Semarnat abre diálogo con empresa alemana por planta de amoniaco en Topolobampo tras semanas de protestas

Tras semanas de protestas de comunidades Mayo-Yoreme para exigir que se detenga la construcción de una planta de amoniaco que, acusan, ocasionaría un daño inminente al medio ambiente, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, finalmente tuvo una reunión con las comunidades y anunció que buscaría el diálogo con la empresa.

El 12 de junio, la funcionaria se trasladó a Sinaloa para visitar a las comunidades indígenas de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo para iniciar las mesas de diálogo rumbo a la exigencia de cancelar la planta de fertilizantes y de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

En esas conversaciones, la dependencia anunció que buscará diálogo directo con la empresa alemana responsable del proyecto.

Las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira han expresado su rechazo a la instalación de la planta al considerar que tendrá un impacto negativo sobre el ecosistema de la bahía y el modo de vida de las comunidades que dependen de la pesca. Además, han denunciado que hubo una falta de consulta a las comunidades libre e informada sobre lo que iba a producir dicha planta.

En días recientes, los habitantes de la región han intensificado las movilizaciones y presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para exigir la cancelación de la planta. Este proyecto tiene diversos riesgos.

Alicia Bárcenas alcanza acuerdos con comunidades tras mesas de diálogo

En ese contexto, la visita de la secretaria de Medio Ambiente estuvo marcada por mesas de diálogo con autoridades ambientales del país para escuchar a las comunidades sobre su oposición a esta planta. Entre los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo celebrada en Los Mochis, Sinaloa, se estableció la continuidad de las reuniones con las comunidades para revisar información y propuestas presentadas. Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizará una inspección actualizada en la zona, con la participación de representantes comunitarios y autoridades federales, para verificar el estado de las obras y el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Alicia Bárcena subrayó: “Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”. El Gobierno de México también reiteró su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación y de respetar el derecho a la manifestación.

Cuatro acuerdos y compromiso institucional

Las dependencias federales, estatales y municipales participantes acordaron cuatro puntos centrales: continuar las mesas de diálogo; realizar una inspección ambiental; abrir comunicación directa con la empresa promotora del proyecto; y garantizar el derecho de las comunidades a manifestarse. El subdirector general de Administración del Agua de Conagua recalcó que la problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una respuesta integral, mientras que el director del INPI afirmó: “Solo el camino del diálogo es el bueno. Venimos a escuchar, a construir soluciones y a atender las preocupaciones legítimas de las comunidades”.

Las autoridades insistieron en que toda determinación sobre el proyecto deberá apegarse al marco jurídico vigente y a los elementos técnicos y legales correspondientes. La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, indicó que se trabajará con la comunidad para generar desarrollo económico acorde a las vocaciones y condiciones regionales.

Las instituciones participantes coincidieron en que la protección ambiental, el bienestar social y el desarrollo regional requieren diálogo permanente, coordinación entre autoridades y participación social.