
El sábado 13 de junio de 2026 se llevó a cabo la Marcha del Orgullo LGBT+ en Querétaro. Durante la movilización, se reportaron grupos de personas que realizaron pintas y causaron daños al edificio del Palacio de Gobierno, ubicado en la Plaza de Armas.
En respuesta a estos hechos, el Comité Organizador de la Marcha del Orgullo y Dignidad reafirmó su compromiso de realizar manifestaciones de manera pacífica y dentro del marco del respeto a los derechos humanos. A través de su pronunciamiento, el Comité se deslindó categóricamente de los actos vandálicos, señalando que estos fueron:
“Realizados por grupos o personas que hayan promovido conductas contrarias a los valores de respeto, inclusión, paz y defensa de los derechos humanos que representan a la marcha y a su comité organizador”.
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Además, expresaron disposición para “escuchar, dialogar y contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos, privilegiando siempre la verdad, el respeto mutuo y el bienestar de las personas involucradas”.

Por su parte, el gobierno de Querétaro, encabezado por el panista Mauricio Kuri, emitió un comunicado oficial destacando que, “en términos generales, la marcha se realizó de manera pacífica y en un ambiente de respeto al derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión”.
El gobierno estatal reiteró su respeto por la defensa pacífica de las distintas causas sociales, pero fue tajante respecto a los daños materiales: “Ninguna expresión o demanda social puede justificar acciones que vulneren el patrimonio público o generen afectaciones a bienes que pertenecen a todas y todos los queretanos”. Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno instó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
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Antecedentes de tensión y criminalización
Este incidente ocurre en un clima político ya tenso entre el gobierno estatal y las disidencias sexuales. Un antecedente reciente fue la Ley de Identidad de Género, aprobada por la LXI Legislatura el pasado 30 de abril y, posteriormente, vetada por el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario justificó su veto argumentando que la iniciativa fue “impulsada por la izquierda radical” y que permitía que niñas, niños y adolescentes cambiaran de sexo en su acta de nacimiento según su autopercepción. Según las declaraciones del funcionario estatal, esta ley “va en contra de los valores, la educación y la integridad de las familias queretanas”.
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En su momento, los colectivos LGBT+ y de derechos humanos respondieron duramente al veto, acusando al gobernador de “mentir abiertamente para complacer a la ultraderecha y difundir pánico moral” en el estado.
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