Investigan a policías de Colima por tortura: víctima ya presentó denuncia formal

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), ha iniciado investigaciones formales y exhaustivas luego de que saliera a la luz pública un video en el que presuntos elementos de la Policía Municipal de Coquimatlán cometen actos de tortura en contra de un ciudadano detenido. El material, difundido ampliamente a través de diversas plataformas digitales y medios locales, ha desatado la indignación social y activado los protocolos de sanción a nivel estatal.

De acuerdo con la información institucional proporcionada este jueves, la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tomó conocimiento inmediato de los hechos y procedió a la apertura de la carpeta de investigación correspondiente para fincar responsabilidades.

El material audiovisual y la denuncia de la víctima

El escándalo detonó tras la publicación de un video en la página de Facebook denominada “Alerta Coquimatlán”. En las crudas imágenes se observa con claridad a una persona del sexo masculino, presuntamente en calidad de detenido, quien se encuentra sometido y con las manos atadas a la espalda. En ese estado de total indefensión, dos uniformados adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coquimatlán cometen lo que las autoridades ya clasifican como prácticas de tortura.

La FGE confirmó de manera oficial que ya cuenta con la denuncia formal presentada por la víctima, identificada públicamente como Gabriel “N”. En su declaración ministerial, el agraviado refirió y detalló que los violentos sucesos documentados en el video no son recientes, sino que habrían ocurrido durante el mes de noviembre del año 2025.

A partir de esta declaración, el Ministerio Público Especializado se encuentra llevando a cabo las diligencias ministeriales necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Entre las acciones inmediatas destacan el análisis pericial del material audiovisual difundido, la recopilación de datos de prueba en el lugar de los hechos y diversos actos de investigación forense que permitirán determinar la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

Firme condena y ultimátum de la Comisión de Derechos Humanos

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) tuvo un papel proactivo tras la viralización del caso. El organismo autónomo confirmó la autenticidad del video y procedió a levantar la queja formal radicada bajo el expediente número CDHE/1V/139/2026.

La gravedad de la situación llevó a la Comisión a notificar legalmente al Ayuntamiento de Coquimatlán, otorgándole un plazo perentorio y estricto de 24 horas —el cual vence hoy viernes 26 de junio— para que rinda un informe detallado y oficial sobre lo sucedido al interior de su corporación policial.

A través de un contundente comunicado, la CDHE reprobó el actuar de los elementos de seguridad: “Hemos iniciado las investigaciones administrativas y presentaremos las denuncias correspondientes. La tortura es una práctica repugnante que debe combatirse con firmeza, sancionarse a los responsables y erradicarse de la función pública. No hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático y no debe haber espacio en la función pública para torturadores”.

Posicionamiento del Ayuntamiento de Coquimatlán

Ante la presión mediática e institucional, el Ayuntamiento de Coquimatlán no tardó en emitir un posicionamiento público a través de sus canales oficiales de comunicación. La administración municipal señaló categóricamente que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que aparecen y son plenamente identificables en el video serán sometidos a una investigación rigurosa, lo que derivará en inminentes consecuencias tanto jurídicas como administrativas.

“En esta administración no seremos omisos ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que deben regir el servicio público. Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, transparencia y estricto apego al marco legal”, se lee en el desplegado emitido por las autoridades locales.

El gobierno municipal adelantó que actuarán con absoluta firmeza, aunque respetando en todo momento el debido proceso legal de los señalados, garantizando que cualquier conducta indebida sea atendida conforme a derecho. Asimismo, refrendaron su compromiso permanente con la protección, la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos, velando siempre por la dignidad, la integridad y las garantías constitucionales de todas las personas.

Proceso judicial y marco legal aplicable

Finalmente, la Fiscalía General del Estado reiteró ante la opinión pública que toda denuncia relacionada con posibles actos de tortura policial es atendida con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Las indagatorias seguirán su curso bajo los principios rectores de legalidad, objetividad, imparcialidad y debida diligencia, asegurando que se garantice el acceso a la justicia para Gabriel “N”, así como la presunción de inocencia de los acusados hasta que un juez determine su culpabilidad procesal.