
Luego de que se reveló que cientos de hombres son esclavizados en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, luego de ser contactados con falsas ofertas de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se les brinda apoyo, principalmente, con los programas del bienestar.
Fue el reportaje Esclavos en la Sierra Tarahumara, de las periodistas Marcela Turati y Thelma Gómez Durán, el que destapó una red de engaños encabezada por el Cártel de Sinaloa que obligaba a trabajar sin pago, sin comida, bajo tortura y viviendo en cuevas a cientos de hombres, al menos, desde 2015, cuando se dieron las primeras denuncias de personas que lograron escapar de los campos de amapola y marihuana a los que eran trasladados.
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Al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, la presidenta destacó que a los habitantes de esta región se les brindan Programas para el Bienestar, entre los que se encuentran pensiones, atención de salud casa por casa y becas para los sectores más vulnerables.
Sin embargo, las condiciones de vida que las víctimas que lograron escapar, y cuyos testimonios documentaron las periodistas, reflejan un abandono por parte del Estado que no ha sido suficiente para atender sus necesidades económicas y de desarrollo.
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Desde caminos rurales hasta una escuela de enfermería: los apoyos que resaltó la presidenta

Sheinbaum dijo que los apoyos a esta región del estado de Chihuahua también contemplan la creación de caminos artesanales, instalaciones de luz eléctrica e incluso con la instalación de una escuela de enfermería, aunque esta última no supo decir con exactitud el sitio donde se construirá.
Respecto al municipio de Guadalupe y Clavo, así como a los que se encuentran en la zona fronteriza con Sinaloa y Durango (el llamado triángulo dorado), la mandataria comentó que en temas de seguridad se ha realizado un mayor despliegue de elementos de la Guardia Nacional (GN).
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“Es importante decir que es de dos partes, o de tres, a veces hay municipios que prácticamente no tienen policías municipales por los recursos, pero tiene que ver también con el Estado y tiene que ver con la Federación”, explicó.
Además, se pronunció sobre las denuncias que varias de las víctimas realizaron desde 2015, luego de que lograron escapar de las cuevas y de la tortura, y que cuatro años después (con el acumulado de otras acusaciones en ese tiempo) culminaron con un operativo donde fueron rescatadas 21 personas.
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“Sí hay denuncias y se atienden, también hay una responsabilidad de ambos (del gobierno federal y estatal), pero sobre todo del Estado, de no solo concentrarse en Chihuahua, en Ciudad Juárez”, dijo.
El Estado no los ve, porque no quiere hacerlo: reclutamiento también era en módulos para tramitar programas sociales

Pese a que el reportaje muestra que los 21 hombres que fueron rescatados en 2019 no recibieron asistencia psicológica o para tratar las adicciones que habían adquirido durante su estancia en los campos de trabajo forzado, donde también eran víctimas de abusos sexuales, la presidenta reiteró que se “está presente” en región con programas para que los niños puedan estudiar y se les brinde alimento.
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En entrevista con Infobae México, Marcela Turati explicó que pudieron realizar recorridos en las comunidades de donde eran originarios los hombres que conocieron, sobre todo en ciudad Cuauhtémoc, que les permitió identificar que las víctimas eran jóvenes que no tenían trabajo y que lo necesitaban con urgencia, así como jornaleros agrícolas que buscan ofertas laborales.
“Hicimos varios recorridos con personas que estaban a cargo de los programas sociales que llegan ahí, y ellos decían que como que ninguna intervención había servido. Que son cosas muy inmediatas: te doy una despensa, pero hay que ver qué está ofreciendo el narcotráfico y qué está ofreciendo el Estado: trabajo estable y el otro una beca. Lo que necesitan es una política laboral, se necesita que haya trabajos”, explicó.
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El modus operandi detectado es que los criminales buscaban a hombres desesperados por dinero en colonias periféricas ubicadas en las faldas de los cerros, asentamientos indígenas de desplazados de la sierra, así como en sitios donde comúnmente se ofrecen empleos temporales, como las vías de tren o centrales camioneras, pero también en módulos para tramitar programas sociales.
“Los criminales vienen a terminar un trabajo de abandono que ya comenzaron las autoridades”, señaló en entrevista con esta casa editorial Eliezer Budasoff, editor del reportaje publicado en Quinto Elemento Lab.
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Pese a que las periodistas tuvieron información por parte de autoridades sobre que, al menos hasta 2024 estos campos de esclavitud en la Sierra Tarahumara continúan activos, parece que las acciones de prevención y rescate de las víctimas que desde 2019 se refirió seguían ahí, se detuvo.
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