Esposo y cuñado de la alcaldesa de Tenancingo fungieron como piezas clave en la planeación de su “secuestro” para tapar desfalco

El supuesto secuestro de Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, contó con la participación de dos piezas clave para orquestarlo con el objetivo de cubrir un desfalco de 40 millones de pesos al erario municipal.

Para lograrlo, el esposo y cuñado de la alcaldesa llevaron a cabo la planificación mediante la invitación de tres personas más para que, a cambio de un pago, fingieran el secuestro de Nápoles Pacheco a principios del mes de junio de este año.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la trama comenzó a orquestarse en febrero de este año por José Roberto “N”, esposo de la edil, y Óscar “N”, cuñado de la misma, con el propósito de aparentar el plagio y exigir un rescate que saldría de los fondos públicos del ayuntamiento.

Sin embargo, la propia presidenta municipal también habría participado activamente en la planeación y ejecución del esquema.

La planeación: cuatro meses de coordinación entre esposo y cuñado

Desde febrero de 2026, José Roberto “N” y Óscar “N” comenzaron a estructurar el secuestro. A través de entrevistas realizadas en la sede ministerial se determinó que los involucrados pretendían que el rescate “saliera del ayuntamiento”, dado que existía “un desfalco” en la administración municipal y el pago ficticio serviría para “justificar el dinero”.

Uno de los partícipes declaró ante el Ministerio Público que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos” y que dicha cantidad debía provenir del erario local. La investigación estableció que José Roberto “N” negó tener comunicación con Óscar “N”, sin embargo los registros telefónicos documentan 49 llamadas entre ambos entre el 7 de abril y el 4 de junio de 2026.

El reclutamiento del grupo ejecutor

Para la fase operativa, Óscar “N” contactó a su amigo Cristian “N” y le propuso participar en lo que describió como “un negocio”, ofreciéndole a nombre del esposo de la edil, José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos.

Luego de aceptar, Cristian “N” incorporó a su pareja sentimental, Karla Valeria “N”, y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”, quienes finalmente materializaron el supuesto secuestro el pasado 31 de mayo.

El vínculo entre Óscar “N” y Cristian “N” quedó documentado con 136 llamadas telefónicas registradas entre abril y junio de 2026. Para la realización del secuestro, Karla Valeria “N” utilizó un vehículo Volkswagen Virtus color rojo, el cual usaba de manera frecuente y se identificó en grabaciones de cámaras de vigilancia.

El secuestro del 31 de mayo y el papel activo de la alcaldesa

De acuerdo con las investigaciones, el 31 de mayo Nancy Nápoles llegó a su domicilio en Tenancingo a bordo de un Volkswagen Jetta color arena, conducido por su hermana, y en el que también viajaba su madre. Al descender, arribó el Virtus rojo con Karla Valeria “N” al volante; Víctor Manuel “N” bajó del vehículo y, de manera simulada, aparentó obligar a la presidenta municipal a subir a la parte trasera de la unidad.

Las imágenes de videovigilancia analizadas por la FGJEM no mostraron actos de violencia durante los hechos: por el contrario, uno de los probables intervinientes “incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia”.

Durante el trayecto hacia la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle, fue la propia edil quien indicó a sus acompañantes la ruta a seguir para evadir las cámaras de videovigilancia.

Al advertir el paso de patrullas con sirenas, Nápoles Pacheco tomó el teléfono de Víctor Manuel “N”, llamó a su hermana y le pidió expresamente “que no avisara a la policía”.

Ante la presencia policiaca, la mujer les dijo a sus acompañantes que “todo se salió de control” y les solicitó que la dejaran en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, desde donde pediría auxilio argumentando haber escapado.

Las contradicciones que derrumbaron la coartada

En ese punto fue localizada por su esposo, José Roberto “N”, y el director de Seguridad Pública Municipal, quienes la trasladaron a su domicilio. Al día siguiente, el 1 de junio, la edil acudió a sede ministerial a denunciar el “secuestro” y declaró que había aprovechado “un descuido de sus captores” para escapar.

Sin embargo, la investigación de la FGJEM desarticuló esa versión mediante el análisis de comunicaciones, videograbaciones y el rastreo del dispositivo móvil que le fue entregado durante la supuesta privación de libertad. Ese teléfono registró desplazamiento hacia la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, y posteriormente al estado de Oaxaca, concretamente a la comunidad de San José La Noria, donde la línea permaneció activa del 8 al 10 de junio.

Fue el 11 de junio, en colaboración de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, que las autoridades lograron la detención de Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N” en esa entidad.

Esposo y cuñado se encuentran prófugos

Por los hechos del 31 de mayo, la FGJEM obtuvo órdenes de aprehensión contra Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” —ya detenidos junto con Cristian “N”— y mandamientos de captura vigentes contra José Roberto “N” y Óscar “N”, a quienes se considera prófugos de la justicia.

En cuanto a la alcaldesa, la Fiscalía solicitó y obtuvo una Audiencia de Formulación de Imputación programada para el 9 de julio de 2026.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los implicados podrían enfrentar 16 años de prisión por simulación de secuestro.

En tanto, la presidenta municipal, en su calidad de servidora pública, podría recibir una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo comunitario conforme al artículo 13 de la misma ley.

Por su parte, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” enfrentan además cargos por extorsión, delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

En lo que respecta a la afectación de 40 millones de pesos al erario, la FGJEM dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para que proceda.