Persisten casos de tortura en México pese a leyes y mecanismos de protección: prisión preventiva facilita práctica, acusa colectivo

El Índice Global de Tortura elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura denunció que la tortura se mantiene como una práctica generalizada cometida por fuerzas de seguridad de todos los niveles en México, a pesar de la existencia de leyes y mecanismos de protección.

En un comunicado, familiares, víctimas y sobrevivientes provenientes de Baja California, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo denunciaron que el Estado mexicano no ha erradicado esta práctica y que persiste la impunidad.

A casi una década de la Ley General contra la Tortura, las fiscalías especializadas carecen de autonomía, recursos y capacidad, mientras que el Mecanismo Nacional de Prevención no actúa con independencia.

El documento señala que el Protocolo de Estambul ha sido distorsionado para encubrir la tortura en lugar de investigarla. El propio marco legal, como la detención arbitraria, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, facilita la tortura.

Abigail, esposa de Andrew Córdova —quien pasó 18 años en prisión preventiva tras ser torturado—, afirma: “Bajo tortura, cualquiera puede ser culpable de un delito que no cometió”.

El reporte detalla casos en los que la tortura ha destrozado familias y dejado daños irreparables.

La familia de Miguel y Pedro Peralta e Ivonne e Inocencia acompañaron durante 15 años la lucha por la libertad de Germán Heredia, liberado tras una serie de abusos de autoridades encargadas de la administración de justicia.

En Chiapas, denunciaron que la tortura sigue cometiéndose en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal está implicada en detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra población civil y defensores de derechos humanos.

En este sentido, exigen la libertad de Oscar Trinidad Carbajal, Orbey, Orlando, José Julian y Pedro Pérez Jiménez.

De acuerdo con el informe, la tortura tiene efectos diferenciados en mujeres. Desde 2021, 21 mujeres murieron bajo custodia en el Cefereso 16, señalando como un ejemplo el caso de Ángela Elizondo, quien perdió la vida a los 15 años tras abusos en un centro de rehabilitación.

Integrantes del Colectivo 9N y Wendy Galarza, víctima de tortura policial en Quintana Roo en noviembre de 2020, también son mencionadas.

Denuncian tortura sexual contra mujeres y señalan a la comunidad LGBTIQ+, en particular mujeres trans, como blanco de agresiones de fuerzas de seguridad, incluso dentro de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

La denuncia subraya que la tortura ocurre fuera de los centros de detención, como en protestas sociales, estaciones migratorias e instituciones de salud mental y rehabilitación para personas con uso problemático de sustancias.

Víctimas y familiares relatan la revictimización por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la que deben litigar para obtener reparación integral. Rogelio Amaya, Rubén Rivera y los hermanos Verónica y Erick Razo han enfrentado ese proceso.

Familiares de personas privadas de libertad documentan de primera mano las denuncias de tortura y malos tratos. Exigen el cese de tratos humillantes contra mujeres, niñas y niños que visitan a familiares en reclusión.

La denuncia colectiva sostiene que las víctimas y sobrevivientes han contribuido a la Carta de los Derechos de las Víctimas y Sobrevivientes de Tortura impulsada por Naciones Unidas, la cual reconoce su derecho a participar plenamente en políticas públicas.

Las organizaciones exigen a la presidenta de la República que reconozca la existencia de la tortura y adopte medidas efectivas para su prohibición absoluta, eliminación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, la culminación e implementación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, investigaciones independientes y sanciones efectivas, reparación integral y garantías de no repetición, así como el cumplimiento de recomendaciones internacionales.

“No solo exigimos justicia, exigimos ser parte de ella. No solo somos víctimas: somos personas expertas, defensoras y protagonistas en la lucha contra la tortura”, concluyen.

Tortura sexual en México

Tres de cada 10 mujeres en México han sido víctimas de tortura sexual, de acuerdo con datos presentados en el simposio “La tortura sexual en México: situación, desafíos y buenas prácticas en la prevención e investigación”.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sostiene que erradicar la tortura sexual exige coordinación institucional a nivel nacional y el fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, investigar y sancionar estos delitos.

La CNDH, mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), da seguimiento permanente en centros de privación de la libertad para identificar riesgos y malos tratos.

Entre 2021 y 2026, el MNPT publicó 18 informes con sugerencias de buenas prácticas y enfoque de género, dirigidas a salvaguardar la integridad de las mujeres privadas de la libertad.

Ligia Nichte-Ha Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, advierte que la tortura sexual lacera la dignidad de las mujeres y que en 2025 se abrieron 848 investigaciones por este delito.

Subraya la importancia de fortalecer la prevención, el acompañamiento a víctimas y la vigilancia de centros de detención.

Las presidentas de las comisiones estatales de Derechos Humanos de Hidalgo y Tlaxcala coinciden en que la atención a la tortura sexual debe tener un enfoque multidisciplinario y ético, además de colocar la prevención en el centro de la política pública.

Omar Jair Pasarán Nieto, de la CNDH, señala que el Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como una modalidad específica y grave, por lo que urge reformas legales para su reconocimiento y erradicación.