeda Villaseñor y del secretario de Seguridad Pública Antonio Cruz Medina.

El evento fue realizado este 2 de julio de 2026.

Vega Rodríguez señaló que la detención de Franco “N” fue resultado del trabajo coordinado entre la FGE y la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La fiscalía reiteró que no habrá impunidad para quienes resulten responsables.

El operativo del 5 de abril de 2017 y las violaciones documentadas por la CNDH

El origen del conflicto se situó en una disputa agraria entre las comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua, que derivó en bloqueos carreteros.

Para buscar una solución, la Secretaría de Gobierno de Michoacán organizó mesas de negociación. El 4 de abril de 2017, 38 representantes de Arantepacua fueron detenidos de manera violenta por elementos de la Policía Estatal tras acudir a una de esas reuniones.

Al día siguiente, habitantes de la comunidad acudieron a la Secretaría de Gobierno para exigir la liberación de sus compañeros. De manera paralela, se registró un cierre carretero a la altura de Zirahuén, donde fueron retenidos vehículos y camiones de transporte.

La tensión escaló y las autoridades organizaron un operativo de gran escala con al menos 300 elementos, entre grupos antimotines, agentes de tránsito y coordinación regional, además de contingentes estatales y federales.

El enfrentamiento comenzó alrededor de las 15:00 horas. La CNDH documentó que durante el operativo se usaron gases lacrimógenos, disparos indiscriminados y un helicóptero para suministrar armas y municiones, lo que implicó pérdida de control sobre el uso de la fuerza letal.

El saldo fue de cuatro civiles y un policía estatal muertos, un número indeterminado de heridos, y cateos ilegales en 56 domicilios de la comunidad.

La CNDH concluyó que el uso de la fuerza fue ilegal, excesivo y desproporcionado, y emitió la recomendación 42VG/2020, en la que exigió al Gobierno de Michoacán una disculpa pública, la reparación integral del daño y el inicio de procedimientos penales y administrativos contra todos los responsables de la cadena de mando, incluido Silvano Aureoles.

Silvano Aureoles habría huido con ayuda del CJNG

El fiscal con licencia Carlos Torres Piña declaró previamente que Aureoles se habría fugado de México aproximadamente un año antes de que se intensificaran las investigaciones judiciales en su contra.

A inicios de marzo de 2026 circuló el rumor de su detención, pero fue desmentido por las autoridades.

De manera extraoficial, el fiscal con licencia también identificó al Cártel Jalisco Nueva Generación como posible facilitador de su salida del país, información que surgió de entrevistas con medios nacionales.

Las autoridades emitieron alertas nacionales e internacionales sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Entre las hipótesis oficiales figura que habría salido primero al norte del país para luego establecerse en Canadá o España.

Además, Aureoles enfrenta investigaciones por desvío de recursos: el actual gobernador Ramírez Bedolla denunció un desvío de 5 mil 186 millones de pesos durante su administración. El caso regresó a la agenda pública después de casi nueve años de reclamos de familiares de las víctimas y organizaciones civiles.