Gobierno de México argumenta soberanía energética para defender planta de amoníaco en Topolobampo

La construcción de la planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, por parte de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), enfrenta el rechazo de la comunidad indígena yoreme-maya y de los colectivos ambientalistas ¡Aquí no! y ¡Salvemos la Bahía de Ohuira!, quienes advierten sobre el impacto ambiental que afectaría el agua de mar y las especies que habitan la zona. Estas organizaciones sostienen que el proyecto pone en riesgo la integridad del ecosistema local y la subsistencia de numerosas familias que dependen de la pesca.

En contraste, la Secretaría de Economía defendió la obra mediante el Comunicado No. 53, argumentando que la planta es fundamental para lograr la autosuficiencia en insumos agrícolas y reducir la dependencia de importaciones.

Según la dependencia, México importa actualmente el 80% del amoníaco que consume, mientras la demanda nacional de fertilizantes oscila entre 4.5 y 5 millones de toneladas anuales. La operación de la planta en la Bahía de Ohuira permitiría producir amoníaco y urea localmente, lo que reduciría la importación de estos insumos en más de un 70% y abarataría los costos de los fertilizantes para los productores de Sinaloa y del país.

El proyecto, de acuerdo con la Secretaría, será un detonante económico para la región norte de Sinaloa, con la estimación de creación de 10 mil empleos directos e indirectos: 3 mil empleos directos durante la fase de construcción, 7 mil empleos indirectos vinculados a proveedores de servicios, transportistas y comercio local, y 300 empleos permanentes y especializados para la operación de la planta, con prioridad de contratación para habitantes de Topolobampo y Los Mochis.

En materia de inversión social, la Secretaría destacó que GPO ha destinado más de 35 millones de pesos en la última década a infraestructura, educación y salud en comunidades como Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Topolobampo. Entre los resultados se incluyen mejoras en la preparatoria CetMar #13 y la Escuela Jaime Nuñó, beneficiando a 1,100 estudiantes. Además, en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), se han implementado programas de formación para 3,745 personas, con énfasis en la capacitación de mujeres de la región. La dependencia aseguró que GPO continuará con los programas de inversión social en lo que resta del año y durante 2027, bajo la supervisión de autoridades y comunidades locales.

Desde la perspectiva de científica, Andrea Villareal, oficial de Proyectos de Justicia Climática en Conexiones Climáticas, declaró en entrevista con Radio UNAM que la planta de amoníaco en Sinaloa representa “uno de los proyectos petroquímicos más grandes del mundo”. Villareal subrayó que el municipio es sede de un humedal de importancia internacional y advirtió que el amoníaco es “un gas altamente tóxico y explosivo”, cuyo uso principal es la producción de fertilizantes nitrogenados para la agricultura industrial.

Detalló que la planta utilizaría agua de mar y un gasoducto cercano para su funcionamiento, lo que, al devolver el agua al mar, aumentaría la temperatura y salinidad del ecosistema, poniendo en peligro la vida marina y la economía local.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDH), citada por Desinformémonos, emitió una alerta preventiva por el riesgo que enfrentan las comunidades indígenas mayo-yoreme y personas defensoras del territorio que mantienen un plantón pacífico frente a la planta de GPO. La organización señaló que la movilización convocada por la empresa para el 28 de junio podría generar actos de hostigamiento o confrontación. La comisión recordó que la Bahía de Ohuira forma parte del Sitio Ramsar Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira y que comunidades como Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones fueron reconocidas como directamente involucradas en el proceso de consulta sobre el proyecto.

Además, los pueblos mayo-yoreme llevan más de una década resistiendo la instalación de la planta, y organismos internacionales han expresado preocupación por los impactos ambientales y la falta de consulta adecuada.

El 12 de junio, las comunidades mantuvieron una reunión con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, alcanzando cuatro acuerdos, entre ellos la continuidad del plantón, la instalación de mesas de diálogo y el acompañamiento comunitario a las diligencias de la Profepa. No obstante, hasta el 22 de junio no se había verificado el cumplimiento de estos compromisos. La CDDH también reportó un incendio reciente en la planta, cerca del campamento de las familias en resistencia.

En relación con la movilización anunciada por GPO, la comisión indicó que trabajadores de la empresa fueron convocados a trasladarse a las inmediaciones de la planta, donde se ubica el plantón comunitario. Algunos empleados rechazaron públicamente participar, argumentando que no deben ser utilizados en el conflicto entre la empresa y las comunidades. La CDDH consideró que la situación constituye un riesgo prevenible y llamó al Estado a garantizar la seguridad de quienes ejercen su derecho a la protesta.

La comisión solicitó a autoridades federales, estatales y municipales implementar medidas de protección para evitar actos de intimidación o violencia contra las comunidades mayo-yoreme, así como la instalación de mecanismos de observación de derechos humanos, la creación de un perímetro de resguardo entre ambas movilizaciones y la rendición de cuentas sobre los acuerdos alcanzados.

Además, responsabilizó a las autoridades de cualquier agresión que pudiese ocurrir contra defensoras y defensores del territorio durante la jornada del 28 de junio.