Estos son los 12 exfuncionarios de Alfredo del Mazo procesados por venta de plazas de maestros en el Estado de México

Una jueza del Estado de México vinculó a proceso a 12 personas, entre ellas tres mujeres, por su presunta participación en una red de venta de plazas docentes que habría operado dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal durante parte de 2025. Los acusados enfrentarán cargos por los probables delitos de abuso de autoridad y fraude, mientras permanecen internos en el penal de Santiaguito, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La resolución se desprendió de dos expedientes penales, entre ellos la causa 1288/2026, relacionada con la mayoría de los detenidos capturados durante la semana pasada.

Entre los procesados figura Óscar “N”, quien ocupó cargos de alto nivel durante la administración del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. De acuerdo con la investigación, se desempeñó como director general de Personal y posteriormente como subsecretario de Administración.

También fueron vinculados Yunuen “N”, quien hasta antes de su detención laboraba como subdirectora de Actualización de la Base de Datos; Araceli “N”, directora de Remuneraciones de Personal; David “N”, exdirector de Sistemas de Tecnologías de la Información; Christopher “N”, subdirector de Desarrollo Tecnológico; Diego Emmanuel “N”, jefe del Departamento de Base de Datos de Nómina; Juan Alberto “N”, delegado administrativo; Fabiola Lidia “N”, analista; Daniel Arturo “N”, delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica; y Alfredo “N”, exdelegado administrativo de ese mismo subsistema.

En una segunda causa penal también fueron procesados Óscar “LT”, quien realizaba labores de capturista, y Daniel “RL”, identificado como exsecretario particular de la Dirección General de Personal.

Funcionarios con órdenes de aprehensión pendientes

Las investigaciones continúan sobre otros exservidores públicos que permanecen prófugos. Entre ellos se encuentra Rodolfo López Vives, exdirector general de Personal, señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables de dar continuidad a las operaciones investigadas tras la salida de Óscar “N” de esa dependencia.

Asimismo, las órdenes de captura pendientes alcanzan a Jaime Noé Hernández Bocanegra, quien ocupó la Dirección General de Personal entre 2024 y 2025; Yuridia Arizmendi Calderón, excoordinadora de Delegados Administrativos; Eduardo Flores Archundia, exdirector de Sistemas y Tecnologías de la Información; y Araceli “N”, quien también aparece en los expedientes judiciales.

Las investigaciones también mencionan a Anthony Domínguez Vargas, exalcalde de Tejupilco y exdiputado local, quien en distintos momentos desempeñó funciones como coordinador de Delegaciones Administrativas de la Secretaría de Educación estatal. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una imputación formal en su contra dentro de este proceso.

La presunta operación de la red

Según las indagatorias ministeriales, la presunta organización realizó 324 movimientos de nómina mediante los cuales fueron incorporadas 168 personas que supuestamente no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a plazas docentes.

Los expedientes señalan que algunos beneficiarios recibieron incluso dos nombramientos simultáneos en distintos turnos escolares, pese a que presuntamente no acudían a desempeñar actividades laborales.

La Fiscalía sostiene que las plazas eran ofrecidas por cantidades que oscilaban entre 30 mil y 70 mil pesos. Una vez integrados a la nómina, los beneficiarios conservaban únicamente una parte de sus percepciones, mientras que el resto del dinero presuntamente era retirado por integrantes de la red investigada.

La versión ministerial se apoya, entre otros elementos, en declaraciones de José Manuel Popoca, exintegrante de la Delegación Administrativa del Subsistema de Educación Básica, quien obtuvo un criterio de oportunidad y señaló que la estructura habría comenzado a operar desde 2021. Sin embargo, la causa penal actualmente judicializada se concentra en hechos ocurridos entre el 28 de enero y el 6 de noviembre de 2025.

Antes de su fallecimiento, ocurrido el 3 de abril de 2026, Popoca declaró ante las autoridades que el esquema investigado habría generado ingresos cercanos a 10 millones de pesos mensuales. Las causas de su muerte no han sido dadas a conocer públicamente.