
El problema judicial entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda llega a su fin tras casi seis años de disputa en los tribunales.
La actriz de telenovelas deberá cubrir una indemnización superior al millón de pesos como reparación por los daños ocasionados durante un altercado ocurrido en Cancún en 2020, según confirmaron autoridades y representantes legales.
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La sentencia, dictada en el marco de un juicio civil por daño moral y material, concluyó que Zepeda sufrió tanto afectaciones físicas como económicas, además de la destrucción de su equipo de trabajo mientras realizaba su labor periodística.
El proceso judicial se mantuvo vigente durante largo tiempo, y aunque la resolución quedó firme en 2025, el pago aún no se había efectuado por cuestiones de notificación y trámites administrativos.
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Brito reconoció en entrevista que, una vez notificada formalmente, dispone de cinco días hábiles para depositar el monto correspondiente.
De acuerdo con declaraciones de la propia actriz, la notificación había presentado retrasos debido a errores en los domicilios y apellidos documentados por los abogados.
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“Al final decidimos venir a notificarnos nosotros porque es una resolución judicial y aquí estoy, siempre he estado”, explicó Brito al programa matutino Hoy.
Su abogado, Erik Rauda, precisó que el depósito del monto fijado dará por satisfecha la reparación del daño en el proceso civil, aunque el caso penal aún no concluye totalmente debido a la existencia de un amparo pendiente.
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El origen y evolución del conflicto legal
El incidente que detonó la disputa ocurrió en junio de 2020, cuando Zepeda tomó imágenes de Brito junto a su entonces pareja en una playa pública de Cancún.
Según la denuncia presentada por el fotógrafo, ambos lo confrontaron, lo golpearon y destruyeron su equipo tras percatarse de las fotografías.
Zepeda sostuvo que ejercía su labor periodística en un espacio abierto; Brito, en contraste, argumentó que se violó su privacidad.

Este hecho dio pie a una batalla legal que transitó por distintas instancias civiles y penales, convirtiéndose en un caso de referencia sobre los derechos de las celebridades y los periodistas.
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Entre 2021 y 2023, Zepeda formalizó la demanda civil y, en marzo de 2023, un juez ordenó a Brito el pago de la indemnización; la actriz impugnó la sentencia, pero la Suprema Corte confirmó el fallo original en junio de 2025.
La cifra que debe pagar la actriz corresponde a los daños morales y materiales provocados por el altercado, incluyendo la afectación a la actividad profesional del reportero y la pérdida de su equipo de trabajo.
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Proceso penal y repercusiones personales
Paralelamente al juicio civil, la actriz enfrenta un proceso penal por el presunto delito de falsedad de declaraciones.
Esta investigación se inició tras señalarse que Brito habría proporcionado información falsa en las diligencias relacionadas con la agresión.
En febrero de 2026, un juez determinó vincularla formalmente a proceso, lo que implica el inicio de una nueva etapa en la que ambas partes podrán aportar pruebas, pero no constituye una sentencia condenatoria.
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Cronología del caso Livia Brito – Ernesto Zepeda
- Junio de 2020: Ocurre el altercado en una playa de Cancún. Ernesto Zepeda toma fotografías de Livia Brito y su entonces pareja. La actriz y su acompañante lo confrontan y dañan su equipo fotográfico.
- 2021: Zepeda formaliza la demanda civil contra Brito por daño moral y lesiones.
- Marzo de 2023: Un juez dicta sentencia y ordena a Livia Brito pagar una indemnización superior a un millón de pesos como reparación del daño.
- 2024: Ambas partes hacen públicas sus posturas. Brito denuncia el impacto personal y profesional del proceso; Zepeda defiende su derecho a fotografiar en espacio público y solicita la devolución de su equipo.
- 2025: La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso para analizar los límites entre privacidad y libertad de prensa. El 25 de junio, la Corte confirma la sentencia original que obliga a Brito a pagar la indemnización.
- 28 de enero de 2026: Livia Brito es vinculada a proceso penal por presunta falsedad de declaraciones en relación con el incidente.
- Febrero de 2026: Un juez determina formalmente la vinculación a proceso, abriendo una nueva etapa en el juicio penal.
- 1 de julio de 2026: Brito declara que está dispuesta a pagar la indemnización fijada y que, una vez notificada oficialmente, tendrá cinco días para realizar el depósito.
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