Juzgadores condenan despido de 43 trabajadores, acusan hostigamiento en el Instituto de la Defensoría Pública

El pasado 30 de junio en el marco del partido México contra Ecuador, la magistrada de circuito en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), María Emilia Molina, denunció el despido de 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), un cese que, según la propia Molina, pasó prácticamente inadvertido mientras el país celebraba el triunfo deportivo de México ante Ecuador.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) se sumó al rechazo y acusó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) de hostigamiento psicológico y actos discrecionales contra el personal afectado.

JUFED denuncia clima de hostilidad y trato arbitrario en el OAJ

La JUFED emitió un comunicado en el que señala que, por medio de testimonios de personas afectadas, constató “el clima de hostilidad y desprecio a los derechos fundamentales con el que se conducen los representantes del OAJ”, órgano encabezado por Néstor Vargas.

La asociación advierte que las oficinas gubernamentales se han convertido en “espacios de coacción, en donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras”. Los afectados son, en su mayoría, mujeres que ocupaban plazas de apoyo y administrativas.

Entre los señalamientos de la JUFED figuran:

• Actos discrecionales contra personal de áreas operativas, trabajadoras sociales y administrativos del Instituto Federal de Defensoría Pública y del propio OAJ.
• Hostigamiento psicológico por parte de mandos superiores.
• Coacción que vulnera la dignidad de las personas trabajadoras.
• Incumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública.

43 despidos que debilitan el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables

Las 43 personas cesadas realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado por no poder costear una defensa o asesoría jurídica.

Su labor garantizaba atención integral a mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos.

Molina advierte que la desaparición de este personal especializado “no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan”.

Los ceses contradicen las promesas laborales de la reforma judicial

La presidenta de la AMJAC apunta una contradicción directa: la reforma judicial prometió respetar los derechos laborales, pero los ceses continúan. En algunos casos, señala Molina, los trabajadores despedidos quedaron incluso sin seguridad social para continuar tratamientos médicos indispensables.

La JUFED llama al OAJ a cesar las conductas contrarias al orden legal y exige que la función pública se rija “bajo la ley, la racionalidad y el respeto a los procedimientos establecidos, jamás mediante el abuso de poder o el hostigamiento psicológico”.

“La defensa de la justicia comienza desde casa”, advierte la asociación a través del comunicado emitido este 1 de julio.

Estos son los puntos clave sobre los despidos en el IFDP

• Hostigamiento institucional. La JUFED documentó un clima de hostilidad y actos discrecionales por parte del OAJ, encabezado por Néstor Vargas, que vulneran la dignidad del personal.
• Daño al acceso a la justicia. Las despedidas atendían a poblaciones vulnerables: mujeres víctimas de violencia, menores, indígenas, migrantes y personas con discapacidad.
• Contradicción con la reforma judicial. Los ceses ocurren pese a que la reforma prometió respetar los derechos laborales; algunos afectados quedaron sin seguridad social en medio de tratamientos médicos.
• Exigencia de alto. La JUFED llama al OAJ a operar bajo la ley y los procedimientos establecidos, “jamás mediante el abuso de poder o el hostigamiento psicológico”.