
La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, de Morena, propuso en el Congreso del Estado de México que las mujeres que se encuentren en una situación de reinserción social sean reconocidas como un grupo de atención prioritaria. El objetivo central de esta propuesta es reconocer a este sector como grupo de atención prioritaria, con el fin de garantizar su acceso efectivo a programas de desarrollo social, capacitación para el trabajo, empleo, atención psicoemocional y mecanismos de fortalecimiento comunitario.
La iniciativa impulsa una reforma a la Ley de Bienestar y Desarrollo Social estatal, buscando que las mujeres que estuvieron privadas de la libertad, así como aquellas que actualmente transitan por un proceso de reinserción, reciban una atención diferenciada por parte de las autoridades estatales y municipales.
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La propuesta plantea que las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, así como los ayuntamientos, puedan adecuar sus programas y acciones de desarrollo social para atender a este sector de la población, sin que esto implique la creación de nuevas obligaciones presupuestales.
Las mujeres en proceso de reinserción social enfrentan una crisis de exclusión tras recuperar su libertad. A las condiciones de pobreza y vulnerabilidad preexistentes se suma una doble estigmatización: por su condición de género y por sus antecedentes penitenciarios. Esta combinación dificulta su reintegración plena al entorno familiar, comunitario y laboral.
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Barreras estructurales y desafíos de la reintegración
Diversos diagnósticos institucionales han documentado las barreras estructurales que enfrentan estas mujeres. Entre ellas destacan la discriminación laboral, la ausencia de redes de apoyo, la falta de atención psicoemocional y la carencia de programas sostenidos de capacitación y acompañamiento. Además, muchas de ellas han vivido contextos de violencia, abandono, pobreza extrema y abuso, sumados a condiciones adversas durante su estancia en reclusión.
Estas circunstancias generan obstáculos significativos para su readaptación a la vida en libertad, profundizando la exclusión y limitando sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Por ello, la propuesta legislativa considera indispensable que el marco jurídico estatal identifique de manera expresa a los sectores de la población que requieren una atención diferenciada.
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Prevención de la reincidencia y fortalecimiento comunitario
La reforma propuesta subraya que no representa una carga presupuestal adicional para el Estado de México, ya que la adecuación de programas y acciones puede realizarse con los recursos existentes. Además, subraya que el fortalecimiento de la cuestión social, la prevención de la reincidencia y la construcción de condiciones reales de integración comunitaria dependen de la atención oportuna y diferenciada a este grupo.
Reconocer a las mujeres en proceso de reinserción social como grupo de atención prioritaria implica un paso hacia la inclusión y la equidad, al asegurar que accedan a recursos y oportunidades que permitan su pleno desarrollo y la reconstrucción de sus vínculos familiares y sociales. Esto también contribuye a la prevención de conductas que puedan derivar en reincidencia, al ofrecer alternativas concretas de integración y autonomía.
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La propuesta legislativa destaca la importancia de articular esfuerzos entre instituciones estatales y municipales para eliminar barreras y garantizar el acceso efectivo a servicios y programas de apoyo. De esta manera, se pretende avanzar en la construcción de un entorno más incluyente, en el que las mujeres que han enfrentado procesos de privación de la libertad puedan ejercer sus derechos y acceder a una vida digna, con igualdad de oportunidades en el Estado de México.
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